La oposición vuelve a investir a Guaidó, reprimido por el chavismo con gases lacrimógenos

Cuatro diputados opositores resultaron heridos por los cuerpos de seguridad del régimen de Maduro. Los diputados chavistas celebraron una asamblea previa con entera libertad

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El día comenzó en Caracas con la sede de la Asamblea Nacional militarizada y con la Guardia Nacional permitiendo el paso solo a los diputados del chavismo y los opositores «rebeldes» que, apoyados por el régimen, se proclamaron jefes del parlamento, con Luis Parra a la cabeza. Este diputado se apresuró a ocupar la silla de la presidencia en el hemiciclo de sesiones dentro del Palacio Federal Legislativo, y desde allí dio inicio a su primera «sesión ordinaria». Lo hizo con el chavismo presente y sin el quórum reglamentario.

Unas personas que se identificaron como nuevos trabajadores de la secretaría del legislativo – «estamos comenzando nuestra labor hoy», según declaró uno de ellos–, revelaron que la lista de asistencia tenía 81 nombres, cuando el mínimo legal es 84. Esos 81 sería la suma de los 51 del oficialista partido PSUV y 30 «opositores rebeldes» que acompañan a Parra. Pero la cuenta es dudosa, pues de la bancada chavista al menos tres ya no son considerados diputados, pues han aceptado cargos ministeriales en el poder ejecutivo, algo que según la constitución implica el abandono del escaño. Y de los 30 «rebeldes» no se han dado todos los nombres siquiera.

Del grupo mayoritario de la oposición que respalda a Juan Guaidó, se presentaron los diputados Manuela Bolívar, María Beatriz Martínez, Milagros Eulate y Williams Barrientos para denunciar que esa reunión carecía de legalidad. «No tienen quórum, incluso hay escaños en donde sentaron a personas que no son diputados para tomar la foto con las sillas ocupadas», gritaba Bolívar.

Parra anunció la creación de una «comisión especial» –presidida por él mismo– que buscará la «normalización del parlamento», en referencia al «desacato» en que lo mantiene el Tribunal Supremo, que califica de nulas todas las decisiones legislativas desde 2016, excepto la elección de Luis Parra con votos del chavismo del pasado domingo. El orden del día anunciado establecía discusiones sobre el salario mínimo y los problemas en la distribución de la gasolina, pero fueron despachados rápidamente, en menos de una hora.

A las afueras de la sede de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó y el casi centenar de sus colegas encaraba a la Guardia Nacional. Después de una hora, el tiempo que duró la sesión de Parra, se permitió la entrada de los parlamentarios, uno a uno, y en medio de una refriega violenta con los uniformados, que llegaron a usar gases lacrimógenos e hirieron a varios diputados. Mientras los opositores entraban por los jardines del lugar, Luis Parra abandonaba el hemiciclo hacia el despacho de la Presidencia del parlamento, para luego retirarse definitivamente.

Entonces los diputados emprendieron la ruta hacia el salón de sesiones, que solo pudieron alcanzar tras rebasar un último cordón militar que bloqueaba las puertas del salón. «Esto no es un cuartel sino la casa del pueblo», les gritaban a los uniformados. En ese momento, fue cortado el suministro eléctrico. Eso no impidió que Guaidó y los suyos celebraran la sesión, alumbrando con luces de teléfonos móviles, cuyo punto único era la ratificación de la directiva. «El acto de elección se consuma, se institucionaliza, con la aprobación del acta respectiva como acabamos de hacer nosotros», explicaba el veterano parlamentario Henry Ramos Allup. Luego, Guaidó tomó juramento en el cargo de presidente de la Asamblea Nacional.

Luis Parra había prometido mostrar ayer el acta que, afirma, registra los 81 votos de diputados a su favor, pero pasadas 48 horas desde esa supuesta elección, el documento que respaldaría su nombramiento no ha sido hecho público.

Ayer la Asamblea tuvo por tanto dos sesiones, ambas con diputados que defendían su legalidad. Es un panorama que puede repetirse en adelante, pues la postura de los cercanos a Guaidó es no impedir que los otros usen los espacios, «pues está claro dónde está la legitimidad y el reconocimiento internacional». Pero el oficialismo también juega y, dispuesto como está a contradecir su propia narrativa –según la cual Ramos Allup debía retomar la presidencia que dejó en 2017 para terminar con el «desacato»–, pudiera pronto decidir judicialmente que los únicos actos legales son los que estén firmados por la directiva alternativa a Guaidó. Después de todo, Rusia ha presionado a Nicolás Maduro para que retome control del parlamento y puedan ser firmados nuevos convenios financieros bilaterales, y se necesita que los diputados elijan un nuevo Consejo Electoral que convoque elecciones parlamentarias pero no presidenciales.

Por su parte, Guaidó y su «Asamblea» mantienen el amplio apoyo internacional ganado en los últimos meses, desde la Unión Europea y la OEA hasta Estados Unidos. Precisamente ayer, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, le felicitó por su «legítima reelección» como jefe de la Asamblea Nacional y destacó que seguirá contando con el apoyo de Washington tras los incidentes registrados este fin de semana. «Estados Unidos seguirá apoyando al presidente Guaidó», sentenció, «frente a la campaña de acoso e intimidación promovida por el régimen de Nicolás Maduro.

La siguiente sesión del parlamento será el próximo martes, y se está a la espera de que Nicolás Maduro anuncie ante quién presentará su Memoria y Cuenta que por ley debe llevar ante los diputados. Los últimos tres años lo ha hecho ante el Tribunal Supremo primero y la Constituyente después, bajo el argumento del «desacato» de la Cámara.