La Justicia francesa avala la extradición del “banquero” del genocidio de Ruanda

El Tribunal de Casación de París ha confirmado la resolución de una instancia inferior que ordena la entrega al Mecanismo Residual para los Tribunales Penales Internacionales (MTPI) del millonario Félicien Kabuga, considerado el principal financiador del genocidio de Ruanda de 1994 y uno de los individuos más buscados por estas masacres.

El magnate estaba en busca y captura de Interpol por orden de Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), que le acusa de siete cargos genocidio y crímenes contra la Humanidad por los sucesos de 1994. Kabuga fue detenido en mayo a las afueras de París, donde vivía con una identidad falsa, tras más de dos décadas huido.

La decisión del Tribunal de Casación es definitiva, aunque los abogados de Kabuga aún pueden recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para tratar de frenar ‘in extremis’ el traslado de su cliente, del que ni siquiera se sabe la edad exacta --habría nacido entre 1933 y 1935.

Kabuga, un empresario de etnia hutu, está acusado de financiar a las milicias que perpetraron la matanza de cerca de 800.000 tutsis y hutus moderados durante un periodo de cien días en 1994. Además era el presidente del comité de gestión de la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas (RTLM), considerada “la voz del genocidio”.

Los fiscales ruandeses han indicado en el pasado que documentos financieros hallados en Kigali tras el genocidio apuntan a que Kabuga usó sus compañías para importar grandes cantidades de machetes desde China que fueron usadas para masacrar a las víctimas.

Los abogados del detenido habían esgrimido su frágil estado de salud como argumento en contra de su traslado al Mecanismo Residual, el órgano que asumió los casos pendientes del TPIR cuando esté cerró en 2015 y que los juzga en Arusha, en la vecina Tanzania.

En Kigali, Naphtal Ahishakiye, secretario ejecutivo de la organización de supervivientes del genocidio Ibuka, ha señalado a DPA que el inminente juicio contra Kabuga demuestra que incluso si ha pasado mucho tiempo desde los acontecimientos, llevar a los autores ante la justicia sigue siendo vital.

“El delito de genocidio no prescribe, pero además significa que otros sospechosos que aún siguen fugados un día se enfrentarán a la justicia”, ha subrayado. “Da esperanza a los supervivientes cuando ven que aquellos que les hicieron daño se enfrentan a la justicia”, ha valorado.