China aprieta el yugo a la oposición en Hong Kong

A partir de ahora habrá que ser muy patriota para poder rascar un escaño en las instituciones hongkonesas. Ayer, Pekín aprobó la reforma electoral prometida para la ex colonia británica con la que borra de un plumazo cualquier intento de la oposición por lograr representación en el Parlamento. Además de reducir el número de parlamentarios que se elegirán directamente, el Gobierno central se ha asegurado que sea un comité de leales al régimen comunista quienes designen a la mayoría de legisladores. Todo un varapalo para la bancada prodemocrática en este territorio semiautónomo que confirma sus peores augurios.

«Todos los candidatos a las elecciones del Consejo Legislativo de Hong Kong ahora deben ser examinados por la Oficina de Seguridad Nacional. No habrá voz de oposición en el consejo de ahora en adelante. Las libertades en Hong Kong están muertas, y ahora las elecciones», se quejó en su cuenta de Twitter el activista prodemocrático Nathan Law.

Con la nueva ley, el Parlamento local amplía sus 70 escaños actuales a 90. Sin embargo, el aumento no es proporcional a la libertad de elección de los ciudadanos, sino todo lo contrario. A partir de ahora tan solo podrán elegir a 20 diputados directamente, frente a los 35 que escogían anteriormente. De los restantes, 40 serán nombrados a dedo por el Comité Electoral, que es el órgano que designa al jefe del Ejecutivo; y los otros 30 saldrán por votación indirecta a través de las asociaciones de profesionales y gremios de la ciudad.

«Para las personas que tienen creencias políticas diferentes, que están más inclinadas a una mayor democracia, o que son más conservadoras, que pertenecen a la izquierda o pertenecen a la derecha, siempre y cuando cumplan con este requisito fundamental y básico, yo no veo por qué no pueden presentarse a las elecciones», afirmó la líder del Ejecutivo, Carrie Lam, que dio la bienvenida a la reforma. Sus palabras hacían referencia a la condición sine qua non de que aquellos que deseen postularse a los comicios necesitarán obtener el visto bueno de un comité de control que valorará si el candidato cuenta con el pedigrí político requerido.

Para los analistas, esta comisión –supervisada por los responsables de aplicar la ley de Seguridad Nacional–, no tiene otro fin que el de descalificar a todo aquel que suponga un obstáculo para el régimen. Una tarea que no resultará tan complicada gracias a la mencionada norma que persigue los delitos de sedición o colusión con fuerzas extranjeras y expedienta a todo aquel que alce la voz contra el Partido Comunista o haya participado en una protesta con penas hasta de cárcel.

Tras dos días de reuniones, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular aprobó con 167 votos a favor y ninguno en contra una reforma en la que el Comité Electoral adquiere aún más protagonismo y, como consecuencia, favorece el control del Estado. Si antes contaba con 1.200 miembros, la remodelación lo amplía a 1.500, de manera que los nuevos 300 serán escogidos entre los «grupos patrióticos» y un órgano asesor del Parlamento y el Gobierno chino. Además, para mayor malestar de la oposición, se eliminarán los 117 asientos que antes estaban reservados para los concejales de distrito hongkoneses. Todo un revés para los candidatos prodemocráticos, que lograron hacerse con el 85% de los puestos en toda la ciudad en las elecciones a distrito de 2019. Aquellos comicios, los únicos en los que se elige a todos los representantes por sufragio universal directo, fueron los últimos en los que los hongkoneses salieron a votar con cierta libertad.

Fue entonces cuando tras meses de violentas protestas contra el Ejecutivo local, el descontento se materializó con la victoria aplastante de estos candidatos antigubernamentales, un hecho que Pekín vio como una amenaza a su soberanía y que le llevó a actuar imponiendo meses después la ley de Seguridad Nacional. Con ella, lograron llevar a un segundo plano a numerosos políticos de la oposición que a día de hoy están entre rejas o han buscado asilo en el extranjero. Ahora, con la reforma electoral, Pekín arregla las «lagunas y deficiencias» de un sistema que consideraba erróneo y se asegura el control de la urbe desde las instituciones.

Ayer, mientras los partidarios de Pekín daban la bienvenida a la norma, los prodemocráticos observaban con cautela y se preguntaban si merecía la pena presentarse a los comicios de diciembre. Más aún cuando medio centenar de ellos se juega estos días en los tribunales varios años de cárcel por su participación en las protestas de 2019, entre otros asuntos. Lo Kin-hei, líder del partido prodemocrático más grande de Hong Kong no tenía claro si su partido consideraría postularse bajo el proceso electoral reformado. Tras ser preguntado al respecto, tan solo pidió a los residentes de la ciudad que «se esfuercen y mantengan la fe».

Desde el exterior también llegaron las críticas. En Reino Unido afirmaron que estos movimientos buscan un mayor control sobre Hong Kong, y socavan el principio de «un país, dos sistemas» que debería regir en la ciudad según el acuerdo de traspaso de 1997. La polémica está servida y mientras los pro Pekín afirman que los cambios no tienen un impacto en la Ley Básica –la mini constitución de la ciudad– ya que solo enmiendan sus anexos, los prodemocráticos piensan que sí. De una o de otra forma, lo que sí implica este cambio es un nuevo obstáculo a cualquier intento de avance hacia la democracia o el sufragio universal en la ciudad china.