Caza y captura a los «instrusos» del Capitolio: El FBI ofrece un recompensa de 50.000 dólares

El 20 de enero próximo está marcado en rojo por las fuerzas del orden en EE UU. A pesar de que el coronavirus impedirá convocar a una muchedumbre, como es costumbre en las ceremonias de toma de posesión del nuevo presidente, hay miedo a que determinados individuos intenten sabotear el acto. La imagen del Capitolio de los EE UU, sede de la soberanía nacional y templo sagrado de la república junto con la Casa Blanca y el Supremo, asaltado por una turba, quedará marcada en los libros de historia. Nadie quiere que se repita. Nadie entiende, tampoco, cómo pudo suceder algo así.

Para aclararlo hay ya abiertas varias investigaciones formales. Una, por cierto, comprende la muerte del oficial de Policía Brian D. Sicknick, miembro de la policía del Capitolio de EE UU, que falleció durante la noche del jueves como consecuencia de las heridas presuntamente provocadas por uno de los «terroristas domésticos», como los describió el nuevo presidente. Joe Biden. Sicknick falleció a las 21:30 y su departamento ha emitido un comunicado donde explica que el agente respondió «a los disturbios del miércoles 6 de enero de 2021 en el Capitolio de EE UU. Y resultó herido mientras se relacionaba físicamente con los manifestantes. Regresó a la oficina de su división y se derrumbó. Lo llevaron a un hospital local donde sucumbió a su heridas».

El FBI, entre tanto, investiga también la aparición de varios artefactos explosivos. Ofrece una recompensa de hasta 50.000 dólares a cualquiera que pueda ofrecer información que permita con las personas que dejaron sendas bombas cerca de los cuarteles generales del Partido Republicano y el Partido Demócrata. Un total de 15 personas han sido ya acusadas de violencia por los hechos acaecidos en el Capitolio, incluido el hombre que se fotografió en el despacho de Nancy Pelosi y que ha sido detenido esta mañana.

En cuanto a la policía del Capitolio, cuyas peticiones de refuerzos habrían sido ignoradas mientras los hooligans paseaban por el Capitolio, interrumpían la confirmación de los resultados electorales y vandalizaban sus dependencias, ya han caído tres de sus máximos responsables. Uno de ellos, Paul Irving, jefe de seguridad del Congreso, abandonaba después de que la presidente de la institución, Pelosi, haya criticado duramente lo sucedido. Otro de ellos, el jefe de policía del Capitolio, Steven Sund, anunció que dimitiría antes de la toma de posesión de Biden. Su renuncia hay que sumarla a la del jefe de la seguridad del Senado, Michael Stenger, cuya dimisión había sido exigida por el todavía líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell. Su sucesor, el demócrata Chuck Schumer, ya había avisado que procedería a depurar a Stenger no bien su partido controle la Cámara Alta.

McConnell, que el pasado miércoles avisó del peligro de que la republica estadounidense entrase en una espiral suicida, ha explicado que la agente Jennifer Hemingway asumirá el cargo de líder interina. Todo esto mientras promete que el Senado «examinará las fallas graves que ocurrieron y continuará y fortalecerá nuestros preparativos para una toma de posesión segura y exitosa el 20 de enero».

Un análisis que, en su vertiente penal, podría llegar a salpicar al mismísimo presidente Trump. Al menos eso explicó el departamento de Justicia, que por boca del fiscal Michael Sherwin explicó a los medios que «Estamos mirando a todos los actores, no solo a las personas que entraron al edificio», dijo a los periodistas Michael Sherwin, el fiscal de Estados Unidos en Washington. Algo ciertamente complicado, por cuanto el presidente goza de protecciones especiales y, además, siempre podrá refugiarse en la calculada ambigüedad de sus mensajes del pasado jueves, cuando delante de una muchedumbre apeló a la necesidad de ser fuertes para defender la democracia y, claro está, para impedir que su rival fuera reconocido como nuevo presidente. «Si la evidencia se ajusta a los elementos de un crimen», repetía el fiscal, «serán acusados».

Nancy Pelosi, mientras tanto, ha prometido que si el gobierno no da el paso de destituir al presidente, invocando la Enmienda 25 y su teórica incapacidad mental, entonces el Congreso activará el mecanismo del impeachment. En su opinión, «tras los actos peligrosos y sediciosos del presidente, los republicanos en el Congreso» deben «pedirle a Trump que abandone su oficina, de inmediato».