La herencia de represión que deja Mubarak a los egipcios

El historial político y económico que se forjó Hosni Mubarak a lo largo de sus casi 30 años al frente del régimen egipcio acabó derivando, poco después de que ocurriera lo propio en Túnez, en un levantamiento popular protagonizado por millones de egipcios en El Cairo y otras ciudades de Egipto.

La presión ejercida desde la calle, particularmente durante los 18 días que separaron la cristalización de las protestas y su caída, el 11 de febrero de 2011, acabó forzando la intervención del poderoso Ejército del país, que le asestó el golpe de gracia.

Siguiendo su derrocamiento, Egipto entró en primera instancia en un agitado y polémico período de transición monitoreado por la cúpula castrense durante el que se enmendó la Constitución y se celebraron elecciones parlamentarias y presidenciales que dieron lugar al primer presidente civil electo de su historia reciente, el islamista Mohamed Morsi.

El proceso, no obstante, se vio truncado irremediablemente en verano de 2013 cuando, aprovechando una fuerte polarización social que ellos mismos habían contribuido a crear, el Ejército, liderado ya entonces por el actual presidente Abdel Fatah Al Sisi, ejecutó un golpe de Estado.

Desde entonces, el ex mariscal ha asumido con recelo las riendas del país y ha desatado una brutal campaña de represión contra cualquier atisbo de oposición.

Así es que, cuando se cumplen nueve años de la caída de Mubarak, organizaciones de derechos humanos siguen denunciando y documentando de forma recurrente prácticas represivas y violaciones de derechos parecidas a las de la era del ex dictador, que nunca pasó cuentas de forma independiente por los abusos de que se le acusa.

Este legado de la era Mubarak en particular, y del régimen militar instaurado en Egipto tras el derrocamiento de la monarquía en 1952 en general, es encarnado ahora por la figura de Al Sisi.

Presidente y militar

Con él, el país árabe ha vuelto a tener un presidente procedente de un Ejército que ha ampliado sus cuotas de poder al frente de un régimen cuyos abusos, según activistas y grupos de derechos humanos, no solo siguen ocurriendo, sino que en muchos casos han alcanzado niveles inéditos durante la era Mubarak.

En este sentido, el estado profundo afianzado durante la presidencia de Mubarak se considera aún consagrado, lo que permite que los aparatos de seguridad egipcios, reforzados también por el ex dictador, sigan controlando de forma implacable el país y sigan actuando con la misma impunidad que antes.

Un caso paradigmático que ilustra este legado compartido es el de la infame Agencia de Investigaciones de Seguridad del Estado creada por Mubarak y utilizada como principal fuerza de represión política y de control de la oposición.

Actualmente, aunque se cree que Al Sisi ha reforzado los otros dos cuerpos que completan el núcleo duro de los aparatos de seguridad del régimen –la Inteligencia Militar y el Servicio de Inteligencia General– la anterior agencia sigue operando bajo el nombre de Agencia de Seguridad Nacional, y se le acusa de mantener prácticas similares, como detenciones arbitrarias y torturas.

En su informe sobre la situación de derechos humanos en la región de 2019, Amnistía Internacional (AI) denunció que las autoridades egipcias siguen recurriendo a un amplio abanico de medidas represivas contra manifestantes y supuestos opositores que incluyen prácticas como desapariciones forzosas, arrestos masivos, torturas, juicios injustos –que en algunos casos acaban en pena de muerte– y ejecuciones.

Las restricciones a la libertad de expresión y asociación y el derecho de reunión siguen siendo asimismo draconianas.

El pasado mes de abril, el Parlamento egipcio aprobó además una batería de enmiendas constitucionales –ratificadas después en un referéndum preparado a medida por el propio régimen– que refuerzan las prerrogativas reservadas a Al Sisi y le dan vía libre para que se cimiente en el poder hasta al menos el año 2030.

Después de las enmiendas constitucionales, Al Sisi ha consumado también su asalto al poder judicial, cuyos principales órganos se encuentran hoy subyugados a sus designios.