Asesinada a tiros a una gobernadora indígena en el suroeste de Colombia

Sandra Liliana Peña, gobernadora indígena y líder ambiental en el agitado departamento colombiano del Cauca (suroeste), fue asesinada por hombres armados que después huyeron, informaron este martes fuentes oficiales.

El hecho ocurrió en el caserío El Porvenir, dijo a Efe el alcalde de Caldono, José Otero, quien repudió el asesinato. ”Los hechos ocurrieron esta mañana cuando la gobernadora transitaba desde su residencia al corregimiento (caserío) de Siberia, en Caldono. La sorprendieron hombres armados que le dispararon a sangre fría a ella y al conductor de la motocicleta en la que se movilizaba”, detalló Otero.

El edil destacó que Peña, además de ser la gobernadora del resguardo La Laguna-Siberia, era una defensora del medioambiente, del territorio y “comprometida con la paz”. Además, había denunciado en alguna ocasión de forma pública el aumento de los cultivos de uso ilícito en su territorio.

Ante la situación Otero pidió la presencia del presidente colombiano, Iván Duque, para que encabece un consejo de seguridad pues la situación es “altamente preocupante”, ya que él y otras autoridades de la región han recibido amenazas de muerte a través de panfletos.

El coordinador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Leonardo González, dijo a periodistas que con Peña ya van 52 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en el 2021, “seis de ellos en el Cauca, y 1.166 líderes y defensores de DDHH asesinados desde la firma del acuerdo de paz” firmado entre el Gobierno colombiano y la entonces guerrilla de las FARC en 2016.

Añadió que en el departamento del Cauca hay unos 7.500 miembros de la fuerza pública haciendo presencia y que “llama la atención que en estas zonas donde más hay fuerza pública es donde más están asesinado a los líderes sociales, generando una gran duda sobre una complicidad activa o pasiva o al menos por una omisión”.

Las acciones violentas disminuyeron en este departamento de 1,4 millones de personas en el suroeste del país con el acuerdo de paz, pero el vacío que dejó la guerrilla no fue ocupado por la justicia ni por la inversión social que prometió el Estado y ahora se disputan ese territorio grupos disidentes, frentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas narcoparamilitares.

Estos grupos criminales llevan años batiéndose a muerte por los territorios que llegaron a controlar en gran parte las FARC, donde se multiplican los cultivos de coca y marihuana, así como las preciadas rutas de salida al Pacífico.

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), 167 líderes fueron asesinados en 2020, un 32,5 % más que en 2019, principalmente en los departamentos de Cauca, Norte de Santander y Antioquia. El fin de semana pasado al menos 14 disidentes de las FARC murieron en Cauca en un combate contra el Ejército en el que también fue asesinado un militar y siete más resultaron heridos.