El supuesto golpe de Estado polariza Bolivia

La ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, fue arrestada la madrugada entre el viernes y el sábado cuando estaba “lista para abandonar presumiblemente el país o permanecer en otro lugar para no ser aprehendida”. La Fiscalía boliviana justifica así la petición de seis meses de prisión provisional contra Añez. El Ministerio Público señala que Añez asumió la Presidencia “de forma amañada”.

La ex senadora conservadora se convirtió en presidenta tras las acusaciones de “fraude” contra Evo Morales en las elecciones de octubre de 2019. Añez se ha acogido a su derecho de declarar. La exmandataria de 53 años está detenida en una comisaría de La Paz tras ser arrestada en Trinidad, una ciudad amazónica en el centro del país.

La orden de arresto emitida el viernes se extiende a cinco exministros de Añez y a la cúpula militar que pidió la renuncia al entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019. La audiencia que decidirá si la expresidenta y sus dos ex ministros pasan a prisión provisional está prevista como tarde hoy lunes. Al cierre de la edición de este diario, la Justicia boliviana no se había pronunciado al respecto.

Añez ha acusado al Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales de orquestar una “persecución política” y de “volver a los estilos de la dictadura”. El líder del MAS, Luis Arce, gobierna Bolivia desde que ganó en primera vuelta la repetición de las elecciones presidenciales el 18 de octubre del año pasado. El exministro de Justicia de Añez, Álvaro Coimbra, y su exministro de Energía, Rodrigo Guzmán, también fueron detenidos.

La fiscalía espera tomarles declaración en las próximas horas. Mientras entraba en el coche policial, Coimbra afirmó el viernes que siempre “nos vamos a poner a disposición de la ley”. “Esta la orden de aprehensión”, confirmó. El exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Flavio Arce, ha sido el único investigado que se ha presentado voluntariamente ante las autoridades. Arce fue arrestado. La tesis de “golpe de estado” del expresidente Morales se ve reforzada por las decisiones de la Fiscalía. El expresidente escribió en su cuenta de Twitter: “Por justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado. Que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia”.

Pese al límite de dos legislaturas que recoge la Constitución y la derrota en el referéndum planteado para legitimar su candidatura, Evo Morales se presentó en 2019 y aspiraba a su cuarto mandato desde su llegada al poder en 2006.

La oposición pide un juicio de privilegio

El ministro de Justicia, Iván Lima, rechazó las denuncias opositoras de un manejo político de la fiscalía por parte del Gobierno y señaló que se está actuando a derecho. La oposición ha pedido que se aplique a la expresidenta la figura de “juicio de privilegio”. Lima explicó que a Añez le corresponde un proceso ordinario por sus actuaciones como senadora y no un juicio de privilegio por su condición de ex gobernante.

Un juicio de privilegio significa que la Fiscalía pide al Parlamento autorizar el juicio para después desarrollar el proceso ante el Tribunal Supremo de Justicia. “Estamos ante un juicio a una ex senadora. Por tanto, no corresponde ningún juicio de privilegio constitucional”, argumentó.

La Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y la ONU han pedido que se respeten los procesos judiciales. El director de Human Rights Watch (HRW) en América, José Miguel Vivanco, solicita que se retiraran los cargos de “terrorismo” contra Añez al igual que hizo hace un año cuando se presentó la misma acusación contra Morales. “Las órdenes de captura contra Áñez y sus ministros invocan, al igual que la de Evo Morales en 2020, la ambigua figura de terrorismo que se presta a arbitrariedades”. No obstante, HRW denuncia que durante el gobierno de Áñez “hubo graves violaciones de los derechos humanos incluyendo dos aberrantes masacres”.

El supuesto golpe de Estado se produjo tras las denuncias de “fraude” de la oposición en las elecciones presidenciales de 2019. Evo Morales buscaba su cuarto mandado desde que su llegada al poder en 2006 pese al límite de dos legislaturas que recoge la Constitución y la derrota en el referéndum planteado para legitimar su candidatura.

Las protestas de la oposición, la tensión en las calles y presión de la cúpula militar obligó a Morales a dimitir como presidente y a abandonar el país rumbo a México. Morales regresó a Bolivia tras la victoria de Arce en la repetición de las elecciones en octubre. Las elecciones municipales celebras el 7 de marzo pretendían cerrar la herida política. La detención de Añez reaviva la tensión. El Gobierno y la oposición se acusan mutuamente de prácticas antidemocráticas.