Internacional

¿Por qué no hubo golpe de Estado en Bolivia?

El hecho de que el Ejército no tomara el poder y de que el país viviera sumido en un vacío de poder durante varios días demuestra que Evo Morales no fue expulsado ilegítimamente de la presidencia

¿Cómo puede creerse que en Bolivia hubo un golpe de Estado si los supuestos perpetradores, los comandantes de las Fuerzas Armadas, no tomaron después el poder? ¿Qué clase de golpe de Estado deja a un país durante los dos días siguientes sin Gobierno? ¿Y cómo el supuesto golpista, después de su presunta acción, es destituido por la presidenta que tuvo que proclamarse tras 48 horas de vacío de poder?

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Todas estas preguntas son válidas ahora que se debate si fue o no un golpe de Estado el que forzó al ex presidente boliviano Evo Morales a abandonar el poder. Claramente no lo fue, como doy a entender líneas arriba. Morales cayó por una acumulación de eventos que vienen de mucho atrás, como abusos cometidos contra sus adversarios y la Prensa, y numerosas transgresiones al Estado de derecho. Las favorables reformas sociales y políticas que impulsó el líder indígena, y una enorme popularidad previa, fueron eclipsadas por su angurria de perpetuarse en el poder.

La primera violación constitucional ocurrió cuando el Tribunal Supremo Electoral, que estaba bajo control del Gobierno, le permitió repostular en 2014 para un tercer mandato. La Constitución que el propio Morales mandó aprobar prohibía aquello. Pero sus amigos del Tribunal Constitucional le consintieron ese tercer período.

La segunda ocurrió tras el referéndum de 2016, que Morales organizó para consultar si podía postular a un cuarto mandato. Morales perdió esa elección, pero nuevamente acudió a sus amigos del Tribunal Constitucional y estos afirmaron que es un «derecho humano» gobernar indefinidamente. No es una broma. Además de ello, y debido a que el ex presidente controlaba hasta el último juez y fiscal del país, la corrupción se desató, líderes opositores fueron detenidos y perseguidos y las autoridades obtuvieron protección e impunidad.

La gota que rebasó el vaso ocurrió cuando el domingo 20 de octubre, día de las elecciones presidenciales, el recuento fue suspendido cuando se había computado el 83% de los votos y la diferencia entre Morales y el segundo de las elecciones, Carlos Mesa, era de siete puntos, con lo que debía llamarse a una segunda vuelta. Se necesitan más de diez puntos de distancia para que un candidato gane en primera ronda si es que no obtiene el 50% más uno de los sufragios. Cuando el conteo fue retomado 24 horas después, la tendencia había aumentado, mágicamente, al 10,1% de diferencia, lo que evitaba la segunda vuelta.

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Ese lunes 21 de octubre empezó la oleada de protestas a lo largo y ancho del país. En todas las ciudades bolivianas se realizaron enormes manifestaciones, con entre uno y dos millones de personas en las calles para una población total de once millones de habitantes. Fue la primera vez en la historia boliviana que las nueve capitales de departamentos (provincias) de Bolivia tuvieron masivas manifestaciones y protestas. A ellas se sumaron bloqueos de calles, paros y huelgas, choques con la Policía y cierre de las carreteras fronterizas, entre otras formas de protesta. Las universidades cerraron sus puertas, ya que los jóvenes fueron, junto a las mujeres, uno de los motores de la movilización.

Morales, que llegó al poder en 2006 y que ganó con holgura los tres comicios anteriores, veía cómo el respaldo de antaño se había reducido y sus opositores ingresaban en una espiral de animadversión contra él nunca imaginada. El país, al que él había dado estabilidad, ingresó en una fase de ingobernabilidad difícil de prever solo semanas antes.

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En medio de ese desorden, varios ministros y legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, empezaron a renunciar. Luego, la Policía se amotinó. En la vertiginosa secuencia de eventos, la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió su informe sobre las elecciones el domingo 10 de noviembre, a las seis de la mañana. Fue lapidario y dejó al régimen, que estaba contra las cuerdas, sin mayores opciones. El reporte estableció que en Bolivia se había producido «fraude en todas las etapas» del proceso electoral, a un grado tal que solicitó anular los comicios y convocar a otros con un Tribunal Supremo Electoral renovado, que remplazara al anterior, conformado por simpatizantes de Morales.

El ex presidente ofreció entonces realizar nuevos comicios, pero sus adversarios le dijeron que ello debería suceder sin él como candidato. Fue entonces cuando las Fuerzas Armadas sugirieron su renuncia. Y fue el fin.

Raúl Peñaranda es periodista boliviano y director de la Brújula Digital