La "ley Azote” de Cuba, denunciada ante la ONU

La ONG Prisoners Defenders documenta la persecución de decenas de casos por libertad de expresión: “Pretenden mantener el dominio de la red para asegurar otros veinte años de dictadura”

El régimen cubano no quiere que internet sea una ventana para la libertad de expresión en la isla. Así lo vienen denunciando diversos opositores en los últimos meses, algunos de ellos amenazados y sancionados por utilizar las redes sociales para manifestarse libremente. El origen de este proceso se encuentra en el Decreto-Ley 370, aprobado en julio de 2019, que regula por primera vez en el país caribeño el control sobre los contenidos “online”.

El Gobierno cubano sostiene que esta herramienta sirve para consolidar el uso y desarrollo de las tecnologías de la información y como instrumento para la defensa de la Revolución, pero la ONG Prisoners Defenders se ha sumado a las voces que dentro y fuera de la isla creen que la conocida como “ley Azote” es “una grave amenaza a los derechos fundamentales” de los cubanos.

En este contexto, la ONG europea presentó el pasado 8 de junio una denuncia ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, en la que documenta “el proceso de persecución de cientos de casos por libertad de expresión, en un nuevo patrón de normalización legislativa de la represión de la libertad de expresión” como hechos constitutivos de un crimen de lesa humanidad. La denuncia, cuya resolución se espera se haga efectiva en 4 meses, lleva a la ONU 33 casos basados en los testimonios de los afectados, recabados entre enero y abril de este año, en los que parece haber “un mismo patrón de actuación por parte de la Seguridad del Estado para acallar las voces disidentes mediante coacciones, represalias y multas” que pueden acabar en prisión.

En la nómina de perseguidos no hay solo periodistas y activistas de derechos humanos sino también artistas, cuentapropistas, enfermeros, religiosos o los youtubers Ruhama Fernández Ferrer y Yander Jaime Serra. En esta situación se encontrarían “al menos y como poco entre 500 y 1.000 personas”, si bien, la ONG matiza que “esta tendencia represiva podrá alcanzar a muchos miles personas en los próximos meses/años si no se paraliza la descrita represión gubernamental”.

Prisoners Defenders, que presentó este martes la denuncia junto a víctimas cubanas, sostiene que se trata de una “nueva modalidad de la Seguridad del Estado de Cuba para enfrentar las acciones pacíficas y cívicas que vienen desarrollando la gran diversidad de activistas de derechos humanos en Cuba”. Se quiere, en definitiva, “censurar y prohibir sus influencias comunicativas sobre el resto de la sociedad cubana en materia de información”.

Esta ley, según Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, “pretende mantener el dominio de internet para asegurar otros veinte años de dictadura”. El objetivo de la misma, asegura, es cerrar la puerta a la libertad de expresión en Cuba que se abrió con la llegada de internet a muchos hogares de la isla. Larrondo considera que estas restricciones contravienen lo dispuesto en la propia Constitución cubana y son contrarias a los tratados internacionales ratificados por el Estado comunista.

“En el siglo XX, el régimen cubano tenía controlada la libertad de expresión de forma absoluta, tanto en el trabajo como en los barrios. En las empresas lo hacían por medio de infiltrados y activistas de la UJC. También gracias a los llamados “núcleos”, es decir activistas del Partido Comunista operando en las empresas. En los barrios actuaban y actúan los Comités de Defensa Revolucionarios (CDR), además de la policía y civiles colaboradores, junto a los agentes de la Seguridad del Estado”

Pero con la llegada de internet, añade Larrondo, este aparato represivo no es suficiente. “Al principio limitaban internet con tácticas oscuras e ilegales, pero efectivas, cortando el acceso a la red, y aún así hubo activistas que sacaron mensajes fuera del país. Cuando vieron que era algo inevitable decidieron aprobar una normativa específica en el año 2019”.

Seis meses de prisión

Larrondo asegura que el Decreto-Ley 370 “institucionaliza la represión de la libertad por medio de una legislación especifica que es perversa y sofisticada”. Por ejemplo, la normativa abre la posibilidad de multar con 3.000 pesos (lo que supone entre 2,8 y 7,5 el salario medio) “por la difusión de información en redes sociales contrarias al interés social, la moral y las buenas costumbres, sin definir previamente qué son los intereses de la sociedad, las costumbres y la moral”. El Código Penal cubano establece de uno a seis meses de prisión a quienes no paguen las multas.

De esa manera, añade la ONG, la policía política cubana tiene “en sus manos una puerta de entrada que sirve como instrumento idóneo de represión de la libertad de expresión y de opinión, entre otros derechos, asegurando con ello que las fallas del sistema socialista instituido, de sus instituciones y órganos oficiales, así como la gestión de sus dirigentes, no salgan a la luz pública ni se socialicen en redes sociales, escenario en el que se fomentan análisis”.

La persecución que sufren estos cubanos “busca, además de la renuncia de derechos, mantener en mínimo al activismo crítico del sistema en todas sus variantes por medio del amedrentamiento y justificar, en el futuro inmediato, ante reales actitudes y consecuencias de impago, motivos legales para introducir a los más destacados de entre los reprimidos dentro de prisión por medio del probable delito formal identificado”.

La denuncia relata cómo durante los arrestos “las víctimas son amenazadas, intimidadas, maltratadas de obra y palabra, por el mero ejercicio de los mencionados derechos fundamentales”. “A fin de no dejar huella o rastro documental, no se entrega a las víctimas resolución administrativa escrita en la que se detallen hechos violatorios”, añade el escrito.

33 sancionados y amenazados

Prisoners Defenders ha recopilado los casos de 33 cubanos sancionados y coaccionados por ejercer su derecho a la libertad de expresión, pero asegura que “existen otras decenas de multados y amenazados que, por temor a represalias posteriores o por no estar ligados a la sociedad civil activista de los derechos humanos” han decidido no hacer pública su situación.

Entre los casos incluidos en la denuncia está el de Ovidio Martín Castellano, cofundador de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), quien desde enero de 2019 hasta mayo de este año ha sido detenido más de veinte veces y recibido maltratos “sin que jamás de forma previa haya sido citado o advertido para la aplicación de multa alguna”.

También está el caso de la periodista independiente Iliana Hernández Cardosa, que colabora con CiberCuba y es que activista de Derechos Humanos y fundadora del movimiento opositor juvenil Somos+. En los últimos 16 meses ha sido detenida en una más de una docena de ocasiones. Ileana fue una de las firmantes del documento en el que se pedía a los Reyes de España que no visitaran la isla hasta que esta no sea libre y democrática. Asimismo había interpuesto una denuncia colectiva contra las autoridades cubanas junto a otros disidentes que se encuentran privados de salir del país.

Prisoners Defenders -que se define como un grupo independiente de análisis, estudio y acción jurídica, que cuenta con la colaboración de todos los grupos disidentes de la isla y los familiares de los presos políticos- tiene en su lista de presos políticos 7 casos de activistas de derechos humanos que tienen condenas de cárcel con un período medio de 2 años y 9 meses como consecuencia de multas arbitrarias.

Además de la ofensiva de Prisoners Defenders para frenar este proceso, sesenta organizaciones internacionales y medios de comunicación se han unido al manifiesto firmado por 64 personas en el que piden que el Decreto 370 sea declarado inconstitucional. En la “Declaración contra la Ley Azote”, enviada a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, se dice que "el DL 370 es el escarmiento, la ejecución pública de aquellos con criterios propios, a quienes intenta quebrantar, ya sea obligándolos a desistir de sus denuncias u opiniones, o a abandonar el país. El excesivo monto de las multas (120 dólares, cuando un salario mínimo es de 16 dólares mensuales) haría temblar las rodillas a cualquier ciudadano, porque pocos cubanos podrían disponer de tales recursos.