La policía registra el domicilio del ministro de Sanidad francés por la gestión de la pandemia

El alcance de las pesquisas también llega a su predecesora en el cargo y al ex primer ministro Édouard Philippe. Francia registra un récord de 30.621 contagios en un solo día

La Policía francesa ha registrado este jueves el domicilio y las oficinas del ministro francés de Salud, Olivier Véran, en el marco de una investigación sobre la gestión de la crisis sanitaria. Véran figura entre los ministros y exministros de Macron que están siendo investigados por su respuesta a la pandemia, tras las denuncias de varias víctimas de la covid-19 que consideran que se demoraron en sus acciones para frenar la propagación del virus.

La Policía también registró el domicilio del director general de Salud, Jérôme Salomon. El primer ministro, Jean Castex, también está siendo investigado en este marco, así como su predecesor, Édouard Philippe, y la ex ministra de Sanidad Agnes Buzyn. En cualquier caso, ninguno de los investigados ha sido aún imputado ni tampoco hay todavía una fecha fijada para su posible interrogatorio.

Explicado de forma prosaica, los investigadores tratan de saber si todos estos responsables políticos tuvieron conocimiento de medidas sanitarias adecuadas que voluntariamente no quisieron tomar en su momento. Hasta el momento, han sido remitidas un centenar de demandas a la corte de Justicia de la República contra miembros o ex miembros del Gobierno francés. Este tribunal es el único organismo competente en Francia para juzgar a miembros del Ejecutivo por el ejercicio de sus funciones dado su estatuto de aforados.

Las denuncias contra los miembros del Gobierno a cargo de la gestión del coronavirus las formalizaron médicos, asociaciones y ciudadanos particulares. Airé Allimi, el abogado de uno de los demandantes, el sindicato sanitario Inter Urgences, explicó en la emisora BFMTV que uno de los objetivos de la demanda es “determinar quién es el responsable de la ausencia de material” protector en los primeros momentos de la crisis.

Como otros países, Francia sufrió en los primeros meses de pandemia una carencia grave de mascarillas y otros materiales protectores. La investigación judicial debe determinar si existió el delito de dejación de funciones, penado con hasta dos años de cárcel y multas de hasta 30.000 euros. En esta fase de la instrucción todavía no se han llevado a cabo interrogatorios, con lo que en principio la eventual imputación de las personas investigadas no debería producirse todavía.

Los registros se producen el mismo día en que ocho organizaciones representativas del personal sanitario han convocado una jornada de huelgas y movilizaciones para protestar por la falta de medios personales para hacer frente a la presión de la epidemia. Los sindicatos reclaman la contratación de más personal cualificado, la apertura de camas que permita limitar el agobio de los servicios de urgencia o un aumento salarial de al menos 300 euros por mes.

La información sobre este espectacular procedimiento judicial llega unas horas después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, anunciara la imposición de un toque de queda nocturno durante al menos cuatro semanas en la región de París y en otras ocho áreas urbanas para intentar contener la escalada de contagios de covid-19.

Estado de emergencia sanitaria desde el sábado

Para poder tomar estas decisiones, el estado de emergencia sanitaria ha sido declarado mediante un decreto y entrará de nuevo en vigor, tal y como pasó durante el confinamiento, a partir del sábado. Este estado es el marco legal que permite al Gobierno adoptar decisiones contundentes que afecten a la movilidad ciudadana, incluidos los toques de queda nocturnos anunciados.

Además, el registro ha tenido lugar unas horas antes de que Véran tuviera que comparecer ante la prensa, junto con el primer ministro y otros miembros de su Gabinete, para detallar la letra pequeña de dichas medidas anunciadas la víspera por el presidente. Preguntado sobre la investigación judicial y sus posibles efectos en su equipo, Castex no quiso “comentar las decisiones de una autoridad judicial”, pero aseguró su “confianza total” en su ministro de Sanidad que, agregó, “goza de la presunción de inocencia”.

Las nuevas medidas anunciadas por el Ejecutivo galo llegan después de que el pasado martes un grupo de expertos designado por Macron presentase las conclusiones provisionales de su informe sobre la gestión de la crisis por parte del Gobierno. El documento señala “fallos manifiestos de anticipación, de preparación y de gestión”, pero también constata que en lo que respecta a la mortalidad, Francia se sitúa en una posición intermedia respecto a otros países europeos.

Francia levantó el estado de emergencia en julio, después de un descenso en el número de casos de covid-19, pero desde entonces el país ha reportado rebrotes y un constante aumento en los contagios. Este jueves, el Ministerio de Salud anunció la cifra récord de 30.621 contagios en un solo día, así como 88 fallecidos. Hasta el momento, el Hexágono registra 820.017 contagios acumulados y un total de 33.056 muertes, según el conteo independiente de la Universidad Johns Hopkins.