El secuestro de Venezuela

Desde que el chavismo llegó al poder en Venezuela lo ejerció sin límites ni contrapesos, secuestrando la constitución y los poderes públicos. En nombre de una mayoría circunstancial, desmontaron el Estado de Derecho para construir sobre sus ruinas un Estado Totalitario, con el fin expreso de perpetuarse en el poder y acabar con la pluralidad y alternancia democrática. Cuando el pueblo comenzó a votar contra ellos, ya era demasiado tarde. Donde la oposición lograba superar el ventajismo y la parcialidad para ganar una elección, el chavismo creaba autoridades paralelas designadas a dedo, que en la práctica usurpaban las funciones de los representantes legítimos. Esta estrategia de imponer por la fuerza lo que no se podía obtener con los votos, muy similar a lo hecho por Hitler en Alemania, se fue perfeccionando hasta convertir cualquier proceso electoral en inútil.

El clímax de esta política se dio luego de que la Unidad Democrática lograra la hazaña de ganar la elección parlamentaria en 2015. El régimen anuló la nueva Asamblea Nacional con sentencias de todo tipo que le permitieron desconocerla durante estos cinco años. Sus funciones fueron usurpadas primero por el Tribunal Supremo, luego por el propio dictador y finalmente por una «constituyente» salida del seno del partido de gobierno que se declaró por encima de todos los poderes y la constitución misma durante tiempo indefinido. Mientras tanto, se ilegalizaron partidos, se inhabilitaron dirigentes, se apresaron diputados y se cometieron crímenes de lesa humanidad contra la población.

En este contexto Maduro pretendió reelegirse con unas elecciones fraudulentas que fueron desconocidas por la mayoría de la población, por la oposición legítima y por el mundo libre, generando como consecuencia la creación constitucional del Gobierno Interino del presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó. Y ahora en peores circunstancias, con partidos robados, operaciones de soborno descaradas y con un ente electoral ilegal, acaba de tener lugar otro fraude para «elegir» una Asamblea Nacional domesticada y controlada por el régimen, la cual tampoco será reconocida por la alianza democrática que lucha por liberar a Venezuela. En consecuencia, la Asamblea Nacional legítimamente electa en 2015 seguirá vigente hasta tanto se celebren nuevas elecciones libres, verificables y reconocidas, no solo parlamentarias sino también presidenciales como manda el artículo 233 constitucional. Esta es la única solución posible para quienes creemos de verdad en la libertad, la democracia y en los derechos humanos.

José Ignacio Guedez Yepez es presidente de la Asociación Causa Democrática Iberoamericana y Representante Diplomático del Gobierno Interino de Venezuela