La abrupta salida del cónsul español de Bolívar por la presión de Maduro

El Gobierno chavista persigue a una familia española. El diplomático honorario Manuel García Armas y sus parientes han tenido que abandonar Venezuela. Sus empresas familiares fueron, antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, las grandes distribuidoras de alimentos en el país

España se ha quedado sin representación consular en el estado Bolívar –recurrente a los estados Amazonas y Delta Amacuro–, al sur de Venezuela. Quien había fungido como cónsul honorario, el empresario Manuel García Armas, de origen canario, ya no está en el país. De hecho, sobre él pesa una orden de captura, acusaciones de desfalco a la nación y, recientemente, señalamientos policiales de haber constituido en su casa un arsenal de armas ilegales.

El 2 de diciembre, las letales Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, las mismas que el Infome Bachelet denunció como violadoras de derechos humanos, allanaron la vivienda de García Armas en el municipio Caroní del estado Bolívar, incautando, según registro policial, ocho escopetas calibre 12, un rifle calibre 22, un rifle calibre 30, treinta y cinco cajas de cincuenta unidades calibre 9 mm para un total de 1.750 municiones, ocho cajas de 100 unidades calibre 22, cuatro cajas de cincuenta unidades calibre 22, para un total de 1.000 municiones, dos cajas de 50 unidades calibre 30 para un total de 100 municiones y 21 cartuchos calibre 12 y dos gorras institucionales.

Además, apresaron a una mujer que trabaja para la familia. El registro policial además confirma que García Armas y su hijo, Manuel Richard García Piñero, «se encuentran prófugos de la justicia venezolana por haber realizado un desfalco a la nación por un aproximado de 49 millones de dólares».

Fuentes diplomáticas españolas en Caracas dijeron a LA RAZÓN que García Armas salió del país en fecha indeterminada, con el resto de su familia, y que actualmente se encuentra en Madrid. Así lo confirmaron también voces conocedoras del caso en la propia capital. El embajador en Caracas, Jesús Silva, no ha hecho comentarios públicos al respecto.

LA RAZÓN intentó comunicarse con el cónsul honorario a través de un número estadounidense al que tuvo acceso, pero no obtuvo respuesta al momento de escribir esta nota. Tampoco la hubo al llamar al número de teléfono del consulado honorario en Puerto Ordaz, capital del estado Bolívar.

El 11 de febrero, en la página exteriores.gob.es, se identifica a García Armas como cónsul honorario. Desde septiembre de este año se encuentran en Twitter denuncias de usuarios que comentan que el consulado en Puerto Ordaz no opera con normalidad.

La cuenta del Consulado General de España en Caracas @ConsEspCaracas respondía a un usuario el 17 de septiembre que el despacho en Bolívar «trabajará de forma limitada en los próximos meses». La misma cuenta informó el 21 de noviembre de que el «Consulado Honorario en Puerto Ordaz está trabajando con normalidad». El Consulado General de España en Caracas, del que depende el despacho que dirige García Armas, no se ha referido directamente a las acusaciones contra el cónsul honorario ni sobre su salida del país.

El pleito con el chavismo

La confrontación entre la familia García Armas y el Gobierno chavista es de larga data. La acción judicial por desfalco a la nación es un asunto pendiente desde julio de 2018, cuando el fiscal general impuesto por la constituyente chavista, Tarek William Saab, anunció que ocho integrantes de la familia García Armas serían buscados por supuestamente haber sobrefacturado rubros, simular importaciones de alimentos y desfalcar al Estado al obtener divisas preferenciales para ello por la cantidad referida por la Policía, a través del grupo empresarial que porta ambos apellidos. El funcionario ni ningún otro representante gubernamental han dado cuenta de que García Armas es diplomático.

Habían pasado ya ocho años desde que el Gobierno «revolucionario» emprendiera acciones contra esa familia: en 2010 el entonces presidente Hugo Chávez ordenó la expropiación de las empresas Frisa y Friosa, dos compañías dedicadas a cadenas de frío, importación y distribución de alimentos, quizá las más grandes del país.

Los García Armas eran, en el momento de llegar al poder el chavismo, el gran distribuidor de alimentos de toda Venezuela, con una amplia red de transportes; facturaba al año más de 400 millones de dólares y empleaba a más de 2.300 trabajadores directos y otros 6.000 indirectos.

Saab puso el acento en la figura de Serafín García, hermano de Manuel y líder del consorcio empresarial, quien vive en Miami y ha sido salpicado por denuncias de corrupción desde los años 90 en distintos casos en Venezuela. Es, además, esposo de la Miss Universo 1981, Irene Sáez, también ex candidata presidencial y ex gobernadora del estado Nueva Esparta.

El fiscal recordó en julio de 2018 que empresas asociadas a los García Armas en Chile, Benipaula S.A. y MCM S.A, fueron también investigadas y castigadas por delitos tributarios entre 2006 y 2015. Según Saab, Friosa y Frisa se asociaron con esas dos compañías para importar frutas y otros productos alimenticios con sobreprecios, «fueron creadas precisamente para este fin de delinquir», señaló. Pero más de un año después nadie está preso, y tampoco se conocían de actuaciones a propósito del caso. Tarek William Saab tampoco lo ha mencionado más.

Por otra parte, en mayo de 2019, se informó que el Tribunal Arbitral de La Haya le dio la razón a Serafín García en su demanda por la expropiación de dos de sus empresas, y que en un documento fechado el 26 de abril ordenaba al Estado venezolano a pagarle unos 326 millones de euros por indemnización. La persecución reciente a los García Armas, según comentarios informales en círculos diplomáticos, pudiera ser una respuesta a ese fallo.