España suspende con Venezuela el canje del carné de conducir tras miles de presuntas “falsificaciones”

Las autoridades españolas han decidido suspender a partir de hoy el convenio con Venezuela por el que los venezolanos residentes en España pueden canjear su permiso de conducir mediante un trámite en la Dirección General de Tráfico (DGT). Esta decisión deja en vilo a miles de venezolanos que esperaban homologar su carnet, en muchos casos esencial para ganarse la vida en nuestro país.

El embajador en Madrid del Gobierno de Juan Guaidó, Antonio Ecarri, se ha mostrado “sorprendido” con la medida y ha pedido este lunes en rueda de prensa que el gobierno de España rectifique y dé una explicación “del destino de quienes estarían siendo acusados de falsedad documental”, ademas de proponer “pruebas prácticas” para la homologación.. La suspensión del canje no afecta a aquellos que ya habían solicitado cita a través de la web de la DGT antes del 15 de marzo.

Desde hace unos años, la Policía Nacional ha detectado cientos de casos sospechosos de falsificación de ciudadanos con origen venezolano. Según Ecarri, unos 1.300 conductores venezolanos han sido acusados de falsificación documental, de los cuales 650 han sido puestos a disposición de los tribunales, que en la mayoría de los casos han archivado el caso.

La misión diplomática de Guaidó en España atribuye este fenomenal embrollo a los “errores del Gobierno fallido” de Nicolás Maduro, que en los últimos años habría expedido numerosos modelos de carné de conducir diferentes. Esa diversidad de formatos levantó la sospecha de la Policía Nacional, que ha venido realizando investigaciones y detenciones de nacionales venezolanos. “El Gobierno usurpador (de Maduro) es incapaz de emitir un documento con los estándares internacionales, lo cual está generando un gran perjuicio a la comunidad venezolana en España”.

Al parecer, el Ministerio de Transportes de Venezuela envió carnés de conducir en formato de PDF y con un código de barras mediante correos electrónicos para que los usuarios los pudieran imprimir por su cuenta. Sin embargo, la DGT no homologa ningún permiso que no cumpla con los estándares europeos.

Los agentes de la Policía Nacional y municipales, así como de la Guardia Civil, han analizado de forma los documentos de los conductores venezolanos detenidos, examinando bandas magnéticas y códigos de barras para hallar elementos sospechosos. Ecarri aseguró que las casos de falsificación son mínimos.

Una de las consecuencias para los afectados es que aunque los tribunales desestimen los cargos de falsificación documental, en su registro están marcados por antecedentes policiales, lo que podría dar pie a que las autoridades de extranjería paralicen el proceso de regularización de muchos emigrantes venezolanos. Desde marzo de 2019, el Ministerio del Interior puso en marcha un proceso para conceder la residencia temporal y prorrogable por razones humanitarias a todos los venezolanos que han ido llegando a España en los últimos años huyendo de la calamidad económica y política de su país.

“Es una situación muy seria que nos preocupa mucho”, explicó Ecarri. “Esas detenciones preventivas, cuando pasan el expediente a los tribunales son archivados en el 98% de los casos porque se dan cuenta que no hay delito; sin embargo queda el antecedente policial, lo que se convierte en un problema para los procedimientos migratorios”.

En octubre, la Policía Nacional emitió un comunicado en el que aseguró que algunos de los detenidos recurrían a grupos criminales para conseguir una falsificación del formato anterior, para lo cual contactaban con mafias en Venezuela que les conseguían una licencia a cambio del pago de 90 dólares.

Ecarri explicó que en 2018 hubo problemas derivados “de los errores que cometió” el régimen de Maduro “al emitir modelos de carné de conducir en diferentes formatos, sin comunicarlo a las autoridades de otros países. Esos errores no tienen nada que ver con el titular del carnet”, defendió el embajador. Ese situación paralizó el proceso de homologación durante un año, pero en marzo de 2019 el proceso de homologación se reactivó, dijo Ecarri, tras “convencer” al Ministerio de Exteriores de que “no se trataba de falsificaciones ni alteraciones sino de errores cometidos desde el gobierno fallido de Maduro”.

Esta situación, sostuvo el embajador, ha afectado a trabajadores venezolanos de diversos sectores, pero en mayor medida a los repartidores a domicilio, un sector en el que están empleados muchos nacionales del país caribeño. El embajador aseguró que está manteniendo conversaciones con el Gobierno español para buscar vías de solución tanto para “mitigar los efectos indeseados de los procedimientos judiciales como para plantear alternativas para la reactivación del convenio a través de otros mecanismos”.