Amnistía Internacional denuncia el aumento del autoritarismo bajo la pandemia

La pandemia del coronavirus amplifica las desigualdades que existían en el mundo y erosiona aún más los derechos de grupos que ya figuraban entre los más marginados, como minorías étnicas, refugiados y mujeres, tal y como revela el último informe anual de Amnistía Internacional (AI), publicado este miércoles en Londres. La organización humanitaria, que ha analizado la situación en 149 países durante 2020, alerta de que numerosos gobiernos están instrumentalizando la crisis sanitaria para avanzar en sus propias agendas y han abandonado a los sectores más vulnerables de la población.

El informe describe cómo numerosos líderes políticos han aprovechado la pandemia para normalizar medidas autoritarias, demostrando un “desprecio absoluto por los derechos humanos”. En Europa, destaca las acciones del primer ministro de Hungría, Viktor Orban, que reformó el código penal para introducir penas de hasta cinco años de prisión por divulgar “información falsa” sobre la covid-19. Asimismo, critica que el Gobierno chino del presidente Xi Jinping no ha cesado en su persecución contra el pueblo uigur y otras minorías musulmanas, mientras que Hong Kong aprobó una “abusiva” ley de seguridad nacional para “legitimar la represión por motivos políticos”.

En el caso concreto de España, la ONG denuncia el abandono que sufrió el personal sanitario durante los primeros meses de la pandemia. Al final del año, destaca, al menos 93.000 trabajadores de la salud habían contraído la covid-19 (el 5,1% de los casos) y 89 habían muerto por la enfermedad.

“En las primeras semanas hubo escasez de equipos de protección individual de calidad, que llegaron aún con más retraso a centros no hospitalarios, como los de atención primaria o las residencias, y durante los primeros tres meses el personal sanitario tuvo acceso limitado a los test”, matiza el informe.

Por otra parte, la organización humanitaria denuncia el “desproporcionado” número de muertes entre los mayores. Es más, llega a hablar de “violaciones de derechos humanos” en las residencias de ancianos. En este sentido, recalca que en noviembre del pasado año se estimaba que 20.000 personas habían muerto en las residencias de mayores (el 50 % de los fallecimientos totales por covid hasta ese momento) y denuncia los protocolos de derivación a centros hospitalarios que se adoptaron en algunas comunidades, que fueron “discriminatorios” y violaron el derecho a la salud.

Critica asimismo el confinamiento “indefinido” de muchos ancianos en sus habitaciones, con escaso o nulo contacto con sus familiares y sin supervisión efectiva de las autoridades, “lo que dio lugar a violaciones de sus derechos humanos” en unas instalaciones en las que faltaba personal y medidas de protección.

En un comunicado, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, critica en concreto la situación vivida en las residencias de Madrid y Cataluña y considera que la respuesta del personal sanitario en esta pandemia “ha sido una de las mejores muestras de humanidad que nos ha dejado el año 2020”.

A su juicio, en el último año, el sistema de atención primaria en España ha sufrido dos pandemias, la del coronavirus y la de una gestión sanitaria que ha situado este servicio público “entre el abandono y el desmantelamiento” por falta de planificación e inversión.

Asimismo, el informe reseña también el significativo aumento de las llamadas a las líneas de atención a mujeres en peligro de sufrir violencia de género en el ámbito familiar y la persistencia en España de un problema de sinhogarismo y acceso a la vivienda, sobre todo en zonas de bajos ingresos. AI destaca en este apartado los reales decretos aprobados por el Gobierno para fijar moratorias en el pago de hipotecas y alquileres y suspender desahucios.

Como es tradicional en sus informes, la ONG vuelve a criticar la denominada ley mordaza y alerta de que persistieron las denuncias sobre “uso excesivo y desproporcionado” de la fuerza por parte de agentes, encargados de hacer cumplir las reglas del estado de alarma. Según este estudio, la Policía puso más de un millón de multas y sancionó “arbitrariamente” a algunas personas por saltarse el confinamiento impuesto por la pandemia, como periodistas o personas sin hogar, al carecer de criterios claros para ejercer sus funciones.

El informe incluye un capítulo dedicado a la inmigración y aplaude el vaciamiento de los centros de internamiento de inmigrantes en los primeros meses del estado de alarma, después reabiertos. Las principales críticas se dirigen a las condiciones “inhumanas” que vivieron muchos inmigrantes en las islas Canarias, desbordadas al aumentar las llegadas cerca de un 757%; a las expulsiones sin respetarse las garantías legales, y a las decenas de miles de solicitudes de asilo acumuladas.

“Hubo personas migrantes y solicitantes de asilo que continuaron viviendo en centros de acogida soportando condiciones de hacinamiento y sin protección adecuada frente a la Covid-19”, alerta AI, que pone el foco en Melilla.

Por último, en el apartado dedicado a la libertad de expresión y reunión, la ONG denuncia de nuevo que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart - presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, respectivamente- sigan en prisión tras haber sido condenados por sedición por su participación en el “procés” catalán.