La decisión de la juez británica Vanessa Baraitser de no extraditar a Julian Assange a Estados Unidos aporta un componente más a este asunto de transcendencia internacional que comenzó cuando el fundador de Wikileaks decidió publicar informaciones que, según las autoridades norteamericanas, atentaban contra su seguridad y ponían en riesgo la política exterior de Estados Unidos en materia de defensa.

Desde el principio, el asunto interesó a muchos Estados de la comunidad internacional, en unos casos, se defendían las posiciones del periodista australiano y, en otros, se le perseguía por la comisión de determinados delitos. Aunque la situación ha ido evolucionando y presentando distintos escenarios, la cuestión sigue planteándose en términos eminentemente políticos.

Buena prueba de ello es que el presidente mexicano, López Obrador, ha expresado su voluntad de conceder asilo político a Julian Assange. La negativa de las autoridades británicas de concederle un salvoconducto cuando se le otorgó asilo en las instalaciones diplomáticas de Ecuador está en el origen de esta interminable persecución y asegura que el asunto no haya encontrado una solución definitiva.

La no concesión de la extradición se fundamenta en motivos de carácter humanitario, sin embargo, la juez británica ha rechazado que existan motivaciones de carácter político en la petición de Estados Unidos o, por lo menos, que el comportamiento de Julian Assange no debe estar acogido bajo el paraguas de la libertad de expresión.

Desde la perspectiva internacional todo lo que rodea a esta situación tiene, sin duda, connotaciones políticas y, más allá, de las responsabilidades que se pudieran derivar por la eventual comisión de actos delictivos, queda claro que la mejor respuesta sería una decisión también de carácter político. Es probable que autoridades judiciales superiores de Reino Unido revisen la decisión de no conceder la extradición en estos momentos y también es posible que finalmente se conceda.

De ser así, siempre quedará la duda para algunos Estados de la comunidad internacional de si la persecución se debía a que los comportamientos de Julián Assange tenían cabida en el entorno de los delitos o, por el contrario, respondían esencialmente a criterios políticos.