Fin del espejismo de Rafael Correa para volver al poder en Ecuador

El tribunal de la Corte Nacional confirma la condena del ex presidente ecuatoriano por corrupción y rechaza irregularidades en el proceso judicial

Fin de la carrera política del expresidente de Ecuador Rafael Correa. La justicia de su país ha reafirmado la sentencia que le condenó a ocho años de prisión y otros tantos de inhabilitación por el caso Sobornos y corta toda aspiración de volver al poder. Recientemente Correa había sido rechazado para aspirar a la Vicepresidencia en las elecciones de 2021 por presentar su candidatura a distancia desde Bélgica, donde reside desde que acabó su mandato en 2017, pero con este fallo la negativa será permanente.

Esta decisión de la Corte Nacional de Justicia, el máximo tribunal ecuatoriano, es definitiva y obliga a la ejecución de la sentencia que hasta el momento estaba pendiente de los recursos. Finalmente Rafael Correa tendría que ir a prisión, pero es necesario que las autoridades belgas se lo entreguen a Ecuador, algo que no es seguro que ocurra. De hecho ya existía una orden de prisión contra el mandatario que nunca se llegó a ejecutar porque Interpol no autorizó la orden de detención internacional. Aunque con una sentencia firme esto podría cambiar.

Además de Correa el tribunal ratificó la sentencia contra otros 15 implicados en el caso Sobornos, una red de corrupción tejida desde la cúpula del poder mediante la que se recibieron “aportes indebidos” para financiar irregularmente el partido oficialista Alianza País entre los años 2012 y 2016. Todo a cambio de millonarios contratos de infraestructura a empresas, incluida Odebrecht, cuya red de sobornos ha tumbado presidentes y altos cargos en toda América Latina.

Entre los condenados están varias personas cercanas a Correa en su etapa como gobernante: el vicepresidente Jorge Glas, el exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera y los exministros Vinicio Alvarado, María Duarte y Walter Solís. También los legisladores de Alianza País, Viviana Bonilla y Christina Viteri y una decena de empresarios identificados como el origen de los sobornos. La sentencia fija la reparación al Estado en 14,7 millones de dólares.

Rafael Correa ha denunciado en múltiples ocasiones que el juicio es una farsa a base de pruebas falsas. La última vez que lo hizo fue el pasado viernes, en una audiencia telemática para defender su recurso de casación ante el alto tribunal. “Jamás he permitido un soborno; es una persecución política, están destruyendo familias por perseguirme a mí. Para tratar de inculparme se han inventado nombres: arroz verde, sobornos y cuadernos escritos de un viaje de Quito a Guayaquil… Fueron manipulados esos archivos desde el 2018”, declaró desde Bélgica.

El caso fue desvelado en abril de 2019 por el portal MilHojas, que aportó las identidades de los altos funcionarios y empresarios implicados. Dos de las señaladas decidieron colaborar con la investigación: la asesora de Presidencia Pamela Martínez y su asistente Laura Terán, quienes entregaron a la Fiscalía un cuaderno y documentos de Excel en los que aparecía el registro de los pagos recibidos por servidores públicos y las transacciones a los empresarios, habitualmente con facturas por servicios no prestados o en efectivo. Las dos recibieron penas reducidas de 9 y tres meses de prisión respectivamente.