Biden persigue la igualdad racial para cerrar la herida de George Floyd

El nuevo presidente promueve la reforma del sistema penal en la que se incluye la vieja reclamación de suspender los contratos con las empresas privadas

La vicepresidenta Kamala Harris atiende la intervención del presidente Joe Biden sobre la igualdad racial
La vicepresidenta Kamala Harris atiende la intervención del presidente Joe Biden sobre la igualdad racialEvan VucciAP

Joe Biden alcanzó la presidencia con un mensaje de unión en la diversidad y de superación de los enconos partidistas. Ninguno más virulento que el derivado de las viejas cuitas raciales, pecado original desde la fundación de la República, leit motiv de la lucha por los derechos civiles y, desde 2020, origen de una sucesión de conflictos callejeros que arrancan con el asesinato de Breonna Taylor y George Floyd. Finalmente, ahora que Biden tiene el camino del Senado despejado para sus nombramientos, puede transformar sus promesas en órdenes ejecutivas.

Delante de la nación, en una comparecencia desde Washington, Biden ha dicho que avanzar en la igualdad debe ser la prioridad del gobierno. Habló de racismo sistémico y dijo que es costoso y corrosivo, no sólo inmoral sino un lastre para el progreso, incluso económico. Las reformas alcanzan la reforma del sistema penal, incluida la decisión de que el gobierno federal no renueve ningún contrato con las cárceles privadas, que conocieron un auge en los últimos años.

Se trata de una vieja reivindicación de los activistas para la reforma del sistema penal. «Estados Unidos nunca ha cumplido su promesa fundamental de igualdad para todos», había dicho horas antes Biden, pero nunca hemos dejado de intentarlo. «Hoy, tomaré medidas para promover la equidad racial y acercarnos a esa unión más perfecta que siempre nos hemos esforzado por ser».

El presidente también firmó una orden ejecutiva destinada a intentar mejorar el acceso de las minorías a la vivienda, así como dos medidas para reforzar la colaboración del gobierno federal con las naciones indias, fuertemente castigadas durante la pandemia del coronavirus, así como para combatir el racismo contra los ciudadanos de origen asiático, multiplicado desde que el SARS-CoV-2 apareció por vez primera en la ciudad china de Wuhan.

Todas estas acciones, y otras que llegarán en los próximos días, comparten la narrativa de una nación traumatizada con los abusos contra los ciudadanos de color, exacerbados por el goteo de casos de violencia policial, así como las disparidades en los tribunales de justicia. Las reclamaciones para que el Gobierno de Joe Biden actúe conocieron nuevos niveles de urgencia después de contemplar imágenes tan inquietantes como las de los asaltantes del Capitolio, el pasado 6 de enero, vestidos con banderas confederadas o sudaderas de Auswitch.

Al mismo tiempo Biden necesita despejar las acusaciones de parcialidad y negligencia que afrontan los demócratas tras los disturbios raciales de 2020, multiplicadas por las peticiones, por parte del activismo más militante, para ahogar económicamente a la policía. Se trata, por tanto, del segundo capítulo de una acción de gobierno que no agota aquí sus resoluciones.

Hace una semana el presidente ya había firmado una orden que obliga a todos los órganos del gobierno federal a situar la igualdad racial como uno de los propulsores de todo su trabajo. Algo que, más allá de la carga retórica, podrá trasladarse a nuevas políticas de la llamada discriminación positiva. En opinión de Biden es necesario que las agencias federales promuevan «la equidad para todos, incluidas las personas de color y otras personas históricamente desatendidas y marginadas».

Abolición de la comisión 1776

De todas las medidas adoptadas la más discutible puede ser la abolición de la llamada Comisión de 1776, instituida por Donald Trump, y que con mejor o peor fortuna ponía en cuestión algunos de los dogmas y lemas de los activistas de la identidad. Biden justificó la medida porque la Comisión era «dañina» y porque enfatiza «la ignorancia y las mentiras». Es posible. Pero no es menos cierto que parte del argumentario de Black Lives Matter y otros bebe de fuentes igualmente iliberales, haciendo de un programa ideológico poco menos que un currículum académico que no puede discutirse bajo el riesgo de anatema.

Respecto a los abusos de autoridad por parte de los agentes, combustible de las protestas de la pasada primavera, lo cierto es que apenas existen estudios académicos que relacionen el presunto sesgo racista de los agentes de la autoridad con las muertes de los últimos meses. Sí con muchos abusos, pero no, justamente, con los muertos por disparos de la policía.

Sin olvidar que existe un problema suplementario por la precariedad de los datos, complicada por la clásica resistencia de muchos cuerpos policiales a compartir información. Como explicó el pasado junio el senador republicano Tim Scott al programa Face the nation, «la situación es ciertamente mucho menos clara que la que vimos con George Floyd y varios casos otros en todo el país».

Armas y crimen

Entre otras cosas porque el teórico racismo sistémico, entendido como explicación omnicomprensiva de todos los abusos, dejaría fuera variantes esenciales; verbigracia las enormes disparidades económicas y sociales, que condenan a los barrios más pobres a sufrir unos índices de delincuencia mucho peores que la media nacional, y que provocan que los contactos de sus habitantes con la policía sean inevitablemente más volátiles.

O, por ejemplo, como la robusta relación entre el número de incidentes violentos y los cientos de millones de armas, legales e ilegales, que circulan en manos de civiles. Por otro lado, a pesar de los afanes de Biden y los suyos, lo cierto es que el gobierno federal tiene una capacidad limitada para intervenir. Nada dificulta más la investigación de los casos dudosos, y el hipotético despido de los agentes implicados en abusos, que la propia letra de los convenios. Unos acuerdos laborales, firmados entre las autoridades locales y los sindicatos, que regulan la fiscalización del trabajo de los agentes, y que son negociados con los gobernadores y alcaldes.

Algo, por ejemplo, que ya anunció el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, cuando prometió que el Estado proporcionará una información completa de todos los casos denunciados como violencia policial.