En libertad la enfermera de Chávez y su marido, reclamados por Estados Unidos

Han sido detenidos en Madrid

Claudia Patricia Díaz Guillén, en una imagen de archivo
Claudia Patricia Díaz Guillén, en una imagen de archivoServicio Ilustrado (Automático) YOUTUBE

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en funciones de guardia, ha dejado en libertad a la que fuera tesorera nacional de Venezuela y enfermera de Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz, y a su marido, Adrián José Velásquez, a quienes ha impuesto comparecencias cada 15 días y le ha retirado el pasaporte.

De esta forma, el magistrado asume la petición de la Fiscalía y también les prohíbe salir del país, según han informado este miércoles fuentes jurídicas, que han señalado que el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en funciones de guardia, se ha inhibido al número 4 por antecedentes.

La Policía Nacional ha detenido este miércoles a Claudia Patricia Díaz Guillén, y a su marido, Adrián Velásquez, ambos reclamados por Estados Unidos por delitos relacionados con blanqueo de capitales, según informan fuentes policiales a Europa Press.

La operación ha sido coordinada por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Ya fueron detenidos en abril de 2018, reclamados por Venezuela

Ambos ya fueron detenidos en abril de 2018 después de que la Embajada de Venezuela emitiera una orden de detención por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito contra la también ex directora de la Oficina Nacional del Tesoro y su pareja que, según la prensa venezolana, ejerció como jefe de seguridad del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano.

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó casi un año después, en febrero de 2019, rechazar sus extradiciones a Venezuela debido a la “posible vulneración de derechos fundamentales” de la que podrían ser víctimas en caso de ser entregados.

Se trata de una decisión que adoptaron los magistrados por mayoría, pero no por unanimidad, tras estudiar los recursos que presentaron contra la decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de autorizar su entrega a Venezuela.