Estos son los trece partidos que exigen la expulsión de Orban del PPE por su deriva autoritaria

Desde que el lunes el Parlamento húngaro concedió poderes especiales a Viktor Orban para gobernar por decreto y por tiempo indefinido para hace frente a la emergencia sanitaria del coronavirus, la inquietud no ha dejado de aumentar en toda Europa. Si el martes era la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien alertaba, sin mencionar a Budapest, de que el estado de emergencia contra la pandemia no podía ser patente de corso para vulnerar los valores democráticos, ayer les tocó el turno a 13 socios de Fidesz, la formación de Orban, en el Partido Popular Europeo (PPE) e incluso a 15 gobiernos de la UE.

El ambiente ya amanecía revuelta desde que el líder del PPE, el polaco Donald Tusk, se despachaba a gusto el miércoles en una carta en la que pedía a sus correligionarios conservadores expulsar a Fidesz, que ya se encuentra suspendido desde el año pasado. Tusk alertaba de que “construir un Estado de emergencia permanente es políticamente peligroso y moralmente inaceptable”.

En respuesta a su líder, trece partidos de la familia popular firmaban este jueves una misiva conjunta en la que abogaban por romper lazos con el líder húngaro ante el temor de que “el primer ministro Orban use sus nuevos poderes para ampliar aún más el control del Gobierno sobre la sociedad civil”. Entre los trece firmantes, se encuentran los partidos de centro derecha de Bélgica (flamencos y valones), República Checa, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Eslovaquia, Suecia y Suiza.

Para que la iniciativa pueda prosperar, los estatutos del PPE exigen la expulsión de un integrante la pidan al menos siete de sus partidos miembros, procedentes de al menos cinco países distintos. Unas condiciones que se cumplen holgadamente.

Sin embargo, de nuevo, llama la atención que entre los firmantes no se encuentren el mayor partido de la familia popular, la CDU alemana, así como el PP español, la Forza Italia de Silvio Berlusconi o Los Republicanos franceses. Las tres formaciones mediterráneas ya han salido en auxilio del líder ultanacionalista húngaro en votaciones condenatorios del Parlamento Europeo a la deriva autoritaria húngara, como cuando en septiembre de 2018 Estrasburgo pidió activar el artículo 7 del Tratado de la UE, que prevé retirar el derecho de voto a un Estado miembro que viole los principios de la democracia y el Estado de derecho. Una decisión que, al exigir unanimidad, nunca saldrá adelante por el veto de Polonia, cuyo Gobierno ultraconservador se halla envuelto en una batalla parecida con Bruselas por su polémica reforma del sistema de justicia.

Pero por si no fuera suficiente la humillación interna, 15 gobiernos europeos emitieron un comunicado conjunto en el que, sin mencionar a Budapest, hacían un llamamiento para que la pandemia de Covid-19 no suponga un menoscabo para los valores europeos. “Estamos profundamente preocupados por el riesgo de violación de los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales derivados de la adopción de ciertas medidas de emergencia”, afirma el documento.

El texto, cuanta con el apoyo de norte a sur de la UE Alemania, Francia, Italia, España. Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Portugal, Grecia, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Estonia Lituania y Letonia. En este caso, son los socios del Este de Grupo de Visegrado (Polonia, República Checa y Eslovaquia) los que de nuevo muestran su apoyo a Orban, con quien se negaron a acoger a solicitantes de asilo durante la crisis de refugiados Un actitud que ayer les costó una condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

“Las medidas de emergencia -continúa el texto de las principales cancillería europeas- deberían limitarse a lo estrictamente necesario, deberían ser proporcionadas y temporales por naturaleza, sujetas a escrutinio regular y respetar los principios mencionados así como las obligaciones del Derecho Internacional”.

Con la enmienda aprobada el lunes por el Parlamento húngaro, el Ejecutivo de Orban podrá emitir decretos y decidir cuándo ha pasado la situación de emergencia bajo la que se ha justificado el cambio legal. El Gobierno húngaro podrá, por ejemplo, suspender leyes y bloquear la divulgación de informaciones “que puedan obstaculizar o imposibilitar la defensa” (frente a la epidemia) y aplicar penas de hasta cinco años de cárcel para los infractores.

Sin darse por aludido, el Gobierno húngaro se unió al comunicado de sus colegas comunitarios y manifestó su “preocupación” sobre el “peligro de que se produzcan violaciones del Estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales debido a la adopción de ciertas medidas de emergencia”. En opinión del Ministerio de Justicia dichas medidas deberán “ser proporcionadas y temporales por naturaleza, además de estar sujetas a un escrutinio y respetar los principios y obligaciones del Derecho Internacional”, indica el texto.

En un tercer frente, el institucional, el presidente del Parlamento Europeo, el socialdemócrata italiano David Sassoli, preguntó a la presidenta del Ejecutivo comunitario “cómo pretenden responder” a la ley aprobada por el Parlamento húngaro y también pedirá “evaluar si esta ley constituye una violación grave” del artículo 2 del Tratado de la UE, que alude a los principios democráticos de la organización.

“Entiendo que se tomen medidas para atajar la emergencia sanitaria inmediata, pero estoy preocupada por que algunas medidas van demasiado lejos, y estoy especialmente preocupada con la situación en Hungría”, cogió el guante Von der Leyen en una rueda de prensa en Bruselas en la que prometió que la Comisión adoptará “las acciones necesarias como ya hemos hecho en el pasado”.