Venezuela
Vuelve el control de precios en Venezuela: “Es un viaje al pasado con mascarilla”
Maduro interviene “Alimentos Polar”, la mayor superficie de gran consumo, durante 6 meses y fija el precio de 27 productos básicos
Poco duró la luna de miel entre el régimen chavista y las leyes del mercado. Desde esta semana en Venezuela vuelve la política de control de precios en productos básicos, las fiscalizaciones a comercios y las limitaciones a la distribución por parte de empresas privadas.
Todo ello después de un año en que se habían relajado los manejos que el gobierno hacía de la economía, mejorando el abastecimiento y hasta los niveles de nutrición infantil. Según Cáritas de Venezuela, la desnutrición en niños hasta cinco años había dsminuido hasta 8,2%, el mejor dato en un lustro debido al aumento en la disponibilidad de productos y el impacto de las remesas enviadas por los emigrados.
Maduro ha decidido, sin embargo, dar un salto atrás. Su gobierno se ha quedado sin liquidez y con problemas para garantizar sus programas de entegas de alimentos subsidiados. Además, el precio del dólar se duplicó en apenas 17 días y la hiperinflación volvió a engordar.
La cuarentena, la paralización económica y la escasez de combustibles que ha complicado la distribución de comida, han impulsado la conflictividad social. A diario se registran protestas y hasta saqueos. Hasta ahora, va un muerto a manos de una policía regional al sur del territorio. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 580 protestas en marzo de 2020, equivalente a un promedio de 19 diarias.
La respuesta de Maduro ha sido volver a viejas prácticas, comenzando por fijar precios de venta para 27 productos y supervisar las ventas de tres empresas, además e intervenir una cuarta por al menos 180 días acusándola de “especular”.
Alimentos Polar, la más grande del país, es una de las más afectadas. De hecho, desde el viernes 24 está bloqueada de despachar productos. La compañía ha calificado la medida como arbitraria, reaccionando por primera vez de manera tan airada e inmediata.
Maduro se ampara en una ley de “precios justos” vigente desde 2015 que su propio gobierno había dejado de observar hace un año. Los productores y asociaciones han dicho a los funcionarios que regular precios en hiperinflación es utópico.
La respuesta del chavismo ha sido fijarlos en dólares, al cambio oficial -que también ha aumentado aceleradamente en el último mes- a pesar de haber satanizado esa moneda durante al menos 16 años de control de cambio que, aunque se ha suavizado no deja de estar vigente.
La primera reacción se ha visto durante el fin de semana: grandes colas para comprar alimentos que se prevén comiencen a desaparecer de los anaqueles. Harina de maiz, aceite, arroz y otros productos esenciales comenzaron de nuevo a ser vendidos en cantidades limitadas, como no ocurría desde 2017. “Es un viaje al pasado, pero con mascarillas”, dijo Silvia Laguna, una ama de casa habitante del este de Caracas.
En los sectores populares más vulnerables, la preocupación fue mayor, especialmente cuando han escuchado a voceros gubernamentales decir que se deben “rendir” las cajas CLAP (las provisiones de alimentos subsidiados) por tres meses y no por un mes. “En realidad lo que traen dura para 10 o 12 días, y suelen legar con retraso; ahora imagínate con esto”, replicó Teresa Parra, al oeste de la capital.
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas ha alertado la posibilidad de que Venezuela, junto a otros tres en el mundo -que tienen guerras-, enfrenten una hambruna como consecuencia de la pandemia por Covid-19. La experta en asistencia humanitaria Susana Raffalli, con experiencias endesastres alimentarios en Camboy y Birmania, explica que el documento revela que “nueve millones de nosotros está en situación de agotamiento de sus medios de sustento, y eso es gravísimo. No tenemos reservas. Ante un agravamiento puede venir la tan temida hambruna, que me cuidé siempre de anunciar, y una situación de desnutrición que va a producir una mortalidad infantil a nivel exponencial”.
Raffalli advierte que más de un tercio de la población “no está en capacidad de aguantar cuarentena ni interrupciones en el suministro de alimentos por falta de combustible”.
Una encuesta de la empresa ARS DDB señala que solo 50% de los encuestados a escala nacional admite salir sólo una vez a la semana para hacer sus compras, cuando el gobierno afirma que el confinamiento se cumple en más del 80%.
Por si fuera poco, el regreso de venezolanos migrantes -que el régimen afirma superan ya las 16.000 personas- agrava el panorama pues “va a generar una presión de consumo sobre unos bienes que no existen y representarán una remesa que no va a entrar”. Según Cáritas de Venezuela, las remesas familiares se han convertido en el sostén de alrededor del 28% de las necesidades de alimentación familiar.
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