El saqueo del oro venezolano de Maduro

Una noticia que resultó falsa tuvo mucha credibilidad: el supuesto decomiso de una avioneta en Aruba con 923 kilos de oro procedente de Venezuela, transportados en maletas de lujo. Según la información, el avión habría despegado de una carretera que lleva a una zona de explotación de oro y tenía como destino aterrizar en una pista clandestina en México, donde la carga sería llevada a otro avión de gran envergadura para que partiera a un país árabe.

El asunto fue desmentido por las autoridades arubeñas pero tuvo credibilidad porque se ha denunciado desde hace más de un año que el régimen de Nicolás Maduro exporta subrepticiamente oro venezolano, tanto de las bóvedas del Banco Central de Venezuela como el que se produce en el Arco Minero.

De hecho, en marzo de 2019 fueron retenidos 3.600 kilos en lingotes con etiquetas del Banco Central de Venezuela en Entebbe, capital de Uganda. Las barras doradas formaban parte de las 7,4 toneladas de oro provenientes de Venezuela que aterrizaron en el país africano para ser procesadas en la refinería African Gold Refinery Limited y posteriormente enviadas a Turquía, su destino final. La mercancía, valorada en 300 millones de dólares, fue decomisada por la Policía de Uganda bajo sospecha de contrabando. El cargamento fue liberado tres semanas después por decisión del fiscal general de ese país y con la anuencia del propio presidente ugandés, Yoweri Museveni.

Venezuela ha perdido rápidamente reservas de oro monetario que guardaba en las bóvedas del Banco Central de Venezuela, y que lo ubicaban como uno de los 30 países con mayor cantidad de lingotes. El objetivo es buscar mayor liquidez, vistos los problemas financieros que han acarreado las sanciones de Estados Unidos a la dictadura de Nicolás Maduro, pero también las consecuencias de los castigos personales a funcionarios del régimen venezolano por parte de Europa y otras naciones. Algo que se nota incluso en cifras oficiales desde 2018.

Por ejemplo, en 2018 se registró el mayor volumen de exportación no petrolera desde que Venezuela inició relaciones comerciales con Emiratos Arabes Unidos. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 43,4% de las ventas externas se destinó a este país, principal comprador del metal venezolano en lingotes.

Los datos oficiales indican que ese año se exportó un total de 2.773 millones de dólares, de los cuales 1.205 millones se destinaron a Emiratos Arabes; seguido de Turquía con 683,7 millones. Las cifras oficiales revelan que del valor de los nueve sectores económicos que integran la canasta del INE, el rubro “Resto” muestra un monto de 1.921 millones, y de acuerdo a las notas al pie de los indicadores, el propio organismo afirma que en este grupo se encuentra incluido el oro vendido por el Banco Central de Venezuela (BCV). Según la lista, Productos Minerales es el siguiente rubro en cuanto a mayores montos de exportación con $336 millones, luego Metales Comunes con 224 millones y Productos Químicos con 216 millones.

En 2018, mientras ingresaron 9,7 toneladas a las bóvedas del BCV, este vendió más de 73,2 toneladas a una empresa de Turquía y dos de Emiratos Árabes Unidos, según denuncias de diputados de la Asamblea Nacional. Noor Capital, una firma de los Emiratos, dijo en febrero 2019 que no tenía previsto hacer nuevas compras, tras haber adquirido tres toneladas de lingotes en Caracas el 21 de enero de 2019, y después de que el negocio del oro también fue sancionado por la Casa Blanca.

Pero Turquía no ha dejado de hacerlo. En noviembre pasado, por ejemplo, fueron despachadas 1,2 toneladas de oro monetario desde Caracas hacia Estambul, según el diputado Carlos Paparoni. El envío habría sido a cambio de pagos en efectivo y en euros.

Según Paparoni, diputado opositor y en el exilio, el entorno del gobernante está directamente involucrado. «Su hijo Nicolás Maduro Guerra y Santiago Morón son los encargados de la operación de la venta del oro, intercambio por euros, que terminan en manos de grupos extremistas terroristas», ha dicho el parlamentario. El señalamiento ha sido ratificado por Manuel Figuera, antiguo jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), ahora en el exilio.

El esquema habría dilapidado el 30% de las reservas de oro de la República, hasta un total estimado de 764 toneladas de oro venezolano que se han perdido primero en manos de Hugo Chávez y con mayor fuerza en tiempos de Maduro que, además, aprovecha que las transacciones directas entre el Banco Central y sus clientes no necesitan de la aprobación de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición desde 2016.

Desde que llegó Maduro a la presidencia de Venezuela en 2013, las reservas de oro han registrado una caída de 66,2% hasta llegar a mínimos históricos. En cuestión de cinco años, pasaron de 360 toneladas en 2013 a 161,22 toneladas al cierre de 2018, según cifras del Concejo Mundial del Oro (WGC).

Juan Guaidó, presidente encargado de la República, según reconocimiento de casi 60 países, ha denunciado que en el Arco Minero del Orinoco se extrae «oro de sangre». Las operaciones mineras al sur del país, en enclaves amazónicos y reservas naturales, no solo han ocasionado un ecocidio que ya hasta se puede observar en Google Maps, sino que ha transformado la economía y afectado a las comunidades indígenas.

Se calcula que entre 2016 y 2019 la minería artesanal –como la califica el propio Estado– le entregó al Gobierno de Maduro unas 22 toneladas de oro, que el chavismo supo exportar a cambio de unos 650 millones de dólares, según datos del Banco Central, en tiempos en que la industria petrolera –fuente del 90% de los ingresos nacionales– decayó a mínimos históricos tanto por las sanciones como por problemas operativos de una industria quebrada.

Un esquema que, además, implica un sofisticado entramado para comprar directamente con minerales bienes para el país. Según Reuters, el oro sigue un camino desde las polvorientas minas del sur hasta las bóvedas del Banco Central para más tarde ser enviado a refinerías en el extranjero a cambio de alimentos o efectivo.

El Arco Minero tiene control militar. Las denuncias validadas tanto por investigaciones independientes de organizaciones no gubernamentales, como por la Asamblea Nacional y por mineros que participan de la operación, confirman que el control territorial del lugar está en manos de poderosos uniformados, grupos irregulares y demás actores que deciden el destino de una zona que ha registrado masacres y desplazamiento de comunidades indígenas, y se ha convertido en el foco más importante de malaria de toda la región latinoamericana.