Las raíces de la violencia del “narco” en Guanajuato, Jalisco y Colima

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador se fue de gira por la zona más violenta del país para tratar de revirar una crisis de seguridad que le tiene asediado. La cifra de muertos no para de crecer y va camino de un nuevo récord anual, pero en los números no termina el problema. La deriva criminal ha ido tan lejos que tiene asustado a un país que lleva años acostumbrado a contar miles de muertos.

Para ilustrar la situación sirven dos sucesos del último mes. El 26 de junio una treintena de hombres con armas de guerra estuvo a punto de matar al jefe de la policía de Ciudad de México, Omar García Harfuch, que acabó herido en el hospital con tres balazos. Aunque existen algunos precedentes, pocas veces el crimen organizado había atacado a un funcionario de tan alto nivel. Sorprendió además la preparación del atentado, lo interceptaron en su ruta matutina, la potencia de las armas y el lugar en el que sucedió. La capital mexicana hace tiempo que dejó de ser un oasis de seguridad, pero este tipo de violencia parecía reservada para otras zonas del país.

Una semana después, en el céntrico estado de Guanajuato un grupo de hombres con fusiles automáticos entró en un centro de desintoxicación y abrió fuego contra todos los presentes. Iban en busca de miembros de un grupo rival, pero no distinguieron inocentes. Mataron a 27 personas en la peor masacre de lo que va de año.

Y fue precisamente en Guanajuato donde López Obrador comenzó su gira. Luego le siguieron Jalisco y Colima, tres estados que acumulan buena parte de todos los asesinados este año en México y que además responden a la misma lógica delictiva.

Allí el presidente hizo política y se congració con los gobernadores, todos opositores, que venían cuestionando con dureza la estrategia de seguridad del Gobierno federal y denunciando abandono, mientras AMLO les pasaba la pelota a ellos por el descontrol homicida.

El gran foco rojo es Guanajuato, el estado más violento del país con 4.140 homicidios dolosos en la actual administración, desde diciembre de 2018 hasta mayo de 2020, según los últimos datos oficiales disponibles.

¿Cuál es el conflicto? El Cártel Jalisco Nueva Generación, el más poderoso del país, está en disputa con una organización local, el cártel de Santa Rosa de Lima, por dos lucrativos negocios. “El robo de combustible”, conocido como huachicol y “el control de los laboratorios de metanfetamina y heroína que están dispersos por todo el bajío, el Estado de México, Michoacán y Nayarit y las rutas de narcotráfico a Estados Unidos”, explica a LA RAZÓN, Juan Carlos Montero, analista de seguridad.

“Guanajuato se ha convertido en el centro de esta guerra por eso es que podemos explicar el número de muertes, las masacres e incluso el atentado contra García Harfusch” en Ciudad de México (el propio funcionario acusó al CJNG del ataque). La pelea que se disputa en el estado “es el epicentro de toda esta violencia”, añade Montero.

El Gobierno de AMLO ha centrado gran parte de sus esfuerzos en combatir el huachicol y ha conseguido reducir considerablemente el volumen de combustible robado, pero esa solución ha provocado otros males, según señala el experto en seguridad Alejandro Hope en una columna en el diario El Universal. “Las autoridades federales pueden haber cerrado la llave de los ductos, pero eso no hizo sino acelerar el tránsito de las bandas hacia otros delitos”, como “la extorsión” a negocios.

En el otro extremo del mismo problema está Colima, un pequeño estado de la costa Pacífico que registra la peor tasa de homicidios de todo el paísdesde que AMLO es presidente: 129 asesinatos cada 100.000 habitantes, mientras la media nacional es de 40. Por aquí ingresan los precursores químicos para producir opioides. “La amapola se cultiva en México, principalmente en el estado de Guerrero, pero son necesarios varios componentes para obtener heroína y metanfetamina, que ingresan al país por el Puerto de Manzanillo”, dice Montero.

Esos precursores salen de Colima, pasan por Jalisco, que es a su vez una zona de tránsito y el lugar donde se asienta el CJNG y llegan al centro del país por Guanajuato para llegar a los laboratorios y para engancharse a varias rutas que suben hacia la frontera con Estados Unidos.

Para los expertos Jalisco no es una gran zona de conflicto porque el cartel más grande ejerce el poder sin rival pero sí es un importante lugar de paso con un alto nivel de violencia. Ocupa el quinto lugar en la lista de estados violentos del sexenio actual con 2.802 muertos.

En el Puerto de Manzanillo, el viernes López Obrador hizo el anuncio más importante en tres días de gira: Las aduanas y puertos pasarán a manos del Ejército y la Marina porque son “enclaves de corrupción”. Es la enésima concesión que hace a las Fuerzas Armadas, en quienes confía muy por encima de los estamentos civiles de seguridad. No hubo mucho más, ni grandes medidas ni despliegues masivos, más allá de sellar la paz con los gobiernos estatales, que según los expertos, es algo más importante de lo que parece.

“La coordinación estrecha” entre el gobierno federal y estos gobernadores “no estaba consumada” según Pedro Isnardo de la Cruz, doctor en Ciencias Políticas de la UNAM, que dice que la federación manda un mensaje de unidad a los estados. “Estamos con ustedes, pero los necesitamos para desarticular los entramados de lavado de dinero y extorsión”.

Para Montero, es vital que el Centro Nacional de Inteligencia empiece a pasar información a los estados para que las cifras de muertos bajen de inmediato. “Ahora no lo hacen porque desconfían”.