Periodistas, profesores y redes sociales, en el punto de mira de Putin

Rusia se ve amenazada desde el exterior, el Estado tiene que contraatacar rápidamente. Ése es el mensaje central de varios proyectos de ley que se han lanzado en la Duma estatal en los últimos días. La mayoría de las iniciativas apuntan a aislar aún más a Rusia y significarían restricciones adicionales para la sociedad civil y los políticos de la oposición, en la línea de regulaciones aprobadas anteriormente por el presidente Vladimir Putin.

Desde hace años, quien sea políticamente activo en Rusia y reciba dinero del exterior tiene que inscribirse en un registro estatal como “agentes extranjeros”. Toda persona u organización ahí registrada está obligada a enviar a las autoridades informes periódicos sobre sus actividades y gastos operativos. La controvertida designación de “agente extranjero” insinúa la atribución de actividades de espionaje, aunque hasta ahora ha afectado, sobre todo a ONG y medios de comunicación internacionales.

Ahora se pretende una extensión de esta norma, iniciada por el comité en el Consejo Federal, la cámara regional del Parlamento ruso, que es responsable de proteger la soberanía estatal de interferencias externas.

Según el borrador del nuevo proyecto de ley, todos los ciudadanos y grupos de Rusia políticamente activos y que reciban apoyo financiero del exterior deben catalogarse como “agentes extranjeros”. Se extiende así el supuesto a una amplia gama de personas individuales, a las que se podría negar trabajar para la administración pública o tener acceso a documentos confidenciales. Si se presentaran a las elecciones, estos candidatos tendrían que identificarse públicamente como “agentes extranjeros”.

Los periodistas extranjeros acreditados en Rusia podrían también ser incluidos en esta categoría. Además, se podría obligar a los medios rusos a citar en sus informaciones a las organizaciones o personas afectadas por la regulación como “agentes extranjeros”.

Natalia Priluzkaja, de Amnistía Internacional en Rusia, habló de una “nueva caza de brujas contra las organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos”. Otros activistas de derechos humanos también critican la medida como un medio más de ejercer presión sobre la sociedad civil.

Otras nuevas regulaciones están dirigidas a redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter. Según sus propias declaraciones, los parlamentarios quieren actuar contra “la censura en internet”. Si los medios rusos se ven restringidos por los plataformas extranjeras, se podrían imponer multas y bloqueos parciales o totales de dichas redes sociales en Rusia. Después de consultar con el Ministerio de Asuntos Exteriores, la autoridad para establecer estas sanciones sería el fiscal general de Rusia.

Pero resulta dudoso que plataformas como YouTube puedan ser completamente bloqueadas en Rusia. Eso afectaría a muchos ciudadanos rusos, advirtió el presidente del comité presidencial de Derechos Humanos, Valery Fadeev. Sin embargo, Fadeev estuvo de acuerdo con el proyecto de ley. Se necesita un “debate serio” sobre cómo proteger a “los medios y usuarios rusos de ser censurados por los gigantes tecnológicos estadounidenses”, dijo. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también declaró que hay que oponerse resueltamente a “acciones discriminatorias de plataformas de internet extranjeras contra clientes rusos”.

Más control educativo

También se prevén medidas más estrictas en el ámbito de la educación. Se deben tomar medidas contra la “propaganda antirrusa” en las escuelas y entre los estudiantes, de acuerdo a un comunicado. La cooperación internacional con instituciones educativas rusas podría verse afectada.

Otra sugerencia prevé que los maestros sean despedidos si se involucran en una “agitación” (un término que no está claramente definido) o si incitan a actos “inconstitucionales”. Esto crea “aún más margen para el despotismo” y la denuncia, expresó el activista de derechos humanos y periodista Nikolaj Swanidze en una entrevista con la agencia de noticias Interfax.

Por último, se restringirá aún más la libertad de reunión en Rusia. Aquellos que quieran organizar manifestaciones en el país no pueden recibir fondos del exterior, entre otras cosas, según el proyecto de ley. Incluso las protestas individuales, una forma de crítica cada vez más extendida en Rusia, deberán ser reguladas con el objetivo de evitar que se organicen una tras otra.