Temor a una frontera entre las dos Irlandas tras el divorcio de la UE

No se trata de una línea recta, sino de un garabato que atraviesa el mapa como si fuera el trazo torpe de un niño dividiendo ríos, cortando campos e incluso, en algunos casos, «partiendo» los propios hogares, donde el comedor está en el norte y los dormitorios en el sur. La frontera de Irlanda del Norte con la República de Irlanda siempre supuso el principal escollo en las arduas negociaciones del Brexit. Y es comprensible porque los 500 kilómetros que dividen la isla conformarán ahora la única frontera terrestre que existirá entre Reino Unido y la Unión Europea tras el histórico divorcio del 31 de enero.

Alrededor de 35.000 personas la atraviesan cada día por motivos varios entre ambas Irlandas: ir a trabajar, acudir al colegio, visitar el médico. Y luego está la cuestión ganadera y agrícola, donde se sustenta gran parte de la economía a ambos lados de la isla.

Por poner algún ejemplo, un tercio de la leche que se produce en las granjas de Irlanda del Norte va a la República de Irlanda para procesarla y alrededor de 400.000 ovejas son enviadas cada año desde fábricas de la provincia británica (situada en el norte) a la república del sur. En definitiva, la cuestión económica suponía un auténtico quebradero de cabeza para ambas Irlandas.

Sin embargo, no era la que debía priorizarse. Lo más importante era que el Brexit no pusiera en peligro la paz en el Ulster. Y es que, la frontera de Irlanda, no es una frontera cualquiera. Durante casi cuatro décadas, los protestantes-unionistas-monárquicos (que quieren que Irlanda del Norte sea parte de Reino Unido) y los católicos-nacionalistas-republicanos (a favor de que la provincia se una a la República de Irlanda) protagonizaron un sangriento conflicto que terminó en 1998 con el Acuerdo de Viernes Santo, donde se especifica claramente la ausencia de barreras entre el norte y sur de la isla. Y Ni Londres, ni Dublín, ni Belfast, ni Bruselas querían poner ahora todo en riesgo. El problema, no obstante, era cómo encontrar una solución de compromiso.

No fue fácil. Sobre todo para la ex «premier» Theresa May, que intentó sin éxito hasta en tres ocasiones que la Cámara de los Comunes ratificara el Acuerdo de Retirada que pactó con los Veintisiete. La frontera de Irlanda, la factura de divorcio y la protección de los derechos de los ciudadanos –tanto de los comunitarios residentes en Reino Unido como los británicos residentes en la UE– han sido los tres puntos que han marcado las arduas negociaciones de los últimos tres años entre Londres y Bruselas.

Pero el pasado mes de octubre, cuando nadie lo esperaba, el actual primer ministro, Boris Johnson, logró renegociar un nuevo Acuerdo de Salida que finalmente ha sido ratificado en Westminster. De momento, el problema se ha solventado a medio plazo. Aunque aún quedan muchos flecos por cerrar en el período de transición que comienza en febrero, cuando Reino Unidos y los Veintisiete deben negociar ahora un pacto comercial antes de finales de este año.

Para evitar una «frontera dura» en la isla, según el acuerdo de retirada, los controles se realizarán en el mar de Irlanda. La provincia británica seguirá dentro de la unión aduanera de Reino Unido (lo que le permitirá beneficiarse de los acuerdos comerciales que se negocien con terceros), pero al mismo tiempo seguirá alineada con un conjunto limitado de reglas del mercado único de la UE para evitar una frontera física con la República de Irlanda.

Solo serán gravados con aranceles los productos que lleguen desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte que tengan como destino último uno de los países de la UE. Aquellos que simplemente procedan de Gran Bretaña para ser consumidos en Irlanda del Norte quedarán exentos de imposiciones. Con todo, el Acuerdo de Retirada no cubre el sector servicios, factor importante a tener en cuenta si finalmente no hay un pacto comercial con la UE.

Asimismo, todo queda ahora en manos de Stormont, como se conoce al Parlamento norirlandés, ya que, a los cuatros años de la aplicación del protocolo, deberá decidir si quiere prorrogarlo o no. Si se avala por mayoría simple, se extenderá cuatro años. Si lo respaldan las dos comunidades (católicos y protestantes), ocho. En caso de rechazarlo, el protocolo dejaría de tener validez en dos años. Por lo tanto, si Londres y Bruselas no cierran un acuerdo comercial para finales de 2020, el fantasma de la «frontera dura» podría llegará de nuevo.

Y no sería algo tan descabellado, ya que la Asamblea de Belfast ha estado tres largos años en silencio ante la incapacidad de los protestantes del Partido Unionista del Ulster (DUP) y los católicos del Sinn Fein de formar un Gobierno de coalición, tal y como les obliga el Acuerdo de Viernes Santo de 1998.

Finalmente, las formaciones lograron acercar posturas el pasado 10 de enero a pocas horas de que se cumpliera el plazo impuesto por el Gobierno central. Londres advirtió de que si no lograban formar Ejecutivo «autonómico», debían celebrarse los que habrían sido los terceros comicios en menos de cuatro años en la provincia británica. Pero ninguno de los dos partidos quería llegar ahora a esa situación, ya que ambos fueron duramente castigados por los norirlandeses en las últimas elecciones generales de pasado mes de diciembre. En las mismas, por primera vez, se eligieron más diputados republicanos e independientes que unionistas.

Mientras que en junio de 2016 los británicos optaron por la salida de la Unión Europea, desde Belfast se mandó un mensaje claro de que, si por ellos fuera, no se produciría tal divorcio, ya que el 55% de los norirlandeses apoyó en le referéndum la permanencia en el «club» comunitario.

La frustración por verse fuera de la Unión Europea, unido al hartazgo por el bloqueo político, ha hecho resurgir con fuerza el sentimiento nacionalista y de reunificación con la República de Irlanda. Y recordemos que en el Acuerdo de 1998 también se incluyó una cláusula por la que en caso de que haya «evidencias que confirmen un cambio en la opinión pública sobre su estatuto constitucional» se podría convocar un referéndum sobre la reunificación de las dos Irlandas. Johnson podrá cerrar el capítulo europeo, pero se le abren nuevos frentes territoriales en Irlanda del Norte y en Escocia que marcarán este 2020.