La Fiscalía rechaza extraditar a Venezuela a Enzo Franchini

El ministerio público de la Audiencia Nacional asegura que “con esta descripción de los hechos, en España, la sentencia tendría que ser absolutoria”

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El antichavista Enzo Franchini, al que Venezuela demanda a España su extradición, ha llegado a la Audiencia Nacional acompañado de su equipo de Defensa y su madre, Elena, a primera hora de la mañana. La madre de Enzo se ha trasladado a vivir a las afueras de Madrid para estar cerca de su hijo en este duro proceso en su contra. La vista extradicional del joven ingeniero tuvo lugar en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en la Sala 3.

Preguntado por los magistrados, Enzo aseguró que sí conocía los hechos "mas no los reconozco". Asimismo, el joven con doble nacionalidad (italiana y venezolana) se negó a ser extraditado a Venezuela. La Fiscalía le preguntó si había una motivación política en la decisión de las autoridades chavistas de demandar su extradición y ser reclamado por Venezuela. Enzo reconoció que él había participado en movimientos políticos contra el régimen venezolano "y esto no es más que otra persecución contra los que pensamos diferente". Su abogado, Ismael Oliver, de Oliver abogados, le preguntó si pertenecía a un grupo en Venezuela conocido como "La Resistencia", a lo que el joven aseveró que sí era parte de "La Resistencia", un movimiento "opositor al régimen de Maduro. Nosotros, a través de acciones políticas, pacíficas, organizamos manifestaciones con el fin de reivindicar los Derechos Humanos en Venezuela".

Enzo no oculta que aquel 20 de mayo de 2017, en una primavera convulsa en Venezuela, él participase en las manifestaciones contra Nicolás Maduro.

Sentencia absolutoria

Sin embargo, para el ministerio fiscal, "el hecho de estar participando en una manifestación opositora al régimen político que gobierna Venezuela no significa que pueda constituir una salvaguarda que declare la impunidad de cualquier actividad delictiva desarrollada con motivo de una manifestación". Para el fiscal Marcelo Azcárraga, la clave reside en que, en la documentación remitida a España, no se describe ninguna actividad delictiva del reclamado. En la narración de los hechos, "no se hace realmente una imputación a título de partipación con relevancia jurídico-penal por parte del reclamado, sino que, incurriendo en un grave defecto, se viene a hacer una exposición del desarrollo de la investigación hasta el punto de llegar a concluir que existen indicios racionales de la participación del reclamado en los hechos", indicó el fiscal. "Únicamente no se describe una conducta participativa directa del reclamado en los mismos. Se viene a decir que el referido sujeto se encontraba presente en el lugar del hecho, en el momento de ocurrir el hecho", es decir, "que estaba presente en el lugar de los hechos al igual que muchas otras personas", pues se trataba de una manifestación.

El fiscal fue contundente al mencionar que "no se dice que este señor estuviera realizando una acción". "Simplemente, no se le está imputando una conducta que sea típica delictiva. Con un escrito de acusación en España con esta descripción de los hechos, la sentencia tendría que ser absolutoria", concluyó el fiscal Azcárraga.

"Se está diciendo que este señor estaba en el desarrollo de una manifestación opositora -eso no es así relevante- y que además se identifica la moto de la persona. Después se hace una descripción de toda la investigación llegando a una conclusión sobre indicios racionales de criminalidad contra este señor, que no se exponen directamente como una fórmula de imputación, por lo que entendemos, que ese defecto formal grave, impide acceder a la petición".

El fiscal insistió en que "la denegación ha de venir por la vía de que no hay una imputación de una actividad delictiva en el relato de hechos del auto de la juez que hace la reclamación y eso es lo que ha de fundamentar realmente la denegación".

Para su defensa, si no es una motivación política ni se describe a la persona reclamada, ¿cuál sería la razón? Oliver recuerda que sí se identifica a los culpables en la declaración que el joven Orlando Figuera hizo antes de fallecer en el hospital por las graves lesiones causadas. "Si hay unos elementos de prueba, que nos vienen aportados por el propio país reclamante, donde queda tan claro quiénes fueron y quiénes participaron: "El Pecas", "El Menor, "El Mono", "El Oriental", "El Malandrín" y Keylis Alexander Sierra, como autor material de prenderle fuego, como se ve en el vídeo, si esto lo tenemos tan claro, ¿cuál es la razón por la que se reclama a una persona que consta, debidamente acreditado, que no participó ni estuvo involucrada en estos hechos?", reflexionó el letrado.

En su opinión, "la pregunta solo se responde si esa persona es conocida, si además esa persona lleva un casco... El indicio está en que si se sabe tanto, si la propia fiscalía venezolana, abrió diligencias y ni siquiera llamó a esta persona. ¿Qué ocurrió después? Cuando la fiscal general no sigue la ivnestigación y viene otro fiscal. Quizá la razón sea política". El abogado Oliver explica que ellos tratan de ir más allá. "Tratamos de saber por qué entonces le reclaman. Si en la documentación extradicional, como con buen criterio apunta la Fiscalía, se nos dice quiénes son, prenden fuego y participan en un acto violento previo. Se debería de perseguir a todos esos señores que aparecen nombrados, citados y descritos físicamente. Existe una motivación política, porque es lo único que nos haría explicar esta petición".

Asimismo Oliver perseveró en lo que ya indicó en una entrevista con LA RAZÓN, que no solo gran parte de de la documentación enviada es ilegible, es que además, lo poco que se lee aleja a Enzo de los hechos. Oliver concluyó que no es solo un defecto formal, como argumenta la Fiscalía, hay algo más. Y recordó la falta de derechos humanos en el país y lo que le ocurriría a cualquier persona que fuera entregado a Venezuela.

En línea con la defensa de Enzo, ayer por la noche, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, volvió a tuitear sobre el caso. El sancionado tanto por la Unión Europea como por Estados Unidos insistió en criticar a la Justicia española y a este diario.

Al más puro estilo Donald Trump tachó de "Fake News" las informaciones publicadas por LA RAZÓN en las que se informaba de que las autoridades judiciales venezolanas enviaron a España la documentación extradicional ilegible. El juez Pedraz demandó el 6 de septiembre que la volvieran a remitir y nunca se la hicieron llegar. Sin embargo, en estos lapsos de tiempo Enzo Franchini permaneció en la prisión de Soto del Real hasta que por fin, durante la noche del 4 de noviembre, fue puesto en libertad provisional.