El caso del «coleccionista de úteros» conmociona a México y EE UU

Un enfermera denuncia a un ginecólogo de un centro de detención de Georgia por la esterilización forzada de decenas de migrantes

La denuncia de una enfermera hizo saltar las alarmas en EE UU y México. Decenas de mujeres migrantes en el Estado de Georgia fueron tratadas por un ginecólogo que practicó extirpaciones de útero masivas sin consentimiento, según la acusación de Dawn Wooten, ex trabajadora del Centro de Detención de migrantes del Condado de Irwin. Las autoridades de ambos países investigan unos hechos que traen a la mente una horrorosa historia de esterilizaciones forzadas.

La enfermera Wooten presentó una queja oficial la semana pasada en la que señala las prácticas de un ginecólogo al que se refiere como «el coleccionista de úteros» por el alto número de histerectomías (extirpación total o parcial del útero) a mujeres, algunas hispanohablantes, bajo custodia del centro. La enfermera sostiene que muchas mujeres le dijeron que no habían entendido correctamente por qué tenían que someterse a la operación, que compromete la posibilidad de tener hijos. La demanda fue apoyada por las organizaciones Project South junto con la Alianza Latina por Derechos Humanos de Georgia, la Red de Apoyo de Inmigrantes del Sur de Georgia y Georgia Detention Watch.

Días después de conocerse la denuncia, las autoridades mexicanas anunciaron que ya están tras la pista del caso y están entrevistando a varias mujeres que pudieron ser víctimas. «Es algo inaceptable que rechazamos de antemano aún sin tener toda la información confirmada», dijo el ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard. «Si se confirma es una caso mayúsculo y no solo [debe] sancionarse, sino tomarse otras medidas». El jueves Ebrard detalló que por el momento han entrevistado a 20 mexicanas que pasaron por el centro de Irwin, aunque ninguna ha confirmado que se le practicara una operación de ese tipo. Aún quedan seis mujeres por entrevistar en México para concluir la investigación y «estar seguros de que no hayan sufrido alguna operación indebida durante su estancia», dijo.

Mientras, la autoridad migratoria de EE UU (ICE), la principal institución señalada, separó de sus funciones al ginecólogo acusado, el doctor Mahendra Amin, que no recibirá a más migrantes mientras se aclaran los hechos. Uno de los abogados que investiga el caso, Andrew Free, dijo que Amin atendió al menos a 60 migrantes y que tiene conocimiento de docenas de mujeres más que manifestaron sus inquietudes sobre el doctor. «Hace mucho se debió dejar de enviar mujeres con este médico», afirmó.

Aunque la denuncia de Project South y la enfermera Wooten preserva la identidad de las víctimas, ya ha trascendido la historia de una de las afectadas, Pauline Binam, de origen camerunés, a quien se le practicó una operación obstétrica sin su consentimiento que la dejó esteril. Según contó su hermana Nicole Binam al diario Milenio, la mujer, que aún permanece encerrada en Irwin, iba a ser operada de un pequeño quiste, pero finalmente le retiraron el útero sin ser informada y sin su consentimiento. Otra víctima anónima describe el centro como «un campo de concentración experimental», según el escrito. La historia de Pauline Binam adquirió notoriedad porque el miércoles las autoridades migratorias estuvieron a punto de deportarla a Camerún, a pesar de que vive en EE UU desde los dos años y tiene una hija americana, pero dos legisladoras detuvieron la expulsión cuando Binam ya estaba en un avión.

El secretario de Seguridad Nacional, Chad Wolf, bajo cuya tutela está el ICE, confirmó que se está llevando a cabo la investigación en el centro de detención de Georgia aunque algunos datos recabados en el lugar «no respaldan las acusaciones», dijo en una audiencia en el Congreso.

Este caso ha horrorizado a las sociedades estadounidense y mexicana por la extensa historia de esterilizaciones forzadas que arrastran ambos países. En 2003 la Comisión Nacional de Derechos Humanos probó que en clínicas rurales de México se obligaba a mujeres a esterilizarse bajo la amenaza de perder las ayudas del Gobierno. En EE UU, existían leyes desde principios del siglo XX que ordenaban la esterilización de personas «débiles mentales» o «mentalmente defectuosas», bajo las cuales «unas 60.000 personas fueron esterilizadas en procedimientos que hoy calificaríamos de obligatorios, forzados, involuntarios. Y bajo las justificaciones de que las personas que estaban siendo esterilizadas no eran aptas para reproducirse», dijo a CNN Alexandra Minna Stern, profesora de la Universidad de Michigan que dirige el Laboratorio de Esterilización y Justicia Social.