Reino Unido se retira de la euroorden

El Gobierno de Boris Johnson –quien consiguió una aplastante mayoría absoluta en las generales de diciembre– anunció ayer que, tras el Brexit, no participará en la Orden de Detención Europea, un compromiso judicial que permite solicitar por un país, dentro del espacio comunitario, la rápida detención y entrega de una persona para ser procesada o encarcelada.

A finales de enero, Reino Unido dejó de ser oficialmente miembro de la UE. Al tratarse de una salida ordenada, gracias al Acuerdo de Retirada cerrado en octubre entre Londres y Bruselas, existe ahora un período de transición en el que, a efectos prácticos, todo sigue igual. Durante esta fase, ambas partes deben ahora negociar las futuras relaciones y, aunque el acuerdo comercial se está llevando el gran protagonismo, hay también otras cuestiones clave, como la seguridad.

En este sentido, en lugar de la euroorden, Reino Unido quiere poner en marcha un sistema «rápido de extradición», basado en el establecido por la UE «con Noruega e Islandia». Los británicos, según Michael Gove, viceprimer ministro, estarán, «incluso más seguros» después del Brexit, porque el país tendrá el control total de sus fronteras. El euroescéptico insistió en que es posible reclutar 50.000 nuevos miembros de personal de aduanas de aquí a diciembre, que estarían operativos en 2021.

La que fuera primera ministra Theresa May –que previamente ocupó el Ministerio del Interior– siempre había defendido la euroorden como «una herramienta vital para mantener seguros a los británicos».

Por su parte, el diputado laborista Stephen Doughty, miembro del comité selecto de asuntos internos, dijo: «Es extraordinario que el Gobierno esté dispuesto a poner en riesgo la seguridad de nuestros ciudadanos, todo en nombre de la obsesión ideológica, al querer apartarse lo más posible de la UE».

En relación al órdago mandado por Boris Johnson de abandonar la mesa de negociaciones en junio si no hubiera avances, el laborista recalcó que era «profundamente irresponsable», ya que ese escenario «no solo amenazaría nuestra economía, sino también nuestra seguridad». «¿Qué precio están dispuestos a pagar? ¿O es todo una amenaza ociosa?», planteó Doughty.