Boris Johnson defiende en el Parlamento la ley que ha abierto en canal a los “tories”

Boris Johnson siempre se ha movido en la fina línea que divide la verdad y mentira, lo legal de lo ilegal. Durante su época como periodista, sus crónicas, sin ser completamente inventadas, ofrecían sólo algún pequeño elemento de certeza. Y ahora que está en Downing Street, repite la misma estrategia.

El “premier” está ofreciendo una versión sesgada del Acuerdo de Retirada pactado el año pasado con Bruselas para conseguir el apoyo de Westminster a una normativa con la que quiere ahora violar el tratado internacional. En definitiva, un órdago que puede acabar saliéndole muy caro.

La Cámara de los Comunes comenzó esta tarde a tramitar el polémico proyecto de Ley de Mercado Interno. En teoría, busca garantizar el mercado sin obstáculos entre las naciones que componen Reino Unido, una vez termine el periodo de transición y los británicos salgan ya a efectos prácticos del bloque el próximo 1 de enero. Pero en la práctica, ante los pocos avances de las actuales negociaciones entre Londres y Bruselas para cerrar un pacto comercial en la era post Brexit, quiere ahora dinamitar el pacto de divorcio.

Se da por hecho que Johnson, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Baja, no tendrá problemas para pasar el primer escollo esta noche. No obstante, el “modus operandi” del inquilino de Downing Street está generando grandes tensiones entre sus propias filas y al menos 30 diputados conservadores han comenzado a poner en marcha una rebelión interna para apoyar una importante enmienda la próxima semana.

Por su parte, el enviado especial para la Libertad Religiosa del Gobierno británico, Rehman Chishti, anunció este lunes su dimisión al discrepar con el proyecto de Ley del Mercado Interno, pues en su opinión quiebra “unilateralmente” los “compromisos legales” adquiridos por este país.

La dimisión anunciada hoy por Chishti se suma a la del responsable del departamento legal del Ejecutivo, Jonathan Jones, la semana pasada y se interpreta como otra señal de las fricciones que está generando la citada propuesta de ley en el seno del Partido Conservador, donde varias figuras destacadas han expresado públicamente su desacuerdo.

Entre ellas, el ex primer ministro David Cameron, que se sumó hoy a otros exjefes del Ejecutivo británico al expresar sus “reticencias” frente a los planes de Johnson. Cameron opinó en medios nacionales que “aprobar una ley del Parlamento y después romper una obligación contractual internacional es lo último que debería contemplarse”.

También el ex fiscal general de Boris Johnson, Geoffrey Cox, acusó hoy al líder “tory”, en declaraciones a la emisora “Times Radio”, de infligir un daño “inadmisible” a la reputación internacional de este país con el controvertido proyecto.