El régimen de Venezuela ganará las elecciones y por mucho

“Vamos a rescatar la Asamblea Nacional”, cantan Chucho y Omar Acedo, un dúo pop contratado por el régimen venezolano para generar entusiasmo por las próximas elecciones parlamentarias. Su pegadiza oda al gobierno, transmitida repetidamente en los medios estatales, lo hace parecer simple. “Se acerca un futuro con grandeza … La felicidad y la esperanza están regresando”, canta la banda a ritmo latino.

La primera afirmación probablemente sea correcta. La Asamblea Nacional es la única rama del gobierno que aún está controlada por la oposición al régimen autoritario de Nicolás Maduro. En unas elecciones que se celebrarán el 6 de diciembre, el partido gobernante socialista, el PSUV, lo desalojará. El régimen ha tomado medidas para garantizar que no pueda perder. Ha cimentado su control sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los músicos pop no son el único medio de garantizar que la participación sea alta y a favor del régimen. “No quiero votar, pero tengo que hacerlo por mi trabajo”, dice un empleado del Ministerio de Turismo. Tiene la intención de emitir su voto para el PSUV porque asume que no es un secreto y teme perder su trabajo si muestra deslealtad. La mayor parte de la oposición está boicoteando las elecciones, con el argumento de que están amañadas. Un último intento de la Unión Europea de retrasar la convocatoria seis meses para crear las condiciones para unas elecciones justas (como tener una CNE) llegó a nada.

Aunque el resultado está predeterminado, la votación será importante. La toma de posesión de la Asamblea Nacional por parte del régimen será un gran paso en su marcha hacia la dictadura total. Despojará a Juan Guaidó de su trabajo como presidente de la legislatura. Como titular de ese cargo, afirma ser el presidente legítimo de Venezuela, con el argumento de que Maduro ganó la reelección de manera fraudulenta en 2018. Esa afirmación es reconocida por más de 50 países, incluido Estados Unidos, varias democracias latinoamericanas y casi todos los Estados miembros de la UE.

Guaidó perderá el puesto justo antes de que Joe Biden asuma la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero. La nueva administración estadounidense y sus socios deberán reconsiderar su enfoque para restaurar la democracia en Venezuela.

El control actual de la oposición sobre la legislatura se produjo accidentalmente. En 2015, el régimen “bolivariano” de Venezuela, en el poder durante 16 años, estaba tan convencido de que ganaría las elecciones celebradas ese año que no hizo suficientes trampas para asegurar la victoria. Se perdió claramente, especialmente en los barrios pobres que un día fueron su fortaleza. Los venezolanos culparon con razón a Maduro por una recesión severa (que estaba a punto de empeorar), una alta inflación (que pronto se convertirá en hiperinflación) y la escasez de productos básicos.

La coalición de partidos de oposición que ganó el control de la legislatura debería haber podido controlar al régimen. Pero Maduro, aunque reconoció su victoria, ignoró sus consecuencias. El Tribunal Supremo títere vetó todas las leyes aprobadas por la Asamblea. Finalmente, lo reemplazó con una Asamblea Constituyente con sello de goma.

El Parlamento siguió siendo una amenaza para el régimen, especialmente después de que Maduro comenzara un segundo mandato de seis años en 2019. Su reelección amañada le dio a Guaidó motivos constitucionales para asumir la presidencia interina en enero de ese año. La Administración de Donald Trump endureció las sanciones, buscando negar a Venezuela los ingresos del petróleo, su principal exportación. La esperanza era que los venezolanos enojados, unidos por las Fuerzas Armadas, cambiaran su lealtad a Guaidó en unas semanas. Pronto seguirían elecciones nacionales justas.

Veintiún meses después, la oposición está desacreditada y dividida. Las Fuerzas Armadas no han desertado. El régimen parece atrincherado. Algunos componentes de la oposición participarán en las elecciones legislativas, pensando que es mejor tener el poder que no comprar nada. Los aliados de Guaidó planean un referéndum en contra de la votación, que se realizará principalmente online.

Los venezolanos son más pobres que nunca. A las sanciones estadounidenses se suman a años de mala gestión económica por parte del régimen bolivariano. Desde 2017 le han costado al Estado venezolano entre 17 y 31 mil millones de dólares en ingresos, estima la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), un grupo de expertos. Eso es entre un tercio y la mitad de la reducción de este año PIB. Solo este año el gobierno ha tenido que recortar sus importaciones a la mitad, empeorando la miseria.

Los efectos los sienten personas como Alicia Hernández, una ex abogada de Ciudad Bolívar, en el sur de Venezuela, que camina hasta 20 kilómetros al día para buscar combustible y comida para sus hijos. En la opulenta ciudad petrolera de Maracaibo, en la costa norte, los residentes fabrican gasolina casera a partir del crudo robado. El éxodo de venezolanos desde que Maduro asumió la presidencia en 2013 ha llegado a cinco millones de personas, una sexta parte de la población, el mayor movimiento de este tipo en Sudamérica.

Ahora, a pesar de su catastrófico historial en el cargo, espera poder sin trabas. Una vez el PSUV gana la elección de la Asamblea, elegirá a uno de los suyos para presidirla. Guaidó perderá su título el 5 de enero, cuando finalice el período de la actual legislatura. Sus aliados lo niegan. La próxima votación “no es una elección”, declara Leopoldo López, mentor de Guaidó, exiliado en España. “La Asamblea Nacional no está siendo reemplazada. Simplemente habrá una continuación de lo que ya está establecido constitucionalmente “.

De hecho, la Constitución de Venezuela no especifica qué debería suceder si el mandato de una legislatura termina sin un sucesor debidamente elegido. “No hay mucho consenso sobre este tema entre los académicos constitucionales en Venezuela”, dice Geoff Ramsey de WOLA.

El principal riesgo para Guaidó es que las dudas sobre su reivindicación de la presidencia interina erosionen su respaldo internacional. Ramsey espera “una especie de alejamiento lento” del apoyo. Los “reincidentes” europeos están buscando una manera de distanciarse de Guaidó, se quejan de los diplomáticos que representan a gobiernos más agresivos en Caracas. Entre ellos se encuentran España y Portugal, que están inquietos por seguir reconociendo a un presidente interino que no tiene poder ni muchas perspectivas de ganarlo.

Es poco probable que Trump, que seguirá en el cargo el 5 de enero, vacile. Su respaldo a Guaidó lo ayudó a ganar Florida en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Biden, quien ganó esas elecciones, modificará la política estadounidense. Ha llamado a Maduro “un dictador simple y plano” y expresó su apoyo a Guaidó. Pero el presidente electo también ha rechazado la idea de un cambio de régimen de ingeniería.

Se espera que la presidencia de Biden centre su diplomacia en países como Turquía y China que continúan haciendo negocios con el régimen de Maduro, apoyándolo así. Buscarían formas de aliviar la crisis humanitaria mientras presionan a Maduro para que negocie seriamente con la oposición para restaurar la democracia. Se cree que Biden está a favor de modificar las sanciones para aliviar el dolor que sienten los venezolanos comunes.

Pero la democracia significaría la desaparición del régimen, que no está en sus planes. Es “incapaz de negociar”, aseguró furioso un diplomático europeo en Caracas tras el fallido esfuerzo por retrasar las elecciones legislativas. Cambiar de opinión a Maduro requerirá de la presión de sus amigos. Por ahora está empeñado en “rescatar” a la Asamblea Nacional. Llevar “felicidad y esperanza” a los venezolanos es otro asunto.

© 2020 The Economist Newspaper Limited. Todos los derechos están reservados. Desde The Economist, traducido por Jesús Buitrago bajo licencia. El artículo original en inglés puede encontrarse en www.economist.com