Guaidó atornilla su liderazgo

Cuando Vanessa Neumann, representante del Gobierno interino de Venezuela que encabeza Juan Guaidó en Reino Unido, renunció a su cargo, dijo algo que confirmó rumores: no hay claridad en la oposición sobre la continuidad del liderazgo del también presidente de la Asamblea Nacional, según comentó al «Financial Times». No es la primera vez que se plantea tal cuestión. Hace varias semanas, el partido Primero Justicia, uno de los más fuertes dentro de la alianza que guía a la oposición mayoritaria, propuso aplicar una «rotación de vocería», y por tanto la posibilidad de cambiar a Guaidó.

Esa propuesta no prosperó. Pero la evaluación de escenarios sigue. Después de todo, el interinato se sostiene jurídicamente sobre la presidencia del Poder Legislativo que, al considerar que la reelección de Nicolás Maduro en 2018 fue nula e ilegítima, corresponde a la cabeza del Parlamento asumir el poder para convocar elecciones libres.

El partido Acción Democrática ha puesto sobre la mesa la instalación de una «comisión delegada» que asuma algunas de las funciones de la actual directiva parlamentaria encabezada por Guaidó. La segunda alternativa es la de mantener toda la estructura parlamentaria instalada actualmente hasta que se celebren elecciones justas y libres, explican los diputados Williams Dávila y Carlos Prosperi.

La Asamblea Nacional es, por ahora, la única institución con legitimidad en Venezuela. Con diputados electos en 2015, y mayoría absoluta opositora, se enfrenta a interpretaciones legales sobre su período constitucional de cinco años. El chavismo y grupos opositores afirman que el 6 de diciembre se elegirán nuevos diputados que deberán asumir sus escaños el 5 de enero. La oposición, incluyendo la mayor parte de los actuales diputados, consideran que se trata de un fraude, por su convocatoria irregular y por las condiciones de su desarrollo, además de sin contar con el reconocimiento internacional.

Freddy Guevara, diputado de Voluntad Popular –el mismo de Guaidó–, admite que se está discutiendo una reducción de los embajadores que representan a Guaidó en el exterior, y también reducir el Congreso a un grupo pequeño. «Estamos en la discusión del Gobierno interino, el uso de los recursos en el exterior. Hay quienes plantean que hay que llevarlo [el gobierno interino] al mínimo. Hay una propuesta más bien que es que hay que mantener las áreas estratégicas», señala uno de los jefes de VP.

Hasta ahora, la oposición ha hablado de «continuidad constitucional» a la vista de que, a falta de una elección legal, los diputados continuarían siéndolo. La base por ahora habían sido consideraciones académicas, pero que se convirtieron en legales por decisión del llamado Tribunal Supremo de Justicia en el exilio.

Magistrados nombrados por el Parlamento y perseguidos por el régimen al considerarlos usurpadores de cargos públicos han conformado un TSJ «legítimo». El miércoles publicaron una sentencia que ratifica la ilegalidad del 6 de diciembre y, por tanto, la interpretación de un artículo constitucional para evitar que «el pueblo quede sin representación parlamentaria» y mantener a los actuales legisladores como «los únicos diputados legítimos a la Asamblea Nacional de Venezuela a partir del 6 de enero»-

El documento también atornilla a Guaidó y a la actual junta al frente del Legislativo, así como a la directiva de las comisiones parlamentarias permanentes. En privado, algunos diputados expresan su preocupación de que puedan ser arrestados o que la Policía allane sus casas si intentan reclamar un escaño si el régimen les califica también como «usurpadores».

En la retórica pública, el chavismo habla de que los disidentes tendrían que irse al exilio; una idea que repiten algunos opositores que participan del fraude electoral. «Ellos pueden transitar el camino de la desintegración, terminar en el extranjero levantando banderas que no convocan a nadie», dice Luis Augusto Romero, y candidato de Avanzada Progresista.

En todo caso, se agrandaría la lista de decenas de diputados fuera del país debido a persecuciones judiciales, que también abarca a las personas que el Gobierno interino de Juan Guaidó ha nombrado al frente de empresas públicas venezolanas en el extranjero, como las petroleras Citgo en Estados Unidos, Monómeros en Colombia o al frente de los intereses internacionales de la estatal Petróleos de Venezuela.

Persecución chavista

Maduro ya ha pedido que los nuevos diputados preparen juicios públicos a los actuales, y Diosdado Cabello anunció que legislarán sobre nuevos delitos para imputárselos a los dirigentes opositores.

En paralelo, Juan Guaidó se mueve para garantizar que la comunidad internacional lo siga respaldando y reconociendo, mientras anuncia que no se irá del país. Estados Unidos ya ha dicho que lo hará, y el canciller de Chile Andrés Allamand ya ha confirmado que el líder opositor seguirá siendo considerado como única autoridad legítima del país. “Seguimos trabajando bajo la premisa de que la autoridad legítima que existe en Venezuela es Guaidó”.

El presidente interino solicitó este martes al Senado francés apoyo en la exigencia de elecciones libres y justas en Venezuela. “Para nosotros es importante que se rechace el fraude del 6-D y que se reconozca la vigencia del Parlamento nacional”, dijo ante los legisladores galos de la Comisión de Relaciones Exteriores.

“Nosotros no vamos a participar el 6 de diciembre, pero tenemos una propuesta para ejercer la mayoría que somos, y es la consulta popular del 12 de diciembre”, señaló Guaidó ratificando la ruta de legitimación popular que ha diseñado la oposición y la actual Asamblea Nacional: una convocatoria abierta para que los venezolanos dentro y fuera del país se expresen contestando tres preguntas que respaldan la ruta política que representa el Gobierno interino.