El equipo de Trump se lanza a recaudar 60 millones para las demandas por fraude

Al presidente republicano Donald Trump todavía le quedan algo más de dos meses de mandato, tiempo suficiente para seguir tomando decisiones tan importantes como la de contratar o destituir a altos cargos de su Administración. El primer ejemplo de esta situación ha sido el anuncio del despido del número uno del Pentágono, Mark Esper, y la designación de su sustituto como nuevo secretario de Defensa, el hasta ahora director del Centro Nacional de Contraterrorismo, Christopher C. Miller.

Hace unos días circuló el rumor en Washington de que Mark Esper había presentado su carta de renuncia a Trump al conocer el resultado de su derrota en las elecciones del pasado martes, en un intento de restaurar su imagen como secretario de Defensa cercano al presidente y desmarcarse de su saliente línea política que parece haber emprendido el actual inquilino de la Casa Blanca.

De hecho, algunas de las decisiones más polémicas del ex magnate neoyorquino obligaron a Esper a justificar la posición del Pentágono, bajo una gran presión social y mediática, al margen de la Administración Trump cuando este verano la ola de protestas raciales por la muerte del afroamericano George Floyd en Mineápolis se extendió por todo el país. Entre las acciones más conflictivas de ese episodio destacó la polémica salida del presidente frente a la Casa Blanca, con la Biblia en la mano y ante una concentración pacífica, que acabó sufriendo los efectos de gases lacrimógenos y el uso injustificado de la fuerza policial por parte de las autoridades policiales.

El mismo día que Estados Unidos sobrepasaba la alarmante cifra de 10 millones de contagios por covid-19 y anunciaba el presidente anunciaba la destitución del secretario de Defensa, su campaña seguía poniendo en marcha diversas acciones legales con el fin de prolongar su permanencia en el poder. Trump emprendió la semana pasada acciones legales en varios estados del país, apenas unas horas después de la frenética noche electoral y con la urgencia de paralizar el recuento de votos emitidos de manera anticipada, que auguraba una victoria para su rival Joe Biden.

El equipo de Trump estaría intentandodemostrar que se ha producido fraudeo algún tipo de violación en el proceso de recuento de votos por correo, con un récord de participación sin precedentes en estas presidenciales por la pandemia de coronavirus, y poder así justificar su derrota o, incluso, seguir aferrándose al poder.

En redes sociales también circulaba estos días otro mensaje del vicepresidente Mike Pence pidiendo ayuda y recaudando fondos para que Trump disponga de «todos los recursos apropiados para proteger los resultados» de las elecciones y permitir «cuatro años más de increíble liderazgo del presidente».Y es que poner en marcha esos mecanismos judiciales le va a salir muy caro al equipo de campaña de Trump, que valora en cerca de 60 millones de dólares la cantidad que necesitaría para cubrir los gastos de dicha batalla legal. Con esa finalidad, los republicanos ponían en marcha este proceso judicial horas después de la histórica cita en las urnas, sin esperar a que los estados decisivos cumplieran con el plazo de recuento de votos.

El abogado personal de Donald Trump y una de sus personas de confianza, Rudy Giuliani, denunciaba sin descanso el fraude electoral estos días, especialmente en el decisivo estado de Pensilvania que le dió la victoria a los demócratas, y acusaba a los medios de comunicación de ser los responsables de pronosticar la elección de Joe Biden como presidente electo antes de que los resultados del conteo estuvieran confirmados.

La prioridad del equipo de Trump es conseguir que el caso llegue al Tribunal Supremo si se demostrara, con pruebas, que alguna de esas denuncias son ciertas. La máxima institución judicial tendría la última palabra en la resolución del caso, con la valoración de sus 9 magistrados, 6 de ellos conservadores. Una mayoría que podría jugar a favor del actual presidente, ya que ha designado personalmente a la mitad de esos jueces conservadores del Supremo.

Además de la puesta en marcha, en tiempo récord, de una plataforma de recaudación de fondos para cubrir los gastos de la batalla legal de Trump contra el presidente electo Joe Biden, su equipo de campaña, con sede en el estado de Virginia, también ha habilitado una línea telefónica para atender llamadas de testigos de posible fraude electoral. Pero lo que más han recibido, hasta ahora, son las bromas de miles de usuarios que después publican sus intervenciones, previamente grabadas. La avalancha de llamadas telefónicas de bromistas ha sido tal que el equipo de Trump se ha visto obligado a cambiar el número de teléfono en varias ocasiones para evitar saturar las líneas con falsos testimonios y mofas.

“Trump”, en oferta

Diversos medios de comunicación estadounidenses se han hecho eco de esta noticia, dando a conocer ejemplos de algunas de esas bromas recibidas. La consulta de qué hacer con denuncias de sobres en blanco con más de 100.000 papeletas de sospechosos votos por correo o la sospecha de haber permitido a una señora mayor votar por el propio Trump en dos lugares distintos a la vez, destacan entre muchos otros ejemplos de esas burlas.

La línea telefónica directa, establecida por el equipo del Partido Republicano en los cuarteles generales de Virginia para recopilar pesquisas de presuntas historias personales de votantes que hayan presenciado algún tipo de fraude electoral en la jornada del 3N, se ha vuelto un nuevo escenario de atención para el equipo de campaña de Trump, que trata de aferrarse contrarreloj a cualquier indicio que justifique la batalla legal puesta en marcha para evitar su derrota.