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La hora de la verdad para Donald Trump

Las formas correctas e incorrectas de hacer que el presidente rinda cuentas

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En 230 años, la Cámara de Representantes ha votado solo dos veces a favor del impeachment de un presidente. En solo 13 meses ha duplicado el total al acusar a Donald Trump dos veces más. Ahora el Senado debería emitir otra reprimenda histórica al convertirlo en el primer presidente estadounidense de la historia en ser condenado.

El artículo de acusación que se aprobó el 13 de enero acusa a Trump de incitar a una insurrección. Retroceda, por un momento, y considere la enormidad de sus acciones. Como presidente, trató de aferrarse al poder revocando una elección que había perdido sin ambigüedades. Primero, difundió una gran mentira en una campaña de meses para convencer a sus votantes de que las elecciones eran un fraude y que los medios, los tribunales y los políticos que se aferraron a la verdad eran parte de una malvada conspiración para tomar el poder. Luego, al no haber podido obligar a los funcionarios estatales a anular la votación, él y sus secuaces azotaron a una turba violenta y los enviaron para intimidar al Congreso para que le dieran lo que quería. Y por último, mientras esa turba saqueaba el Capitolio y amenazaba con colgar al vicepresidente, Mike Pence, por su traición, Trump observó durante horas ignorando las súplicas desesperadas de los legisladores para que acudiera en su ayuda.

En una democracia, ningún crimen es mayor y ningún delito menor es más traidor. Trump debe ser castigado por traicionar su juramento como jefe de estado. Se le debe impedir que vuelva a ocupar el cargo, o que pueda presentarse en 2024. Y, en caso de que alguien esté dispuesto a imitarlo, debe servir como ejemplo de cuán vehementemente Estados Unidos rechaza a un líder que pisotea su constitución.

Hasta esta semana, el único intento de responsabilizar a Trump por el asalto al Capitolio provenía de las principales redes sociales, que le han bloqueado en sus plataformas para evitar más violencia antes de la toma de posesión de Joe Biden el 20 de enero. Aunque el FBI advierte que la violencia es un riesgo real, Twitter y Facebook lo habrían hecho mejor si se hubieran centrado en los tweets y publicaciones individuales del presidente.

Las prohibiciones absolutas socavarán la política. Parecen arbitrarias, porque las empresas tecnológicas las impusieron de improviso, después de haber elegido no bloquear a Trump antes. Y parecen decisiones por su propio interés, porque se acusa a los ejecutivos de ver la oportunidad de congraciarse con la administración Biden o de querer sofocar los motines anti-Trump entre su personal progresista. Independientemente de si esa crítica es justa, el hecho de que empresarios poderosos y no electos hayan sido la primera defensa contra Trump sienta un mal precedente. También enciende las quejas de sus seguidores. Si se intenta exiliar a la turba de la política en lugar de integrarla y domesticarla, se corre el riesgo de arrojarla a los brazos de los demagogos.

El lugar adecuado para defender la constitución es el recinto que la propia constitución proporciona: el Congreso. Es por eso que la Cámara tuvo razón al votar para acusar a Trump y por lo que el Senado debería actuar rápido para condenarlo. El proceso a seguir y las reglas de procedimiento de la cámara implican que es prácticamente seguro que las audiencias tendrán lugar después de que Trump deje el cargo. Si es así, dos obstáculos potenciales se interpondrán en el camino: el requisito de asegurar una mayoría de dos tercios para la condena y la propia constitución.

El obstáculo constitucional proviene de juristas conservadores que argumentan que un presidente no puede ser juzgado una vez que deja el cargo. Aunque las audiencias por corrupción contra el secretario de guerra de Ulysses Grant se llevaron a cabo después de su dimisión, ningún presidente ha sido sometido a juicio político después de que terminara su mandato. Sin embargo, los legisladores no pueden haber pretendido que los presidentes fueran irreprochables durante el período interino. De ser así, el comandante en jefe estaría más allá de la ley precisamente cuando la imposibilidad de ser reelegido significa que él o ella podrían estar más tentados a desobedecerla.

La Corte Suprema de tendencia conservadora puede tener que determinar la cuestión. Si impide un juicio en el Senado, el Congreso debe recurrir a otras herramientas menos satisfactorias, como la censura o la prohibición de Trump de ejercer su cargo en virtud de la 14ª Enmienda por haber “participado en una insurrección o rebelión”. Si permite que se lleve a cabo un juicio, entonces el Senado debería proceder de inmediato en lugar de dejar que Trump se desvanezca. Aquellos que se preocupan de que el juicio político obstruya los planes de Biden durante los primeros 100 días durante una emergencia nacional están calculando mal. Que los republicanos lleguen a acuerdos sobre el covid-19 o sobre infraestructuras, no dependerá de que el partido de Biden se demore en el juicio político. Si es necesario, el Congreso podría dividir su agenda entre el juicio y el resto de sus asuntos.

El obstáculo político no es la agenda de Biden, sino el hecho de que destituir a un presidente requiere que su partido se vuelva contra él. En el próximo Senado, al menos 17 republicanos tendrán que abandonar a Trump. Aunque ese objetivo será difícil de cumplir, la acusación sigue siendo correcta. Los argumentos de base para condenar a Trump son inexpugnables. Muchos senadores republicanos detestan al presidente y su vandalismo constitucional. Y muchos siguen siendo amenazados personalmente con violencia por los partidarios de Trump.

También tienen razones más calculadoras para condenar a Trump. La acusación es ineludiblemente política, y esta es su mejor oportunidad para aflojar el control maligno del presidente sobre su partido. Solo uno de cada seis de sus votantes apoya ahora el asalto al Capitolio, pero muchos de ellos todavía piensan que las elecciones fueron robadas, en parte porque, vergonzosamente, los republicanos no se han atrevido a decirles el alcance de las mentiras de Trump. Ahora es el momento de empezar.

Trump nunca perdonará a aquellos a quienes, como Mitch McConnell, el líder del Senado, considera que le han fallado al reconocer la victoria electoral de Biden. Habiendo comenzado a moverse en su contra, deberían terminar el trabajo. Y hay historia. Deberían pensar en cómo se juzgará en última instancia la presidencia de Trump y su papel en ella. En la Cámara, diez republicanos votaron a favor del juicio político. Los senadores deberían seguir su ejemplo. Cuantos más, mejor, para el Partido Republicano y también para Estados Unidos.

Y eso lleva al último argumento para que los republicanos destituyan a Trump. Sus partidarios argumentan que el juicio político es divisivo justo cuando Estados Unidos necesita unirse. Eso es egoísta y está mal. Nadie ha sembrado la discordia con tanta imprudencia como Trump y su partido. No se supera la división pretendiendo que nada está mal, sino enfrentándolo. Si se condenara a Trump, la curación podría comenzar de verdad.

© 2021 The Economist Newspaper Limited. Todos los derechos están reservados. Desde The Economist, traducido por France Philippart de Foy bajo licencia. El artículo original en inglés puede encontrarse en www.economist.com