España avala juzgar por tráfico de drogas y armas al fugado Carvajal

Asumió durante los últimos veinte años la coordinación del tráfico de cocaína de Venezuela a Estados Unidos, asumió en connivencia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) –a quienes compensó mediante el suministro de armas– la responsabilidad de trazar las rutas terrestres y marítimas de transporte de la droga, otorgó protección armada a esos cargamentos y se sirvió de su puesto como jefe de Inteligencia del régimen chavista para evitar interferencias e investigaciones que frustraran esas operaciones y, de paso, enriquecerse. La Audiencia Nacional avala las imputaciones de la DEA, la agencia antidroga estadounidense, para reclamar la entrega de Hugo Carvajal y sí ve ahora actos concretos que justifiquen su extradición a EE UU. Pero quizá sea ya demasiado tarde, pues desde que la Sala de lo Penal la acordara el pasado viernes –en una resolución que se notificó ayer–, Carvajal está en paradero desconocido. La decisión de 14 de los 18 magistrados de la Sala de lo Penal –hay cuatro votos contrarios, entre ellos el del juez José Ricardo de Prada, que considera la petición de Estados Unidos un «relato novelado»– rectifica así la que adoptó en primera instancia el pasado 17 de septiembre la Sección Tercera del citado tribunal denegando la entrega, y que supuso la puesta en libertad del ex general chavista.

La Sala de lo Penal no cree, como sus compañeros de la Sección Tercera, que la petición de EE UU no precise los supuestos actos delictivos que se atribuyen a Carvajal, alias «el Pollo», sobre los que cimenta la solicitud de entrega. Y sin entrar en su culpabilidad o inocencia, sí deja claro que los indicios son suficientes para avalar su puesta a disposición de las autoridades norteamericanas para que sea juzgado por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ese armamento.

Los magistrados consideran que hay argumentos para autorizar la entrega por los hechos que se imputan a Carvajal tanto en la acusación formal del Gran Jurado del pasado abril como en las declaraciones juradas del fiscal del caso y del agente de la DEA encargado de la investigación, «que recoge actos concretos de participación del reclamado y las pruebas de los delitos imputados».

Entre ellos, su integración en la organización venezolana de narcotraficantes «el Cártel de los Soles» (algunos de cuyos miembros eran, como Carvajal, altos funcionarios del régimen chavista), nacida en 1999 y vinculada al grupo terrorista de las FARC. Sus objetivos, según la DEA, eran el enriquecimiento personal y usar la cocaína «como arma contra los EE UU». Las FARC eran su fuente de aprovisionamiento de droga y a cambio recibía apoyo logístico (con la entrega de armas) y «protección en sus rutas de transporte», incluso armada, en Venezuela y Colombia.

Mientras ejercía como jefe de la División de Inteligencia Militar (DIM) entre 2004 y 2014, Carvajal contribuyó supuestamente a través del referido cártel a que el Gobierno chavista tomara medidas para facilitar el narcotráfico e incluso participó «directamente en cargamentos de varias toneladas de cocaína». Según consta en la documentación remitida por EE UU, Carvajal estaba en una ocasión «junto a una lancha con una carga de droga» en cabo San Román y en otra en el aeropuerto Simón Bolívar «por cuya rampa presidencial se iba a cargar cocaína en una nave cuyo destino era EE UU».

Además de conspirar para introducir la droga adquirida a las FARC en Estados Unidos (se hace referencia expresa al envío de 5,6 toneladas de cocaína a bordo de un jet DC-9 en 2006), al ex jefe de Inteligencia se le imputa que diera información confidencial a los narcos para facilitar los cargamentos de cocaína, que interfiriera en las investigaciones y en las causas penales pendientes en Venezuela y que vendiera «grandes cantidades de cocaína previamente incautada a narcotraficantes a cambio de millones de dólares».

Del testimonio de varios testigos, sostienen las autoridades de Estados Unidos, se desprende que la introducción de cocaína en su país «era además un medio de enriquecimiento personal» tanto de Carvajal como del resto de integrantes del cártel.

Además, en la acusación contra el ex responsable de la DIM, detalla la Audiencia, «están perfectamente identificadas las armas (ametralladoras y misiles-tierra aire) que se entregaban a las FARC a cambio de drogas y la protección armada que se daba a los cargamentos de cocaína».

Varios testigos sitúan a Carvajal en reuniones claves en 2005 y 2006 donde se trataba supuestamente de la coordinación con las FARC para el tráfico de drogas. Un ex juez presente en esas citas, por ejemplo, atribuyó a Carvajal las tareas de coordinación para trazar las rutas de la mercancía y la discusión con los cabecillas del grupo terrorista sobre «la división de las ganancias». Por su parte, un ex militar venezolano dijo que en una reunión en 2008 el propio Chávez ordenó a Carvajal «suministrar armas a las FARC».

La Sala concluye que no se trata de un delito militar (que impediría su entrega según el tratado de extradición con EE UU) pues el supuesto tráfico de drogas «no se cometió en ninguna instalación militar». Y respecto a las motivaciones «políticas» esgrimidas por los magistrados que rechazaron su entrega, la Audiencia precisa que esa causa de denegación no corresponde adoptarla a los jueces sino, en su caso, al Gobierno.