Pandemia en año electoral americano

Hace poco más de mes y medio que Donald Trump fue absuelto en el “impeachment” por la mayoría republicana en el Senado. Por entonces, ya se había dado el primer caso de coronavirus en EEUU. Mientras Trump echaba a su embajador en la UE, al director para Asuntos Europeos del Consejo de Seguridad Nacional y al director de Inteligencia, mientras viajaba a la India y firmaba un acuerdo con los Talibanes, el COVID-19 se expandía por Asia, Europa y también EE UU.

Extrañaba su prudente actitud inicial dada su reconocida fobia a los gérmenes. Todo respondía a una postura política que prefería ignorar la información de los expertos y evitar cualquier molestia a los mercados. Pero tampoco quería a incordiar a China -con quien acababa de alcanzar un acuerdo comercial- llamando demasiado la atención sobre el virus o sobre su errores de gestión.

Con el paso de los días, y mientras insistía en que el riesgo era mínimo para los estadounidenses, a nivel local se empezaban a cerrar escuelas y universidades y a limitar las reuniones públicas. Cuando la OMS declaró de pandemia mundial por el COVID-19, Trump pivotó y declaró la guerra el “virus extranjero”. Echó la culpa primero a China y después a la UE por propagarlo e insistió en el “bajo, bajísimo, riesgo para los estadounidenses”. 48 horas después declaró la emergencia nacional simplemente porque ya no podía infravalorar al “virus extranjero”, que había trasladado el campo de batalla a su frente interno. Era el primer rival con el que se topaba que era inmune a sus tuits.

La 10º enmienda a la Constitución de EE UU reserva a los estados la competencia sobre la seguridad y la salud pública, que la ejecutan bajo un mosaico de leyes y regulaciones que varían de jurisdicción en jurisdicción, mientras que el gobierno federal da apoyo, principalmente financiero. Con el COVID-19 fueron los gobernadores y alcaldes, las instituciones sanitarias locales, el sector privado y el compromiso cívico de los estadounidenses los que tomaran la iniciativa poniéndose a la vanguardia de los esfuerzos días e incluso semanas antes la declaración de emergencia nacional: universidades cerradas, líneas aéreas reduciendo los vuelos internacionales, primeras áreas de contención. También Amazon restringió los vuelos no esenciales de sus trabajadores, Google y Facebook mandaron a sus empleados a trabajar de casa, y dieron fondos para investigar el nuevo virus y su tratamiento.

La respuesta estatal y local (y civil), acorde con la estructura federal de EEUU, no ampara la desconcertante respuesta de la Casa Blanca. Mientras los estados imploraban a Washington ventiladores, batas, máscaras, guantes y la construcción de hospitales temporales, la respuesta de Washington era: os apañáis como sea. Grandes ciudades de EEUU tienen importantes presupuestos, claras regulaciones, e incluso experiencia en epidemias. Pero una gran parte del país tiene menos suerte a nivel local: cuentan con poco presupuesto, personal y experiencia y, en tiempos de crisis, se apoyan más que nunca en el gobierno federal, porque necesitan no solo fondos sino también directrices.

La declaración de emergencia nacional está precisamente diseñada para acelerar ese apoyo federal, pero la decisión de dar ese paso era también una admisión tácita de los errores cometidos, tanto en la retórica como en la organización, y muchos tiempo perdido. Destaca la escasez de pruebas diagnósticas como uno de los errores federales más garrafales, que ha provocado un desconocimiento sobre la magnitud real de la situación y ha retrasado la toma de decisiones y medidas importantes.

Ahora la principal preocupación de Trump es la economía. Después de que la Reserva Federal recortara los tipos casi a cero, el Gobierno va a inyectar una cifra record de miles de millones de dólares, incluidos cheques de 1.000 dólares a cada estadounidense. Todo para evitar que, en año electoral, la propagación del coronavirus abra la caja de Pandora de una economía aparentemente en plena forma que oculta muchos desequilibrio sociales.

Además de las medidas financieras, Trump debe mostrarse más presidencialista y más convencional que nunca. En una situación tan extraordinaria, los estadounidense quieren y esperan ver más gobierno, lo que choca con la manera poco convencional de Trump de gobernar y de entender qué es un gobierno. Si quiere ganar en noviembre, no puede dejar al americano medio que le votó en el 2016 solo frente a una inevitable crisis financiera y a un sistema sanitario que no responde.

Donald Trump descartó la posibilidad de liderar una respuesta internacional a la propagación del virus y abandonó a sus propios aliados occidentales en esta lucha. Pero se encuentra frente a un problema y a un reto que no puede ignorar: dar una respuesta a su país. Una respuesta que, de ser eficaz, le garantizaría su reelección y de no serlo, le echaría sin miramientos.

*Investigadora Principal de EEUU y Relaciones Transatlánticas en el Real Instituto Elcano