La «mentira histórica» de México: ¿Quién mató a los jóvenes de Iguala?

Adiós definitivo a la «verdad histórica» del caso Ayotzinapa que investiga la desaparición de 43 estudiantes en México en 2014. El relato con el que las autoridades intentaron cerrar en falso la investigación ha quedado desacreditado con un nuevo hallazgo, el más importante en años y un paso decisivo para saber qué pasó realmente aquella noche en la ciudad de Iguala.

Esta semana el fiscal especial del caso Omar Gómez Trejo daba la noticia de que se había logrado identificar restos del estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. Los fragmentos óseos se encontraron el pasado mes de noviembre en un lugar conocido como la barranca de la carnicería, situado a 800 metros del basurero de Cocula, donde la versión oficial señalaba que todos los estudiantes habían sido asesinados y quemados. Los familiares y peritos independientes rechazaron esa versión y desde entonces exigen la verdad.

Trejo hizo hincapié en que los restos se encontraron en un lugar diferente al basurero de Cocula a pesar de su proximidad. «Es un avance de primera relevancia en la investigación. A más de cinco años de los hechos ha sido identificado un resto humano perteneciente a una de las víctimas, este además no fue tirado ni encontrado en el basurero de Cocula ni en el Río San Juan, tal y conforme a la versión que pública y judicialmente sostuvo la anterior administración» dijo Gómez el martes en un mensaje público. «Con este nuevo hallazgo…la verdad histórica se acabó».

Los huesos fueron hallados en noviembre y enviados a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para el análisis de ADN. Los resultados obtenidos fueron cotejados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que desde el principio ha acompañado a las familias y defendido que la primera investigación fue defectuosa, y estos coincidieron en que los restos pertenecen a Christian Rodríguez Telumbre.

Se trata de la segunda identificación que se ha conseguido en todo este tiempo. La primera fue la de Alexander Mora, en 2014, a cargo del mismo laboratorio austriaco, que al año siguiente analizó otros restos que podían pertenecer al normalista Jhosivani Guerrero, aunque no consiguió probarlo al 100%. El fiscal Trejo afirmó el martes que la investigación continúa y que enviarán más restos a Innsbruck para que sean analizados.

La desaparición de los 43 conmocionó al país y de facto marcó el fin del sexenio de Enrique Peña Nieto, que quedó marcado por el caso. Tras su llegada al poder en 2018, Andrés Manuel López Obrador anunció que se reabriría la investigación y prometió justicia a las familias.

La versión oficial del gobierno de Peña Nieto decía que la noche del 26 de septiembre de 2014 policías municipales detuvieron a los estudiantes en la ciudad de Iguala, en Guerrero y los entregaron a los Guerreros Unidos, un grupo local de crimen organizado. Los jóvenes fueron trasladados al vertedero de la cercana localidad de Cocula, fueron incinerados y después sus restos arrojados al próximo Río San Juan.

Los investigadores entonces dijeron que en el río encontraron restos humanos, aunque solamente uno pudo ser identificado con certeza, el de Alexander Mora mencionado anteriormente, aunque según todos los expertos independientes que vinieron a México por las dudas que se habían generado en torno al caso, esto no era suficiente para respaldar el relato oficial. Más adelante se supo que muchas confesiones se obtuvieron bajo tortura, lo que obligó a dejar en libertad a decenas de sospechosos y a rearmar el caso prácticamente desde cero.

La abogada colombiana Ángela Buitrago pertenece a ese Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó y señaló fallas en las pesquisas de la Procuraduría General de la República (fiscalía). En conversación con La Razón destaca que los nuevos hallazgos «abren una puerta muy importante para saber qué pasó esa noche y confirma que la barranca de la carnicería era un punto fundamental, como ya lo señaló el GIEI en 2015». Buitrago recuerda que solicitaron «en más de 8 ocasiones» que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) entregara información sobre ese lugar «y nunca fue posible».

«La barranca de la carnicería se convierte en la primera piedrita de lo que va a ser una gran montaña de datos y de información nueva», afirma, ya que se están verificando los seis lugares que se mencionaron en un principio y no se investigaron correctamente y otros diferentes que han aparecido con la obtención de nuevos datos. Uno de ellos es el basurero de Tepecoacuilco y otras zonas en la sierra de Guerrero.

En una entrevista con este medio hace casi un año Buitrago decía que, aunque había pasado un lustro, aún se podía conocer la verdad porque mucha gente sabía lo que ocurrió y era necesario generar espacios para que esa información saliera a la luz. «Eso es lo que está pasando ahora», afirma. «El paso del tiempo es nocivo para algunas cosas, puede hacer perder evidencias, pero también generas ventajas cuando quitas núcleos de presión que impiden saber las cosas». En este sentido, el ejército ha proporcionado «nuevo datos importantes», añade.

La actual administración de López Obrador se enfrenta dos grandes tareas. Por un lado saber con exactitud qué pasó con los estudiantes y castigar a los culpables y por otro perseguir a los que fabricaron la «verdad histórica» y llevaron a cabo una investigación basada en torturas y detenciones ilegales, como se ha demostrado, e intentaron cerrar el caso por la vía rápida.

Siguiendo esta lógica, en la última semana se han producido importantes detenciones. El viernes se confirmó el arresto de Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, dependiente de la antigua fiscalía, acusado de liderar un equipo de investigadores que torturaron a sospechosos. Zerón fue detenido en Canadá, donde había huido tras saber que era perseguido y ya se inició su proceso de extradición. Previamente fueron detenidos dos funcionarios de menor rango, que según le dijo un funcionario federal a la agencia Associated Press también pertenecían a la AIC. Uno fue arrestado en Ciudad de México y otro en Mérida.

Los últimos avances en las investigaciones abren una luz en el caso, pero suponen un duro mazazo para los padres de los 43 jóvenes. Este hallazgo les aleja de la máxima a la que se han agarrado permanentemente y que han coreado en cientos de protestas y manifestaciones: «Vivos se los llevaron y vivos los queremos». El sentimiento queda resumido en la frase que le dijo a este periódico la madre de uno de los estudiantes después de conocer que los huesos encontrados eran de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. «Pues sí nos duele, pero es la verdad». México se enfrenta a uno de sus tantos fantasmas dolorosos y enigmáticos.