Las filtraciones de los servicios secretos sacuden la política argentina

Desde los tiempos de la dictadura, Buenos Aires se volvió un territorio en el que hombres con gabardina a bordo de un Falcón pinchaban teléfonos y se llevaban a estudiantes en mitad de la noche. Recorrían los bajos fondos camuflados por la niebla del riachuelo. Después llegaron los tiempos modernos donde Antonio Horacio Stiuso, ex agente de inteligencia argentino que hizo carrera como responsable de contrainteligencia en la SIDE, hizo temblar los cimientos de la era K.

De por medio hubo atentados a las sedes judías, y el asesinato del fiscal Alberto Nisman que investigaba tales causas. Y cada presidente, pero también alcaldes como Mauricio Macri, utilizaron a los servicios secretos a su antojo. Pero la avaricia tiene un costo y como ocurrió con la CIA, estos cuerpos tomaron independencia y obraron a su antojo. Se convirtieron en criaturas indomables. Sin embargo este guión parece sacado de una episodio de “Misión Imposible”.

Las identidades de doce agentes argentinos activos en el extranjero fueron filtradas, junto con documentos que dan cuenta de convenios secretos del país trasandino con otras naciones como Estados Unidos, España, Bolivia y Paraguay.

Según informa el diario “Clarín”, la filtración ocurrió mediante un documento enviado por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, que no habría tomado los resguardos necesarios para asegurar la confidencialidad de la información.

Se trata de la mayor filtración de datos de inteligencia en Argentina desde el fin de la dictadura, y preocupa particularmente por presentar un riesgo para los agentes y sus familias, así como a personas en el extranjero que confiaron en los agentes expuestos.

Uno de los espías en cuestión había sido enviado hace 15 años a Líbano, donde opera el grupo terrorista Hizbulá, acusado del atentado contra la Asociación Mutual Israelí Argentina en Buenos Aires en 1994, que dejó 86 muertos incluyendo al perpetrador.

Otras asignaciones incluyen Francia, Reino Unido, Rusia, España, Bolivia, Alemania, Perú, Venezuela, Paraguay y Colombia. Según el diario, muchos siguen sobre el terreno, pero desde la AFI aseguraron que ya muchos habían sido repatriados en septiembre, incluyendo e de Líbano. Solo quedaría uno en el exterior. “No deja de ser grave la situación, pero hay que ser precisos”, sostuvo una fuente oficial citada por “Clarín”.

El documento también detalla la estructura orgánica de la AFI, incluyendo nombres e identificaciones de quienes han ostentado altos cargos durante los últimos años, además de los nombres de 2.000 espías y ex agentes.

Entre los convenios secretos filtrados, se incluye uno “entre la AFI, el Ministerio de Seguridad, la Dirección Nacional de Migraciones y el Centro de Detención de Terroristas de Estados Unidos; el Memorándum de Entendimiento entre la AFI y el Centro Nacional de Inteligencia de España; el Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay y la AFI; y el Acuerdo en Materia de Seguridad entre la AFI y el Ministerio de Gobierno de Bolivia, a través del Comando General de la Policía Boliviana”.

Ninguno de esos países habría dado su consentimiento a la publicación de los documentos. A partir de la crisis de confianza causada por esta filtración, Caamaño fue citada a declarar durante esta semana en el Parlamento argentino para dar cuenta de cuál sería su responsabilidad en la filtración de los documentos.

La filtración se suma a otra revelada una semana antes, respecto de 3.850 resoluciones de la AFI datados entre 2016 y 2018, con los datos personales de más de 100 espías, todo esto en el marco de una causa por espionaje ilegal a 24 dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas e incluso sacerdotes villeros que trabajan en las barriadas.

Macri, de espía a espiado

Las filtraciones incluso afectaron al ex presidente Mauricio Macri, cuya información privada fue subida al sistema de la Justicia por los fiscales federales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. En concreto, se publicaron sus números de tarjeta de crédito, de teléfonos personales y laborales, la dirección de su residencia y su oficina, contraseñas para varias plataformas, como Facebook y hasta Netflix.

Incluso, se filtraron datos tan detallados como su número de calzado, la fecha y hora de su nacimiento, su usuario y contraseña en Mercado Pago/Libre, la fecha de vencimiento de su permiso de conducir, los datos de su pasaporte y visa para ingresar en EE UU, el modelo y patente de la camioneta que utiliza, la clave de su iPad y su pin de Blackberry.

La Justicia argentina procesó en agosto a dos altos jerarcas de inteligencia durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), acusados de actividades de espionaje ilegal sobre la ex mandataria (2007-2015) y actual vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Además, el juez federal Juan Pablo Auge investiga supuestas actividades de vigilancia prohibidas, realizadas en 2018 sobre Kirchner y el Instituto Patria, el centro de estudios y actividad política de la vicepresidenta de centro izquierda situado a unos 300 metros del Congreso. Este expediente es uno de varias causas judiciales abiertas por espionaje ilegal durante el mandato de Macri, que afectó a 400 periodistas, dirigentes gremiales, sociales y políticos, incluso aliados del ex presidente.

De hecho, Macri ya fue procesado por espionaje ilegal cuando era alcalde de Buenos Aires (2007-2015), pero fue sobreseído dos semanas después de asumir la Presidencia en diciembre de 2015.