La presidenta de la Cámara de Representantes lo advirtió: si el vicepresidente Mike Pence no impulsaba la Enmienda 25 para destituir al todavía presidente de EEUU, Donald Trump, los demócratas pondrían en marcha un segundo impeachment contra él.

Dicho y hecho. Los congresistas de la Cámara Baja se reunían este miércoles a las 9 de la mañana, una semana después del mortífero ataque al Capitolio de Washington y justo una semana antes de la investidura de Joe Biden y Kamala Harris para aprobar el “artículo de acusación” contra el republicano por “incitar a la insurrección”.

La votación salió adelante con el apoyo de 10 republicanos que, junto a los demócratas, sumaron una amplia mayoría de 232 votos a favor y 197 en contra de someter por segunda vez a Trump a un impeachment. El todavía presidente se convertía, así, en el primero en la historia de EEUU en afrontar dos juicios políticos durante su mandato. De los cuatro impeachment en total, la mitad han sido para el magnate y en apenas un año.

Los demócratas ponían en marcha, gracias al insólito acuerdo bipartidista, el segundo «impeachment» contra Trump con la finalidad absoluta de conseguir, en tiempo récord y a pocos días del final de su mandato, la condena del presidente para evitar que pueda volver a optar a un cargo público o presentarse a unas elecciones presidenciales.

Nancy Pelosi defendió la postura demócrata al impulsar un segundo juicio político porque Trump representa “un peligro claro y presente” para la nación y que “se tiene que ir”. La presidenta de la Cámara de Representantes criticó que los asaltantes al Congreso, seguidores de Trump, “no eran patriotas, sino terroristas y la justicia debe prevalecer”.

Capitolio blindado

Como si de una base militar se tratara, miles de soldados protegían cada esquina del emblemático edifico federal, tanto dentro como fuera de la sede del legislativo. Escoltados por un amplio despliegue de la Guardia Nacional, los legisladores hacían su entrada con mayores medidas de seguridad de las habituales.

Un trámite contra el que algunos republicanos se mostraron muy críticos, alegando que atenta contra su libertad. «Estas nuevas disposiciones incluyen registros adicionales y vagar como delincuentes. ¡Ahora vivimos en la América comunista de Pelosi!», tuiteaba la congresista republicana por Arizona, Debbie Lesko. Su publicación desató miles de reacciones aludiendo a la misma seguridad a la que se tienen que exponer los menores de edad en las escuelas por la falta de regulación de armas en manos de civiles, defendida por su propio partido.

Esos nuevos detectores de metales daban la bienvenida a los miembros de la Cámara a su llegada al Capitolio. También cientos de soldados de la Guardia Nacional protegían la sede legislativa de la capital, incluso durmiendo en el suelo del edificio federal para garantizar la seguridad de los legisladores y del resto de funcionarios del Congreso.

Lo cierto es que esas extremas medidas de precaución han sido implementadas por las autoridades policiales para prevenir que se repita cualquier altercado que ponga en riesgo el sistema de seguridad y cualquier intento de ataque violento a la democracia estadounidense. A esa precaución sin precedentes se sumaban las fuertes restricciones por el brote de pandemia. Ya en el interior de la Cámara, un marcado distanciamiento social y el uso obligatorio de las mascarillas.

«Este ataque nunca será olvidado», recordó la congresista de Pensilvania, Madeleine Dean. «La unidad no es una opción, es una necesidad», dijo Kevin McCarthy. Dos congresistas republicanos por Washington confirmaron su «sí» en la votación alegando, entre aplausos demócratas, que «no hay excusa para el presidente». En total, diez republicanos votaron a favor y 197 en contra. La número tres del Partido Republicano en el Congreso e hija de una de las figuras políticas más importantes de la formación, Liz Cheney, anunció su voto a favor. La presión de la Casa Blanca sigue siendo máxima, según han dado a conocer algunos legisladores que aseguran sentirse intimidados y, según fuentes cercanas, «temen por sus vidas y por las vidas de sus familias».

Durante sus intervenciones, los congresistas liberales justificaron la puesta en marcha del mecanismo legal contra Trump, apenas una semana antes del final de su mandato, por la urgencia de aplicar la ley contemplada por la Constitución de EEUU y hacerle pagar al presidente saliente las consecuencias de los graves altercados del Capitolio.

Los republicanos se dividen

Al igual que el vicepresidente Mike Pence, algunos aliados de Trump aprovecharon su intervención en la Cámara Baja para seguir defendiéndole contra todo pronóstico, ofreciendo un último gesto de lealtad al presidente al recordar los logros de su mandato. «El doble estándar demócrata tiene que parar», criticó en la sesión Jim Jordan, congresista republicano por Ohio.

Los próximos pasos

En la próxima fase del proceso judicial, y ya en manos de los 100 miembros del Senado (50 demócratas y 50 republicanos, más el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris), la votación necesaria de los dos tercios de la Cámara Alta parece casi imposible de alcanzar, aunque no así la posibilidad más deseada de sus rivales: que Donald Trump no pueda volver a optar a un cargo público.

Considerado como un «violento atentado contra la democracia de EEUU» y un «ataque terrorista doméstico» mortal sin precedentes en la sede del legislativo, los demócratas criticaron duramente la irresponsabilidad del magnate al alentar a sus seguidores e incitarles a la violencia en la marcha previa al ataque. La demócrata Alexandra Ocasio-Cortez es una de ellas, tras confesar que pensó que «iba a morir» en el asalto al Capitolio.

La capital, que empieza a blindarse por tierra y aire, está en alerta máxima por amenazas de nuevos ataques de violencia extrema en todo el país enmarcados en la investidura de la nueva Administración el próximo 20 de enero. La Fiscalía a cargo de la investigación de la insurrección al Capitolio de Washington adelanta que habrá «sorpresas» con los cargos a los que se enfrentan un centenar de personas por los «atroces acontecimientos». Las primeras pesquisas incluyen allanamiento, robo de correos y dispositivos digitales, y ataques a oficiales locales y federales dentro y fuera del Capitolio.