La batalla legal de Trump por fraude naufraga en los tribunales

El juez Matthew Brann, magistrado federal de Pensilvania, ha triturado la demanda interpuesta por la campaña electoral de Donald Trump para impedir que Pensilvania oficialice el resultado del 3 de noviembre. El hombre encargado de defender la demanda fue nada menos que Rudy Giuliani, ex fiscal, ex alcalde de Nueva York, abogado del presidente y arquitecto de su campaña de denuncia de una suerte de colosal conspiración que habría alterado los comicios presidenciales.

Pero el magistrado Brann no parecía impresionado por sus argumentos sobre supuestas irregularidades en el voto por correo. Giuliani le pedía al juez que tirara a la basura millones de votos. En opinión del juez la demanda carecía de toda base. Los abogados de Trump habrían sido incapaces de presentar ninguna prueba. «Uno podría esperar que al buscar un resultado tan sorprendente», escribe el juez en su sentencia, «el demandante vendría formidablemente armado con argumentos legales convincentes y pruebas fácticas de corrupción desenfrenada».

Pero, concluye, «eso no ha sucedido». «En los Estados Unidos de América», añade, las denuncias de los litigantes, y su incapacidad a la hora de producir evidencias, «no puede justificar la privación del derecho a voto de un solo votante, y mucho menos de todos los votantes de su sexto estado más poblado. Nuestra gente, leyes e instituciones exigen más». En Pensilvania Biden ganó por 80.000 votos. Sus 20 votos electorales son definitivos.

Este revés legal es el último de toda una larga serie de revolcones ante los tribunales sufridos por la campaña de Trump desde que el todavía presidente proclamó que el país fue objeto de una operación de fraude sin parangón en la historia. En Arizona, donde el demócrata ganó por 11.000 papeletas, tres juzgados distintos han fallado contra las pretensiones de la campaña de Trump. En uno de los casos los abogados de Trump habían pedido un recuento manual de las papeletas depositadas en Phoenix. Como consecuencia de este nuevo recuento pedían que fuera retrasada la certificación de los resultados en el condado de Maricopa.

El 13 de noviembre los propios abogados de la campaña de Trump reconocieron ante el juez que los votos en cuestión no eran suficientes para alterar los resultados electorales de Arizona. El juez desestimó el caso.

En Nevada, donde Biden ganó por 33.000 votos, la juez federal Gloria Sturman desestimó este mismo viernes paralizar la certificación de los resultados. La juez afeó a los litigantes unas pretensiones que juzgaba hiperbólicas. «Me está pidiendo que arroje 1,4 millones de votos ante la posibilidad de que entre 250 y 8.000 personas no deberían de haber votado», dijo.

Tampoco han llegado a ningún sitio las demandas ante los tribunales argumentando que los observadores republicanos no tuvieron un acceso adecuado al recuento en Filadelfia, Detroit y otras ciudades. Uno tras otro los jueces sentenciaron que no hay evidencia de que los observadores republicanos fueran privados de sus derechos. El tribunal Supremo de Pensilvania falló en Filadelfia que los funcionarios «permitieron a los representantes de los candidatos observar que la Junta realiza sus actividades según lo prescrito en el Código Electoral».

La otra vía ensayada por Trump pasa por que los legisladores estatales, aduciendo las teóricas irregularidades, no certifiquen el resultado electoral y elijan ellos, a despecho del recuento, los electores para representar al Estado. Esa es, por ejemplo, la maniobra planeada para Michigan, donde Biden ganó por 155.629 votos. Para lograr este resultado el presidente no ha dudado tanto en telefonear a los dos republicanos miembros de la Junta Electoral del condado de Wayne, Monica Palmer y William Hartmann, que debían de hacer oficial los resultados en su condado.

También convocó a la Casa Blanca a dos de los oficiales de la Junta Electoral del Estado, que son los encargados de certificar el ganador de los comicios, el líder de la mayoría republicana en el senado local, Mike Shirkey, y el presidente del Congreso de Michigan, el también republicano Lee Chatfield.

Una de las abogadas de la campaña de Trump, Jenna Ellis, ha escrito en Twitter que si la junta estatal se niega a certificar el resultado «el legislador estatal republicano seleccionará a los electores». Sostiene Sidney Powell, abogada del equipo de Giuliani, que «lo que realmente estamos tratando aquí es la influencia masiva de dinero comunista a través de Venezuela, Cuba y probablemente China y la interferencia con nuestras elecciones en los Estados Unidos».

En cuanto a Georgia, donde hubo un segundo recuento, a mano, y donde habrá un tercero, y donde la diferencia en favor de Biden es de 2.475.141 a 2.462.857 votos, Giuliani afirmó que «el recuento que se está haciendo en Georgia no nos dirá nada porque estos votos fraudulentos simplemente se volverán a contar». El secretario de Estado, el republicano Brad Raffensperger, anunció tras el segundo recuento Trump había subido en cerca de 2.000 papeletas. Pero la ventaja de Biden es de 12.000 votos.

Sin dar la vuelta al resultado en múltiples estados, algo extremadamente improbable, Trump no podrá impedir que Biden asuma la presidencia el próximo 20 de enero, y las vías para lograrlo se cierran con cada día que pasa. El equipo de Trump solo tiene hasta el 8 de diciembre para desarrollar su estrategia legal, porque ese día todos los estados deberían haber resuelto cualquier disputa y el gobernador de cada territorio debe enviar los resultados certificados al Congreso. Algo de aliento le llega a Trump desde el exterior. El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró ayer que no felicitará al ganador de las elecciones en Estados Unidos hasta que termine el pulso político y judicial entre el presidente electo, Biden, y el actual inquilino de la Casa Blanca.