Sevilla
Valderas insiste en la Renta Básica ley que sigue sin fecha
Solicita su aprobación antes de final de año y que se recoja en los presupuestos de 2010 una partida de 2.000 millones.
«Interrumpamos la leña y la bronca para hablar de política». Así comenzó su intervención el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas. Y Griñán le cogió el guante: «Vamos a dejar la bronca». En el Partido Popular lo veían como una forma del presidente de desmarcarse de la estrategia de su partido el pasado miércoles, que para defender la honorabilidad de Chaves, atacó con insinuaciones de corrupción a Arenas. Griñán no estuvo presente en ese debate.
La realidad es que Valderas sí habló de política con el presidente. Concretamente de política social. El coordinador general de IULV-CA le comentó al jefe del Ejecutivo que «no son tiempos para la lírica, sino para la intervención». Tras recordarle que el 18 por ciento de la población se encuentra en una situación de pobreza o que hay 300.000 familias que no cobran ninguna prestación, sus peticiones fueron muy concretas: cumplir con la aprobación de la ley de la Renta Básica con una dotación presupuestaria el próximo año de 2.000 millones de euros; multiplicar por ocho la cantidad destinada al salario social; y que las comunidades autónomas ayuden a la prestación social de los desempleados que ya no cobran el paro.
El único compromiso que garantizó el presidente fue el pago del salario social a todas aquellas personas que tengan reconocido ese derecho. Y lo hará mediante consignaciones presupuestarias necesarias, ya que la partida presupuestaria es ampliable.
En este sentido, para este año, la Consejería de Igualdad y Bienestar Social tenía consignados 41,3 millones para esta partida. El sindicato CC OO denunció que en los primeros cuatro meses del año ya estaba agotada. Sobre la posibilidad de complementar las prestaciones a los parados que se han quedado sin ingresos, Griñán dijo que esparará a la reunión de la Conferencia Sectorial, porque su objetivo es que haya un acuerdo entre el Gobierno central y todas las comunidades autónomas para garantizar la igualdad de los derechos de todos los españoles.
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