La guerra de las vacunas reabre la crisis de Irlanda

Johnson exige a Bruselas nuevas concesiones sobre el Brexit tras la tensión creada por el intento de la Comisión de controlar las exportaciones de AstraZeneca

El Brexit ha desencadenado el transporte directo de camiones entre Irlanda y Francia, tratando de evitar los largos trámites burocráticos de entrada y salida de suelo británico
El Brexit ha desencadenado el transporte directo de camiones entre Irlanda y Francia, tratando de evitar los largos trámites burocráticos de entrada y salida de suelo británicoCHRISTOPHE PETIT TESSONEFE

Evitar una frontera dura en Irlanda siempre fue el principal escollo de las arduas y largas negociaciones del Brexit. Pero tan solo un mes después de que los británicos hayan salido ya a efectos prácticos de la UE, se ha demostrado que el protocolo acordado finalmente entre Londres y Bruselas para solucionar la situación no funciona. O al menos esa es la versión del Ejecutivo de Boris Johnson, que ha pedido una nueva prórroga (sí, una más) para evitar los nuevos controles que se tienen que ejecutar tras el divorcio. El gran error de cálculo de la Comisión Europea, que quiso imponer restricciones de las dosis de las vacunas, afectando a la frontera irlandesa, se ha convertido ahora para Downing Street en la mejor excusa para presionar a Bruselas.

Michael Gove, a efectos prácticos viceprimer ministro, se dará cita esta semana en Londres con el vicepresidente comunitario Maros Sefcovic para analizar la crisis desencadenada en Irlanda del Norte. Aparte de la pesadilla burocrática, que está causando problemas de suministro en los supermercados norirlandeses, se han tenido que suspender de manera temporal los controles en los puertos norirlandeses tras las amenazas a los agentes por parte de los unionistas radicales, que nunca han visto con buenos ojos quedarse con un estatus diferente al resto de Reino Unido.

La situación es arduamente compleja. La frontera entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda es la única división terrestre (junto con Gibraltar) que queda ahora entre Reino Unido y la UE. Pero el Acuerdo de Viernes Santo de 1998 que puso fin al sangriento conflicto entre católicos y protestantes dictamina que no puede haber una frontera dura entre el norte y el sur de la isla. En definitiva, nada de controles, nada de verjas. Mientras los británicos eran parte del bloque era fácil respetarlo porque había libertad de movimiento y mercancías. Pero, ¿cómo se garantizaba aquello con el advenimiento del Brexit?

Durante los cuatro largos años de negociaciones, Londres y Bruselas discutieron varias fórmulas. Finalmente se acordó dejar a la provincia británica de Irlanda del Norte dentro de la unión aduanera de Reino Unido, pero al mismo tiempo, dentro de la unión aduanera de la UE y alineada con el mercado único. Eso lleva a «mover» la frontera al mar de Irlanda, que separa Irlanda del Norte de Gran Bretaña (Escocia, Gales e Inglaterra).

Los controles en los puertos norirlandeses se han convertido en una pesadilla y ahora, tras la imagen dañada de Bruselas por la guerra de las vacunas, Downing Street ha pedido un período de gracia para no tener que aplicar las nuevas medidas.

El pasado 29 de enero, la Comisión Europea, sin consultar con los Estados miembros, imponía restricciones a las exportaciones de las dosis producidas en territorio comunitario e invocaba el artículo 16 del Protocolo de Irlanda para que la medida afectara también a Irlanda del Norte. Tanto Londres como Bruselas pueden activar el artículo para actuar unilateralmente si se considera que hay riesgo económico, social o medioambiental. Pero en plena pandemia, la decisión causó gran polémica y, en cuestión de horas, se tuvo que rectificar.

Bruselas considera que los problemas aduaneros registrados en los últimos días no se deben al protocolo, sino al Brexit. Pero Johnson no va a dejar pasar la oportunidad de sacar beneficio a la metedura de pata del Ejecutivo de Ursula Von Der Leyen.

Entre las seis demandas que el «premier» exige ahora a Bruselas está la de ampliar hasta 2023 el período de gracia de tres meses –que en teoría termina el 31 de marzo– concedido a los supermercados de Irlanda del Norte y sus proveedores. En concreto, se quiere evitar controles para la carne congelada, servicios de paquetería y medicinas.

Londres también quiere que Bruselas reconsidere las reglas sobre la importación de patatas de siembra y que se llegue a un acuerdo bilateral permanente con la República de Irlanda sobre el transporte de mascotas.

Por su parte, la ministra principal norirlandesa, Arlene Foster, señala que el protocolo «no ha funcionado y no puede funcionar» y, por tanto, «es necesario reemplazarlo». En su opinión, la suspensión temporal de controles como plantea Londres «no es suficiente» y son necesarias «soluciones permanentes que incluyan exenciones significativas para productos en venta en Irlanda del Norte», según explicaba recientemente en una tribuna publicada en «The Telegraph».

La líder unionista-protestante, que gobierna en coalición con los católicos (el Acuerdo de Paz les obliga a hacerlo), siempre ha temido que la nueva situación acabe dando más apoyo a aquellos que quieren la reunificación con la República de Irlanda. Al fin y al cabo, la provincia británica está ahora más alineada con el sur de la isla que con el resto del Reino Unido.

Por su parte, Dublín ha descartado que pueda haber una reforma de lo acordado. El ministro de Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, ha admitido que puede haber problemas con la aplicación práctica del protocolo, pero ha apuntado que contiene «flexibilidades» que permitirían, a su juicio, corregir las controversias que vayan surgiendo.