El Constitucional desestima el recurso contra la extradición del opositor venezolano Rolando Figueroa

El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo presentado por el opositor venezolano Rolando Figueroa a su extradición a Venezuela, acordada por la Audiencia Nacional y ratificada por el Consejo de Ministros el pasado 21 de julio. La justicia del régimen de Nicolás Maduro reclamó a España la entrega de Figueroa en 2018 por un presunto delito de estafa, si bien la defensa considera que «estamos ante una evidente persecución política, camuflada bajo un delito común».

El Constitucional, en una respuesta de apenas seis líneas en la que no entra a valorar ningún fundamento, sostiene que el recurso planteado por el afectado no posee “la especial trascendencia constitucional” necesaria para su admisión en el citado tribunal. Una vez agotada la vía jurisdiccional en España, la defensa del Figueroa, promovida por el Despacho Oliver Abogados, ha llevado el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Rolando Figueroa llegó a España en 2017 huyendo del acoso y la intimidación de las fuerzas pro gubernamentales. Actualmente está casado con una mujer española y tiene dos hijos. En cualquier momento podría ser detenido y enviado a Caracas, donde le espera un juicio que él no duda de calificar de “farsa”. Figueroa teme que el régimen venezolano le someta a torturas físicas y psicológicas, algo que ya sucedió en el caso de opositores detenidos como el concejal Fernando Albán, que murió en octubre de 2018 tras precipitarse desde la décima planta del edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), si bien un informe policial admitió que en realidad fue un asesinato.

Ismael Oliver, letrado del opositor venezolano, confía en que la situación sanitaria en la que se encuentra Venezuela, donde esta semana se han registrado más de mil positivos por covid-19, pueda retrasar la ejecución de la medida contra su cliente hasta que en Estrasburgo haya una respuesta. La defensa del disidente confía en que el tribunal europeo tenga en cuenta las sanciones de Bruselas contra el régimen de Maduro y la delicada situación de los derechos humanos en este país, criticada por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en un informe muy duro contra el Ejecutivo chavista.

En una reciente entrevista con LA RAZÓN, Figueroa criticó la postura del Gobierno español por dar el visto bueno a una extradición de un opositor solicitada por la justicia de Venezuela, un país gobernado por un dirigente no reconocido por el Ejecutivo español, que solo considera a Juan Guaidó como legítimo presidente del país caribeño.

Figueroa considera, además, que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno, está sancionado por la Unión Europea por acciones en menoscabo del Estado de Derecho: “De nada sirve que el Gobierno español no reconozca a Maduro como presidente, pero que siga recibiendo solicitudes de un Tribunal Supremo ilegitimo y de un Ministerio Público ilegítimo presididos por funcionarios sancionados por la Unión Europea. Eso es muy contradictorio y totalmente condenable”.

Las autoridades españolas denegaron en 2019 a Figueroa elestatus de asilado por motivos políticos al considerar que su papel en el movimiento antichavista no había sido el de una figura protagonista, una decisión que fue recurrida ante la Audiencia Nacional y que aún no ha sido resuelta. Figueroa, a quién se le concedió la residencia en España por razones humanitarias, rechaza las acusaciones realizadas por una antigua jefa Mayerling Rojas en el Ministerio de Justicia de Venezuela, con quien mantuvo en 2007 discrepancias políticas y técnicas al oponerse éste “a peticiones de extradición arbitrarias”.

Años después, Rojas, una alta funcionaria que ha trabajado como asesora jurídica en la oficina del presidente Nicolás Maduro, demandó a Figueroa por un presunto delito de estafa en una operación destinada a comprar medicamentos por un coste de más de 100.000 dólares. “La única forma de perseguirme y perjudicarme era simular e inventar en mi contra un delito común a su antojo y hecho a la medida -dice el disidente sobre su ex superiora-, un expediente con sus amigos fiscales y jueces penales para perseguirme después de haber huido forzosamente del país por ser un opositor a la dictadura”.

En la citada entrevista, Figueroa dice sentirse “perseguido y aterrado por el solo hecho de ser enviado a Venezuela, en donde reina la corrupción, las torturas, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, la injusticia y la violación sistemática y flagrante de los Derechos Humanos por ser un opositor activo y colaborador de algún partido político opositor al régimen.