Interior matiza: la orden ante los escraches es «flexibilidad y proporcionalidad»

El ministro del Interior ha negado hoy "tajantemente"que su departamento haya ordenado a la Policía como norma general prohibir los escraches a menos de 300 metros de los domicilios de políticos.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negado hoy "tajantemente"que su departamento haya ordenado a la Policía como norma general prohibir los escraches a menos de 300 metros de los domicilios de políticos, ya que la distancia de seguridad dependerá de la ubicación exacta de cada vivienda.

"No se ha adoptado ninguna medida que diga que se ha establecido un perímetro de seguridad de 300 metros, eso como ministro lo desmiento", ha remarcado Fernández Díaz en los pasillos del Congreso.

El titular de Interior ha explicado que la orden dictada a la Policía es que aplique las "medidas operativas"necesarias para garantizar derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la intimidad personal y familiar, pero ha insistido en que en ningún momento se ha marcado un perímetro concreto de seguridad porque ello sería "absurdo".

300 metros

Fernández Díez desmiente las instrucciones que se han dado a conocer según las cuales había instrucciones "claras"a la Policía Nacional para que, como "norma general", prohíbiera la celebración de escraches a menos de 300 metros de los domicilios de políticos con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos de ambas partes.

En declaraciones a los medios tras inaugurar la primera convención de mandos de la Policía, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha asegurado que se está trabajando con "el mismo criterio"que ha adoptado la Ertzaintza recientemente y que fija este límite espacial.

Aunque Martínez ha matizado que cada caso será estudiado, la medida de fijar límites espaciales será como, norma general, de 300 metros con la finalidad de "armonizar"tanto el ejercicio de los derechos de los ciudadanos como el de las personas públicas.

El número dos de Interior ha asegurado que igual que se debe garantizar el derecho de reunión de los ciudadanos también la policía tiene la obligación de proteger "la inviolabilidad del domicilio de los cargos políticos, el derecho a su propia imagen e intimidad y el derecho que tienen estos a ejercer en libertad en mandato de los ciudadanos".

Cosidó, por su parte, ha calificado de "error"dimensionar el fenómeno del escrache -acto de protesta ante domicilios o lugares de trabajo de políticos- ya que su gravedad es "muy limitada", si bien ha denunciado que los actos violentos y la coacción "son inaceptables en nuestro sistema".

"Hay actitudes de acoso e insulto, de agresiones verbales o físicas que son prácticas totalitarias y que requieren no solo la actuación de la Policía sino también una condena expresa de todos los que creemos en la democracia", ha añadido.