La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas acusa a Asad de utilizar gas sarín y cloro en 2017

La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) designó este miércoles por primera vez al Ejército sirio como responsable de ataques químicos en el norte del país en 2017. Según la OPAQ, existen motivos razonables para creer que los autores de la utilización del sarín como arma química en de Ltamenah, en la provincia de Hama, el 24 y 30 de marzo de 2017 y de la utilización del cloro como arma química el 25 de marzo de 2017 eran “individuos pertenecientes a la Fuerza Aérea siria".

“Aviones y un helicóptero del Ejército del aire sirio tiraron bombas que contenían gas sarín y cloro en estos tres ataques, que en total afectaron a más de 100 personas”, agregó en su comunicado el equipo de identificación y de investigación de la OPAQ (IIT), encargado de identificar a los presuntos autores de ataques químicos en Siria.

“Ataques de esa naturaleza estratégica solo habrían tenido lugar siguiendo órdenes de autoridades superiores del mando militar de Siria”, puntualizó Santiago Oñate-Laborde, coordinador del IIT. “Incluso si la autoridad puede ser delegada, la responsabilidad no puede serlo. El ITT ha sido incapaz de identificar cualquier otra explicación posible”, recalcó.

En concreto, el primer ataque en la madrugada del 24 de marzo fue provocado por un avión militar de una brigada de la División Aérea 22, que partió de la base siria de Shairat, para “arrojar una bomba que contenía gas sarín”, en la zona sur de Ltamenah. Este ataque dejó unas 16 víctimas, aunque la OPAQ no confirma en ningún caso si se trata de muertos o heridos.

Durante la tarde del 25 de marzo, otro helicóptero de las fuerzas de régimen de Al Asad, que salió de la base aérea de Hama, lanzó un cilindro contra el hospital de Ltamenah, objeto que atravesó el techo del edificio, se rompió y liberó cloro en el interior, provocando daños a al menos 30 personas.

El tercer ataque tuvo lugar la madrugada del 30 de marzo del mismo año, cuando un avión militar de la misma brigada que el día 24 volvió a lanzar una bomba con gas sarín en la zona sur de esa población siria, dejando al menos 60 víctimas, advirtió el equipo investigador de la OPAQ.

Al no ser el IIT un órgano judicial con el poder de atribuir la responsabilidad penal individual, le corresponde al consejo ejecutivo de la OPAQ, y al secretario general de Naciones Unidas y a la comunidad internacional en su conjunto, declaró Fernando Arias, director de este organismo. Por ese motivo, Arias instó a la comunidad internacional, incluida la Conferencia de Estados Parte de la OPAQ y a António Guterres, secretario general de la ONU, a “tomar las medidas que consideren apropiadas y necesarias”, lo que puede incluir la petición de una investigación penal al régimen sirio por violación de la Convención.

Se espera en los próximos meses otro informe relativo a un ataque que dejó unos 40 muertos en abril de 2018 a causa del uso de cloro, según investigadores de la OPAQ. Desde que en 2011 comenzara el conflicto sirio, la OPAQ solo ha podido confirmar o desmentir, con sus investigaciones, el uso de armamento químico en Siria, un hecho confirmado en varias ocasiones durante la última década, pero no fue hasta 2018 cuando se autorizó la creación del IIT para también identificar a los responsables del uso de esas armas prohibidas en el país árabe.

Sin embargo, el régimen de Bashar Al Assad niega constantemente cualquier implicación en ataques químicos, y afirma haber entregado todas sus reservas tras un acuerdo cerrado en 2013.

El informe de la OPAQ llega un día después de que la ONU publicara un informe de 185 páginas sobre los ataques a centros de salud en Idlib, en los que se evita mencionar la responsabilidad de Rusia. Si bien desde hace un mes hay un alto el fuego que se respeta en esta provincia del norte de Siria y la más castigada actualmente por la guerra. “El impacto de las hostilidades en las instalaciones civiles y humanitarias del noroeste sirio es un claro recordatorio de la importancia de que todas las partes cumplen y garanticen el respeto de las leyes humanitarias internacionales”, denunció Guterres en una carta dirigida al Consejo de Naciones Unidas.

El informe se refiere al ataque de seis instalaciones, uno de ellos el Centro de Salud de Rakaya, en la provincia de Idlib, cometido el 3 de marzo de 2019, que fue obra de las fuerzas del Gobierno de Siria. El documento también acusa al Gobierno sirio y sus aliados de llevar a cabo otro bombardeo contra una instalación sanitaria deKafr Nabutha, en Hama, perpetrado el 7 de mayo del año pasado. También hubo otro el 14 de mayo en el campamento de refugiados palestinos de Nayrab, cercano al aeropuerto de Alepo en el que hubo once muertos y 29 heridos.