Orban gobernará Hungría “por decreto”

El primer ministro presenta la ley del estado de emergencia que carece de fecha límite e impone penas de hasta cinco años para periodistas

El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, fiel a su trayectoria, se dispone a aprobar el estado de emergencia por el coronavirus en el país, lo que le ampliará aún más sus poderes. Gobernará pues por decreto tras la aprobación de la Ley por el Parlamento, y lo hará sin fecha límite, en contra de lo que le pedía la oposición. También gobernará con sus críticos fuera de juego, ya que la norma restringe la libertad de expresión. Unas medidas que van mucho más allá de lo que han hecho otros socios europeos.

“Proteger a los ciudadanos vulnerables y mitigar el impacto económico de la pandemia hacen necesarias medidas que van más allá de las normales en tiempo de paz”, ha afirmado Orban, según recoge el portal de noticias ‘Hungary Today’. Para ello, el estado de emergencia da al Gobierno “herramientas para organizar la autodefensa de Hungría”. Hungría, según Orban, opta así por “combatir” el contagio “en lugar de esperar a una vacuna”. “Todo el mundo debe renunciar a la comodidad y comportarse de una forma diferente de lo normal”, ha subrayado.

El proyecto de ley ha sido presentado en el Parlamento para su tramitación de urgencia, pero la oposición ha votado finalmente en contra, por lo que el partido de Orban, Fidesz, deberá recurrir al trámite ordinario, lo que supone al menos un plazo de seis días. Orban necesitaba de cuatro quintas partes del Parlamento, pero la votación ha sido de 137 votos a favor y 52 en contra. El Parlamento tiene 199 escaños, 133 de ellos fieles al Gobierno.

El jefe de Gabinete de Orban, Gergely Gulyás, ha defendido posteriormente en rueda de prensa que esta declaración del estado de emergencia puede ser revocada por el propio Parlamento en el momento que lo considere oportuno. Por ello ha cargado contra la “mojigatería” de la oposición al pedir un límite temporal y ha destacado que ya han hecho un gesto a la oposición al transferir la competencia de declarar el fin del estado de emergencia al Parlamento.

Entre las medidas adoptadas por el Gobierno para rebajar el impacto económico del coronavirus está la suspensión de los pagos de préstamos y contribución en los sectores más afectados.

Sin embargo, las decisiones más polémicas son las que habilitan al Gobierno a gobernar por decreto, sin control parlamentario. Además se prevén penas de prisión de hasta cinco años para aquellos que difundan información falsa sobre la pandemia del coronavirus en Hungría.

Aviso de la Unión Europea

La Comisión Europea se ha apresurado a recordar al Gobierno húngaro sus obligaciones con el derecho europeo e internacional en materia de respeto de los Derechos Humanos, al tiempo que insistido en que toda medida adoptada por los Estados miembros con el argumento de combatir el coronavirus debe ser “temporal” y “proporcionada”. Así lo ha dicho un portavoz comunitario al ser preguntado por la intención de Orban de prorrogar de forma indefinida el estado de emergencia y poder así gobernar por la vía de decretos.

"Toda medida de emergencia tomada para afrontar la crisis debe estar en línea con las obligaciones internacionales y europeas sobre Derechos Humanos", ha apuntado el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, que sin embargo ha reconocido que es competencia de los Estados miembro decidir sus medidas.

Desde Bruselas ha querido expresar que “en tiempos de crisis es más importante que nunca que los periodistas puedan hacer su trabajo correctamente, sobre todo para evitar la desinformación y asegurar que los europeos tienen acceso a información crucial”. La posición general de la Comisión Europea, ha añadido, es clara respecto a que “la democracia no puede funcionar sin medios libres e independientes”.

También ha mostrado su preocupación este martes la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo. Su presidente, el eurodiputado español Juan Fernando López Aguilar (S&D), ha expresado su preocupación por los recientes movimientos del Gobierno de Orban.

En representación de la comisión de Libertades Civiles, López Aguilar ha expresado que, aunque son conscientes de que “los Estados miembros tienen una responsabilidad para tomar medidas de protección en estos momentos difíciles, estas medidas deben garantizar que los derechos fundamentales, el Estado de derecho y los principios democráticos son protegidos”, reza una información del Parlamento.

“En este contexto, pedimos a la Comisión que evalúe si las legislaciones propuestas cumplen con los valores recogidos en el Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y que recuerde a los Estados miembros su responsabilidad de respetar y proteger estos valores comunes”, añade el comunicado.