El “impeachment” a Trump agrava la fractura en EE UU

Como si no fuera con él la cosa, Trump viajaba a Davos mientras el Senado de EE UU al completo iniciaba oficialmente el juicio político para decidir sobre su permanencia en la Casa Blanca. Así arrancaba el histórico proceso de «impeachment», que sienta por tercera vez en la historia a un presidente estadounidense en el banquillo político. Aunque es la primera vez que se somete a juicio un candidato a la Presidencia.

Trump se enfrenta a los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Acusaciones que la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata y liderada por una implacable Nancy Pelosi, anunciaba con esos dos artículos contra Trump en diciembre, tras meses de pesquisas sobre las supuestas presiones del mandatario sobre Ucrania para investigar al hijo de su rival político y ex vicepresidente, Joe Biden. El escándalo, conocido como «Ucraniagate», iniciaba un proceso político y mediático que, más allá del Capitolio, aspira a resolverse en las urnas de las próximas elecciones presidenciales de noviembre.

Y es que, con una mayoría republicana en el Senado, donde se lleva a cabo el «impeachment», y una campaña electoral ya en marcha, demócratas y republicanos parecen dispuestos a todo para descartar a sus adversarios. Los primeros, sin un líder claro todavía para arrebatarle la Presidencia a Trump y con la mayor división ideológica en la historia de su partido; los segundos, con un apoyo unánime forjado como muro de protección hacia su presidente.

Los demócratas van a luchar con todos sus argumentos para que así sea, alegando tal y como adelantaban ayer que no habrá un juicio justo si no se permite la participación de testigos. Y, para ello, se aferran a los precedentes: hubo comparecencias de testigos en los dos procesos políticos anteriores. Sin poder confirmar todavía esta decisión hasta que finalice la fase de presentación de argumentos para ambos, los liberales sí han conseguido que todos los materiales de la investigación contra Trump en la Cámara de Representantes sea admitida como prueba en el juicio del Senado.

El cruce de acusaciones justo antes de iniciar el proceso de ayer dejaba en evidencia las claras posturas de ambos partidos. Los conservadores acusaban a los demócratas de oportunistas, cuya única intención sería influir en el resultado de las elecciones de noviembre. Los liberales, por su parte, veían la oportunidad de dejar a sus rivales en evidencia y hacer que se perciba su postura como corrupta.

El demócrata Adam Schiff consiguió sacar los colores a sus contrincantes al proyectar varios vídeos. En uno de ellos, Trump dice sentirse encantado de que altos funcionarios de la Casa Blanca declaran en el Senado. En otro, el propio presidente asegura poder “hacer lo que quiera”, vetando incluso las peticiones de comparecencia.

Tanto la acusación como la defensa tendrán esos tres días para presentar sus argumentos. Con la resolución ya aprobada, empiezan el miércoles a las 13.00 hora de Washington (19.00 horas en España), por lo que las sesiones podrían terminar pasada la medianoche. Tras el turno de argumentos y otras 16 horas de preguntas por parte de los senadores, se dará paso a una votación para decidir si se llama o no a declarar a testigos.

Precisamente ésa será una de las claves de este juicio, si el tribunal permite la presentación de nuevas pruebas y la posible comparecencia de testigos. Algo que Trump va a tratar de evitar a toda costa, aunque sea a golpe de decreto presidencial.

La acusación a Trump la ejercen siete congresistas demócratas, mientras que la defensa está compuesta por un equipo de abogados, del que forman parte tanto letrados de la Casa Blanca como abogados privados. Entre estos últimos destacan Ken Starr, cuyas investigaciones condujeron al impeachment de Bill Clinton, y Alan Dershowitz, quien defendió a Jeffrey Epstein, entre otros. Al parecer, la estrategia de los abogados de Trump en el tribunal será la de no entrar directamente en detalles y alegar, por el contrario, que la investigación que ha dado paso a la acusación es una farsa y carece de todo fundamento.

La Constitución de EEUU otorga a la Cámara Alta el poder exclusivo de celebrar un juicio político. Los únicos tres requisitos imprescindibles son que los senadores hagan un juramento, que se requiera una mayoría de dos tercios del Senado (de mayoría republicana) para destituirlo y, por último, que el presidente del Tribunal Supremo presida el proceso contra el más alto mandatario del país. Todos los demás aspectos del juicio político deben ser resueltos.

Una vez que se complete este proceso y se lleve a cabo la votación final, los senadores tendrán el futuro de la Presidencia de Trump en sus manos. Si dos tercios de la Cámara Alta lo declaran culpable, será destituido. Sentencia muy poco probable, ya que se necesitan los votos en contra de al menos 20 republicanos.

Trump es el tercer presidente de EEUU en ser sometido a un juicio político, después de Bill Clinton (1993-2001) y Andew Johnson (1865-1869), ambos exonerados por el Senado.