La UE alerta sobre la pérdida de “confianza” con Reino Unido

Cuando el Gobierno de Boris Johnson -que tiene mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes- presentó este miércoles en Westminster el controvertido “proyecto de ley del Mercado Interno”, a lo largo de las 54 páginas destacaba una expresión por encima de todo que se repite hasta en tres ocasiones: “a pesar de”. La normativa especifica que tendrá efecto “a pesar de cualquier ley nacional o internacional pertinente con la que pueda ser incompatible o incoherente”, ratificando así que Downing Street está dispuesto a dinamitar el Acuerdo de Retirada firmado el pasado octubre con la UE, en definitiva, el tratado internacional que facilitó el año pasado una salida ordenada del Reino Unido del club.

Y es que, ante la falta de avances en la actuales negociaciones para intentar cerrar un pacto comercial con la UE, el Número 10 se quiere cubrir ahora las espaldas tomándose la justicia por su mano en lo referente a la frontea de Irlanda, el que fue principal escollo en las negociaciones de divorcio.

Londres y Bruselas pactaron el año pasado que la provincia británica de Irlanda del Norte quedaría dentro de la unión aduanera del Reino Unido, pero, para evitar frontera dura con la República de Irlanda (miembro de la UE) quedaría también alineado con determinadas normativas comunitarias, en especial referente a bienes.

El propio ministro para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, admitió el martes que el plan gubernamental de alterar ahora ciertas disposiciones, “viola” de forma “específica y limitada” el derecho internacional. Según establece el proyecto presentado ayer en los Comunes, el objetivo de Downing Street es crear ahora una nueva Oficina para el Mercado Interno (OIM, en inglés) que supervisará el funcionamiento del comercio dentro del Reino Unido cuando concluya el periodo de transición posterior al Brexit y los británicos salgan ya a efectos prácticos de la UE.

Lewis especificó en un comunicado que la nueva normativa “asegurará un funcionamiento fluido del mercado interior” e “Irlanda del Norte continuará teniendo acceso sin restricciones a todo el resto del mercado del Reino Unido tras el periodo de transición”.

Según la nota, la legislación permitirá que los negocios norirlandeses -que según el Acuerdo de Retirada del Brexit quedarán sujetos a las normas del mercado único en bienes si no hay pacto comercial- puedan comerciar con el resto del Reino Unido “sin papeleo”.

Por otra parte, el texto legislativo también aclara que Gran Bretaña -Inglaterra, Escocia y Gales- “no estará sujeta a la normativa” europea sobre subsidios estatales a las empresas, aunque Irlanda del Norte lo esté. Y asimismo, “establece medidas razonables y limitadas para asegurar que el Gobierno pueda cumplir siempre con sus compromisos con el pueblo de Irlanda del Norte”.

Desde que se aprobó el Acuerdo de Retirada en octubre del año pasado, el llamado Comité Conjunto (formado por los “sherpas” británicos y comunitarios) ha estado tratando de analizar cómo las palabras redactadas en el Protocolo de Irlanda pueden luego funcionar en la práctica. Pero, en vez de esperar las conclusiones, Downing Street ha decidido actuar por su cuenta y riesgo.

Reaccion en Bruselas

Bruselas no se queda de brazos cruzados ante las amenazas de Londres de incumplir el acuerdo de divorcio. Como primer paso, la Comisión Europea quiere convocar un encuentro extraordinario de la comisión conjunta UE- Reino Unido para el seguimiento del pacto.

Este organismo lleva reuniéndose desde hace meses para vigilar que las dos partes cumplen lo acordado, con especial hincapié en la necesidad de poner en marcha la infraestructura necesaria para el Protocolo de Irlanda. El objetivo sigue siendo el evitar una frontera dura en el Ulster, mientras se permite el intercambio de bienes entre Reino Unido y el territorio comunitario a través de la República de Irlanda y sin menoscabar la integridad del mercado común.

Ante el chantaje británico, el vicepresidente del ejecutivo comunitario, Marcos Sefcovic -representante por parte de la Comisión Europea de este organismo - anunció este miércoles las intenciones europeas de pedir explicaciones. “Queremos que nuestros socios del Reino Unido elaboren y respondan a nuestras fuertes preocupaciones”, aseguró ayer. Sefcovic habló el pasado martes con su homólogo británico, Michael Gove y el mensaje no puedo ser más diáfano.

“Dejé muy claro que el acuerdo de retirada de Reino Unido de la UE no está abierto a renegociación y esperamos que se respete plenamente la letra y el espíritu. La comisión conjunta está ahí para asegurar la implementación adecuada y oportuna del acuerdo del Brexit, no para renegociarlo. Tengo que reiterar esto de nuevo”, explicó el vicepresidente para después mostrar su disponibilidad para una nueva cita en persona lo antes posible y en cualquier momento, dada la importancia de lo que está en juego.

La maniobra británica ha sido una sorpresa relativa. Sefcovic se había quejado en los últimos meses de la falta de progresos por parte británica a la hora de cumplir el acuerdo. Aunque todo indicaba que la falta de interés respondía a una táctica negociadora, hasta el momento Downing Street no había dado el paso de amenazar con cumplir lo pactado.

Tras una filtración al periódico Financial Times y la posterior confirmación, el ultimátum británico coincide con la octava ronda negociadora sobre la relación futura que está teniendo lugar esta semana en Londres y que parece irremediablemente abocada al fracaso, después de que no se hayan producido apenas avances en los últimos meses. Las dos partes coinciden en que el mes de octubre es la fecha límite para que pueda haber un acuerdo y evitar un Brexit caótico el próximo 31 de diciembre.

Todo indica que la confianza está rota. “Estoy muy preocupada por los anuncios del Gobierno británico sobre sus intenciones de incumplir el acuerdo del Brexit. Esto violaría el derecho internacional y socavaría la confianza. Pacta sunt servanda es la base de las relaciones futuras prósperas”, aseguró ayer vía Twitter la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.

En términos muy parecidos se ha expresado el presidente del Consejo, Charles Michel. “El acuerdo de retirada fue acordado y ratificado por las dos partes y debe aplicarse íntegramente. Romper la legalidad internacional no es aceptable y no crea la confidencia necesaria para construir nuestra futura relación”.