Guaidó, dispuesto a negociar con Maduro

En Venezuela se mueven las arenas políticas. Lo que hace unos meses lucía atascado, a comenzado a dar muestras de que puede moverse. Ayer, el líder opositor, Juan Guaidó, propuso al régimen de Nicolás Maduro abrir un espacio de negociación para lograr un «acuerdo de salvación nacional», que desemboque en unas elecciones generales que permitan reconstituir las instituciones democráticas, incluyendo presidencia, Asamblea Nacional, las gobernaciones y alcaldías.

El anuncio de Guaidó fue dado mediante un vídeo distribuido en las redes sociales, y que nunca llegó a ser transmitido por las televisiones de señal abierta captadas por las autoridades chavistas. En su mensaje, dijo que la negociación sería a tres bandas: la oposición unificada, el régimen autoritario y la comunidad internacional, especialmente las potencias globales.

Anunció que en el proceso de negociación deben fijarse unas garantías que el régimen de Maduro debe cumplir, sujetas al levantamiento progresivo de las sanciones internacionales. «Nadie confía en la dictadura, esto solo será posible si contamos con mayor presión tanto nacional como internacional», señaló.

Y aprovechó para enviar un mensaje a otros grupos opositores: la necesidad de estar unidos y movilizados ante posibles jugadas de negociaciones paralelas por parte de Maduro. «Buscarán dividirnos convocando elecciones municipales y regionales, plantearnos un falso dilema con este impuesto Consejo Nacional Electoral (CNE) al que no reconocemos y que hoy controlan», para cambiar «espejos por algunos cargos».

El mensaje de Guaidó ocurre cuando sectores de la oposición han mantenido diálogos con el chavismo para instaurar una nueva autoridad electoral, nombrada la semana pasada. Ese CNE quedó con un directorio que incluye a opositores, aunque en franca minoría.

Con el beneplácito de Washington

El embajador de EE UU en Venezuela, James Story –quien opera desde Colombia–, apoyó el pronunciamiento de Guaidó apuntando que «las condiciones mínimas para las elecciones incluyen la liberación incondicional de los presos políticos, mayor acceso a ayuda humanitaria, libertad de prensa y rehabilitación de partidos y políticos para que los venezolanos puedan elegir por sí mismos a sus líderes. También el cese de los ataques contra la sociedad civil».

En paralelo, el Consejo Nacional Electoral confirmó que este año plantea realizar elecciones regionales y locales. Su nuevo presidente, Pedro Calzadilla, anunció auditorías al registro electoral y al sistema automatizado de votación, revisión de las inhabilitaciones políticas, así como del estatus legal de varios partidos, «entendiendo que las decisiones definitivas sobre estos asuntos requieren y corresponden a la anuencia de otras instancias del Estado venezolano», así como girar invitaciones a observadores internacionales.

Pero esas elecciones, convocadas por un CNE surgido de una Asamblea Nacional sin legitimidad, tienen aún un largo trecho de condiciones por cumplir para que se enmarquen dentro de lo que ha plantado Guaidó y que ha sido respaldado por una treintena de organizaciones.

Asimismo, grupos opositores mueven sus fichas. Por un parte, los liderados por el ex candidato presidencial Henrique Capriles participaron de los diálogos para incluir sus fichas en el nuevo CNE, y uno de sus lugartenientes, Carlos Ocariz, llamó a un proceso de «relegitimación de los liderazgos opositores» mediante un escenario de primarias, como paso previo a participar en las elecciones regionales.

Por otra parte, el partido opositor de mayor tradición, Acción Democrática, participará en las próximas elecciones también, aunque tenga que lidiar con un problema fundamental: su tarjeta electoral les fue arrebatada en 2020 para entregarla a «traidores» a favor del chavismo.

Falta que Maduro brinde más respuestas. Hasta ahora ha enviado “señales” a la Administración de Joe Biden con su disposición a negociar a cambio de levantar sanciones: mandó a arresto domiciliario a estadounidenses presos en Caracas, permitió la instalación del CNE con algunos opositores en su directiva, modificó una norma legal que persigue a las ONG para hacerla un poco más potable (aunque no lo suficiente), admitió violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios de su Gobierno y permitió la entrada al país del Programa Mundial de Alimentos (PMA), como pedía Washington desde hace más de un año.