El sueño de las caravanas de migrantes se estrella contra el “muro” de López Obrador

La última gran caravana de migrantes ha quedado definitivamente disuelta. La mayoría de los miles de centroamericanos que se arremolinaban a las puertas de México a mediados de enero ya están deportados en Honduras mientras el Gobierno de López Obrador endurece su postura y levanta un “muro” militar y legalista que impide el paso hacia el norte. Es el fin del sueño de aquellos que todavía pensaban que viajando en grupo tendrían más posibilidades de escapar de una vida imposible en Centromérica.

Hoy parece muy complicado que se repita la imagen que dio la vuelta al mundo a finales de 2018. Miles de centroamericanos cruzando México a pie custodiados por la policía y dando gracias al presidente que les ofrecía vía libre hacia Estados Unidos, tras llegar al poder con un discurso en defensa de los pobres. La última caravana, la de enero de 2020 sufrió peor suerte y experimentó en carne propia el giro radical que ha dado la política migratoria de Obrador, en claro retroceso hacia la fórmula que durante décadas ha utilizado México con los migrantes: detenciones y deportaciones.

El último giro de tuerca se ha producido en las estaciones migratorias, los centros adonde llevan a los migrantes detenidos por haber entrado de forma irregular y también a los que piden asilo. El Instituto Nacional de Migración (INM) suspendió la semana pasada el acceso a las organizaciones no gubernamentales que los visitan habitualmente como observadores independientes y ofrecen asesoría legal a lo migrantes.

El veto llegó en los días más críticos de enero, cuando la estación Siglo XXI en Tapachula (Chiapas) estaba más saturada por la llegada de la caravana. “La mayoría se fueron deportados en uno o dos días, contra toda legalidad. A personas que necesitan protección internacional se les está devolviendo”, dice a LA RAZÓN Claudia León, del Servicio Jesuita a Migrantes, una de las entidades que tiene permiso para entrar al inmueble.

“Sabemos por testimonios de migrantes detenidos que el mismo día que les detenían les daban la hoja para firmar su deportación sin una correcta evaluación de cada caso”, denuncia la activista, que a pesar del veto inicial ha podido acceder a Siglo XXI, la más grande del país y la más cercana al punto de la frontera sur por el que entró la caravana.

El Gobierno mexicano se está aplicando en el control migratorio consciente de lo mucho que se juega con el presidente estadounidense, Donald Trump, que quiere menos migrantes en su frontera y el pasado verano llegó a amenazar con imponer elevados aranceles a México si no cortaba el flujo de centroamericanos. “Tienen que ser muy eficaces en su operación y [las autoridades mexicanas] están controlando la frontera, controlando el territorio, ingresando personas en los centros de detención y ejecutando las deportaciones de manera intensísima, más que nunca y bajo esa obsesión de cumplir las obligaciones ante el Gobierno de Estados Unidos”, explica a este diario Salvador Lacruz, del Centro Fray Matías de Córdova, que también atiende a los migrantes en Tapachula y considera que en este contexto las organizaciones de la sociedad civil “somos molestas porque entorpecemos su operación, conseguimos información y denunciamos, así que están intentando librarse de nosotros”.

Después de varios mensajes cruzados y rectificaciones el INM ha vuelto a conceder algunos permisos para entrar a las estaciones, donde la Prensa no puede acceder. Ambos activistas señalan que esta política está generando controversias incluso dentro del Gobierno mexicano. Existen sectores dentro de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) y el INM que no comulgan con las políticas punitivas, aunque se está imponiendo el criterio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dirigida por Marcelo Ebrard, más sensible a los mensajes de Washington. En esta última caravana se ha visto la presencia de funcionarios de la SRE, “un giro que nos dice que la política migratoria de México responde a las relaciones diplomáticas con Estados Unidos”, sentencia León.

De los cerca de 3.000 migrantes que entraron en la primera caravana del año, en torno al 90% ya han sido devueltos a Honduras según reconoció Ebrard, que negó que México haya cambiado su política y esté prohibiendo la entrada por su frontera sur, pero afirmó que los hondureños rechazaron las opciones de refugio, empleo y programas sociales y les acusó de utilizar la violencia para acceder a México al cruzar el río y tirar piedras contra la Guardia Nacional. También señaló que quienes estaban al frente enviaron a niños y mujeres al frente del grupo. “Todo está grabado y certificado”, dijo en una intervención en el Senado.

El Gobierno endurece su discurso al tiempo que aumenta los controles. La Guardia Nacional patrulla la frontera y controla las rutas con eficacia, lo que hace muy difícil que alguna de las caravanas que sigue formándose en Honduras, El Salvador y Guatemala siga su curso en México. “Eso ya no va a volver a ocurrir, yo creo que ni el Gobierno dimensionaba lo que eso implicaba”, añade la activista.

México cada vez es más un país de destino que de tránsito, según se observa en las cifras de la Comisión Méxicana de Ayuda a Refugiados, que al cierre de 2019 recibió 70.000 peticiones de refugio, más del doble que el año anterior. El deseo inicial de llegar a Estados Unidos se ha vuelto inalcanzable para muchos por culpa de los acuerdos entre Trump y los países del sur, que obligan a esperar durante meses fuera de Estados Unidos a los demandantes asilo. México se ha vuelto entonces una opción de circunstancias, aunque también aparecen muchas dificultades para quedarse.

La principal opción que se está dando a los migrantes es regresar a sus países de origen y allí adherirse a alguno de los programas sociales que México está impulsando para jóvenes y trabajadores del campo. En el sur de México, según los activistas, se han ofrecido algunos trabajos, pero son de difícil acceso y con el “objetivo de contener a lo migrantes", según han reconocido funcionarios off the record” por encima de generar un verdadero desarrollo en las zonas de éxodo. Según Claudia León, estos programas están fallando desde el punto de partida porque las autoridades “no entienden las razones por las que las personas están huyendo de sus países”. En las caravanas viaja gente de la comunidad LGBT que huye por delitos de odio, mujeres víctimas de violencia de género, otros que escapan de la persecución de las pandillas o amenazados por el pago de cuotas y en el caso de Nicaragua por cuestiones políticas. Un cúmulo de factores que no se terminan de comprender y que no se solucionan con estos programas”