Qué hay detrás de la entrega de EEUU a México de Salvador Cienfuegos, el zar de la droga

México amenazó a su vecino con represalias si no retiraba los cargos contra el todopoderoso ex ministro de Defensa, detenido en octubre en Los Angeles por narcotráfico

En una decisión sin precedentes, el Gobierno de Estados Unidos ha decidido retirar los cuatro cargos de drogas y lavado de dinero contra el exministro de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos y entregará la investigación a México, con el argumento de que las consideraciones “delicadas” de política exterior superaron el interés en presionar el caso.

Este ex ministro del Gobierno de Enrique Peña Nieto entre 2012 y 2018 ha sido el primer militar mexicano de alto perfil acusado de tráfico de drogas por las autoridades de Estados Unidos, tras ser detenido el 15 de octubre en el aeropuerto internacional de Los Angeles, en California. En su escrito, la administración de EEUU sostiene que le resulta más provechoso mantener la relación de cooperación con México que perseguir a este ex general que durante años fue el zar antidrogas de México. La sorprendente decisión de desestimar los cargos en este caso políticamente tan explosivo se anunció en un comunicado conjunto el martes del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía General de México.

La detención de Cienfuegos enfureció a la élite política y militar en México, donde muchos altos mandos no daban crédito del calado de la operación contra el todopoderoso general, quien durante años había trabajado en estrecha relación con Estados Unidos. Ningún funcionario mexicano estaba al corriente de la acusación formal cuando el general fue detenido.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, amenazó públicamente con revisar los acuerdos de cooperación que permiten a los agentes antinarcóticos de la DEA de EEUU llevar a cabo operaciones en México. De hecho, fue la DEA la que ejecutó la operación en secreto contra el ex ministro.

La DEA tiene abiertas oficinas en Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales, Hermosillo, Monterrey, Matamoros, Mazatlán, Guadalajara, Mérida y Ciudad de México. La mayoría de ellas están establecidas desde las décadas de los setenta y ochenta en los consulados estadounidenses. Sin embargo, en los últimos años la confianza entre la agencia antidrogas de EEUU y las autoridades mexicanas se ha deteriorado. “Los mecanismos actuales de cooperación bilateral en materia de seguridad están rotos y completamente rebasados”, ha dicho Carlos A. Pérez Ricart, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en Ciudad de México.

A juicio de este experto, “la detención del general Cienfuegos en Estados Unidos debe leerse en este contexto de desconfianza y molestia por parte de la DEA por el desinterés del gobierno de México en permitir una influencia extendida de la agencia en la forma en que se piensa, ejecuta y evalúa la política antinarcóticos en México”. Pérez Ricart cree que la detención de Cienfuegos fue “un tiro en el pie y daña los fundamentos de la relación bilateral”. “¿Qué mando mexicano querrá colaborar con la DEA cuando sabe que su teléfono podría estar intervenido? ¿Puede darse algún grado de cooperación en un ambiente de desconfianza estructural?”, se pregunta.

Cienfuegos fue descrito por la DEA como El Padrino. En los cargos de EEUU se le acusaba de manufactura, distribución e importación de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, cuando estaba al frente de Defensa. También se incluyen acusaciones por lavado de dinero. Según la fiscalía en EEUU, el general Cienfuegos recibió sobornos del llamado Cartel H-2, una célula del clan de los Beltrán Leyva que operaba en Nayarit y en Sinaloa. A cambio, permitía que “operara con impunidad en México”, según los fiscales federales.

Cienfuegos impidió que se llevaran a cabo operaciones militares contra ese clan, atacó a sus rivales y le permitió enviar cargamentos de droga al país del norte según se menciona en la acusación. Cienfuegos podría haber enfrentado una condena de cadena perpetua en EEUU, justo lo que muy pocos en el Gobierno de Obrador querían.

Durante la gestión de Cienfuegos al frente de Defensa, diversas ONG denunciaron los mayores índices de letalidad del Ejército contra la población civil en el combate contra el narcotráfico. Los militares mataban a ocho personas por cada herido. México afianzó su posición de país ultraviolento y varios expertos tildaron la actuación de los uniformados como de ejecuciones extrajudiciales.

“Se le imputan delitos cometidos en México, por qué tiene que ser interrogado en el extranjero Unidos”, dijo el canciller Marcelo Ebrard sobre la captura del ex ministro en EEUU, quien añadió: “Hay confianza en las instituciones mexicanas, entonces, que venga el general y sea la Fiscalía General de la República la que determine”. Tras el anuncio de EEUU de enviar a Cienfuegos a México, Ebrard suspiró aliviado: “Es un acto que vemos con simpatía. No es el camino a la impunidad sino un acto de respeto a México y a sus Fuerzas Armadas".

El ex general de 72 años, acusado de usar su poder para proteger a una facción del cártel de drogas de Beltrán-Leyva en México mientras ordenaba operaciones contra sus rivales, había aceptado regresar voluntariamente a México si Estados Unidos desestimaba el caso en su contra.

Hace once meses también se produjo un duro golpe contra el narco en México con la detención de Genaro García Luna, que había sido jefe de la Agencia Federal de Investigación de México entre 2001 y 2005 y durante los seis años siguientes, secretario de Seguridad Pública de México. El alto funcionario fue acusado en Nueva York de aceptar sobornos mientras estaba en el cargo para proteger al cartel de drogas de Sinaloa.