Asesinados en Burkina Faso dos periodistas españoles que grababan un documental sobre la caza furtiva

Los periodistas españoles David Beriáin y Roberto Fraile fueron asesinados tras ser asaltados por un grupo armado mientras trabajaban en un documental sobre la caza furtiva en la frontera de Burkina Faso con Benín, según confirmaron este martes las autoridades españolas y del país africano. La patrulla de 40 personas en que viajaban los reporteros junto a militares, guardias forestales y formadores fue atacada en una zona boscosa de la reserva de Pama por un grupo de hombres armados a bordo de dos camionetas y varias motos. En la emboscada perdió la vida también un periodista irlandés y tres personas más resultaron heridas; un ciudadano burkinés sigue desaparecido. Ningún grupo armado ha reivindicado aún la autoría del crimen, pero el modus operandi apunta al Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS).

Los dos reporteros españoles, desaparecidos el lunes, fueron ejecutados el mismo día en que fueron capturados en una zona boscosa de la reserva de Pama, y junto al lugar del asalto fueron encontrados sus cadáveres, según confirmó LA RAZÓN. Los atacantes, fuertemente armados, se llevaron dos ametralladoras montadas sobre vehículo, dos camionetas y un dron. El espacio natural es frecuentado por grupos armados y furtivos.

El periodista navarro David Beriáin tuvo una dilatada experiencia como reportero y documentalista en zonas de conflicto y olvidadas, fruto de la cual fue la fundación de la productora 93 metros. Por su parte, el cámara vizcaíno Roberto Fraile atesoraba más de dos décadas de trabajo en conflictos armados. Ambos trabajaban cuando los sorprendió la muerte en un documental sobre los esfuerzos de las autoridades para proteger los espacios naturales frente a la caza furtiva y las comunidades que viven en estas zonas. Las muestras de afecto y reconocimiento a los dos periodistas españoles desde el seno de la profesión y fuera de ella se han sucedido en las últimas horas.

En los últimos años, grupos terroristas de ideología yihadista como el local Ansarul Islam, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GSIM) –afiliado a Al Qaeda– o el citado EIGS extienden su presencia especialmente en el norte y este del país saheliano. La inseguridad se ha agravado desde la llegada al poder de Roch Marc Christian Kaboré en diciembre de 2015 tras el golpe de Estado contra Blaise Compaoré. Y es que hasta entonces Burkina Faso presumía de una estabilidad que contrastaba con la situación que vivían vecinos como Mali. A pesar de la ayuda de las tropas francesas, el Ejército burkinés es incapaz de contrarrestar el avance de las entidades yihadistas.

La acción terrorista se ha saldado con la muerte de 1.200 personas en los últimos años. Un drama, el de este eslabón especialmente frágil de la región, compartido en todo el Sahel. Conscientes de su debilidad, las autoridades del país abrieron la puerta en febrero a negociar con los terroristas.

La acción de los grupos armados y yihadistas es responsable, asimismo, del incremento de la violencia intercomunitaria. El Ejército burkinés ejecutó en abril pasado a tres decenas de personas en la ciudad de Djibo, lindando con Mali y Níger al norte del país, pertenecientes a la etnia peul o fulani, según informaciones de Human Rights Watch (HRW). Autoridades y otras comunidades acusan a los miembros de este pueblo nómada de apoyar a la coalición de ideología salafista Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GSIM).

Como consecuencia de la violencia, Burkina Faso sufre la crisis de desplazados que más rápido crece no solo en la región sino en todo el mundo, con más de un millón de personas fuera de sus hogares (más de uno por cada 20 habitantes). La situación global del Sahel no presenta visos de mejoría. En el centro de la región y la inestabilidad, Mali, Estado fallido desde que estallara la guerra en 2012. La reciente muerte en combate a manos de un grupo rebelde del presidente de Chad Idriss Déby, uno de los principales apoyos de Occidente en la lucha contra las entidades terroristas, incrementa la inestabilidad regional. El país saheliano, que había servido eficazmente de tapón contra la expansión del yihadismo, vive en las últimas jornadas protestas contra el Gobierno interino.

No es el primer secuestro de extranjeros que se registra en Burkina Faso en los últimos años. Una pareja de australianos fue tomada como rehén en 2016 en Djibo. La mujer salvó la vida un mes más tarde; de su marido se perdió el rastro desde entonces. La noche en que fueron secuestrados los yihadistas causaron una matanza: 30 muertos y 71 heridos en distintos restaurantes y hoteles de la ciudad. Dos años más tarde, otra pareja, en este caso italocanadiense, fue también secuestrada. Su liberación se produjo en la vecina Mali tras un año de cautiverio.

No es tampoco la primera vez que ciudadanos españoles sufren secuestros a manos de grupos armados en el Sahel. En 2009, los tres cooperantes de la ONG catalana Acciò Solidària fueron secuestrados en la capital mauritana por un grupo afiliado a Al Qaeda. Meses después serían liberados gracias a la labor de las autoridades españolas. En 2011, dos cooperantes fueron capturados cerca del campo de refugiados saharauis de Tinduf por el Movimiento de Unicidad y Yihad en África del Oeste (MUYAO). La labor del Gobierno español permitió su liberación en Mali en julio de 2012, casi diez meses después de su retención.

La región más afectada por la inseguridad es la del Sahel, situada en el norte y que comparte frontera con Mali y Níger, aunque la inseguridad se ha ido expandiendo a provincias limítrofes, y desde el verano de 2018 afecta también al este del país.

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha indicado que se trata de una zona peligrosa, además de redes yihadistas y ha reconocido que se trata de un día “muy triste” para el periodismo, además de poner en valor la labor de los periodistas en España y en zonas de conflicto.

Precisamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores va a presentar en breve junto a Reporteros Sin Fronteras el llamado “chaleco digital”, una aplicación de geolocalización para “smartphones” que tiene como objetivo minimizar los riesgos que corren los reporteros que trabajan sobre el terreno, en situaciones de peligro.